Política

El exabogado de Podemos denuncia amenazas para que no hable ante la Audiencia Nacional

José Manuel Calvente, expulsado de Podemos, denunció al partido por presunta financiación irregular y asegura que el robo del móvil a la asesora de Pablo Iglesias que se investiga en el 'caso Villarejo' fue un "montaje político"

José Manuel Calvente, antiguo abogado de Podemos.

José Manuel Calvente, el abogado expulsado de Podemos cuya denuncia por presunta financiación ilegal contra la formación de Pablo Iglesias se ha transformado en una investigación judicial al partido, ha denunciado este viernes que «me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter».

El denunciante ha afirmado públicamente en su perfil de esta red social que hay «una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre», donde está citado a declarar como testigo por el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 quiere saber si Pablo Iglesias y su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, han instrumentalizado políticamente la macrocausa contra el comisario en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, para presentarse como perjudicados de su presunta «red policial mafiosa» y de una trama de las cloacas del Estado contra Podemos, como apuntó Calvente también en declaraciones ante los medios de comunicación.

El abogado dijo que el robo del móvil de Bousselham en 2015 que se investiga en la Audiencia Nacional -por aparecer una copia del volcado de éste en casa de Villarejo y después publicarse en Okdiario mensajes de su interior- fue un «montaje». Pablo Iglesias insiste en que fue una operación más de las cloacas policiales para tratar de desprestigiarle a él y a su partido en el momento en que mejor le situaban las encuestas electorales (verano de 2016).

El abogado Calvente, que está citado a declarar el próximo 2 de septiembre, denuncia ahora amenazas: «Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad se sabrá», ha publicado.

Aunque Pablo Iglesias comenzó teniendo la condición de perjudicado en la causa contra Villarejo, el juez se la retiró al saber que él mismo recibió una copia del volcado del móvil de su colaboradora seis meses antes que el comisario y no se la devolvió. Además de que cuando lo hizo, ésta era inaccesible por estar dañada. También que Bousselham compartió los mensajes publicados en prensa con terceras personas, lo que, según considera el instructor en sus autos, descarta que Villarejo pudiera ser el único que filtrara los mensajes a la prensa.

En los últimos meses, las pesquisas del juez en esta pieza han ido encaminadas a encontrar indicios de una obstaculización de la labor de la Justicia por parte de Iglesias, primero de posibles delitos de daños informáticos y revelación de secretos y ahora, con la citación de Calvente, habría abierto la vía de la posible denuncia falsa. Un presunto delito por el que, si ve indicios, podría pedir al Tribunal Supremo, ante el que está aforado, que le investigue.

La investigación por malversación y administración desleal

José Manuel Calvente fue despedido de Podemos, donde investigaba presuntas irregularidades cometidas en el seno del partido, en diciembre de 2019. El partido presentó su despido como motivo por recibir una denuncia de acoso laboral y sexual por parte de la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez. Una denuncia que ha sido archivada por la jueza de Madrid que investigaba el caso.

Justo después de su despido, el letrado presentó una denuncia en una comisaría de Martorell (Barcelona) en la que afirmó que su despido se debió a que investigaba una presunta financiación ilegal del partido, y se refirió a las sospechas de las irregularidades que le habían trasladado otras personas dentro de la formación.

Se refirió, por ejemplo, a un presunto pago irregular en la contratación de la empresa mexicana Neurona Consulting, que el partido contrató para que realizara trabajos electorales en la campaña de abril del año pasado por 363.000 euros.

Sin embargo, como también destacó el Tribunal de Cuentas en un informe del pasado 7 de agosto, el pago por los trabajos no especificados, según el fiscalizador, se cerró una vez ya había acabado prácticamente la campaña.

La denuncia de Calvente ante la Guardia Civil se transformó en un atestado en el que los agentes vieron que deberían investigarse los hechos por presunta malversación y administración desleal. La denuncia cayó por reparto en el Juzgado número 42 de Madrid, al frente del que se encuentra el magistrado Juan José Escalonilla, y éste decidió llamar a declarar a Calvente como testigo.

Tras escucharle, decidió imputar a Podemos como persona jurídica y a varias personas de su cúpula, el jefe de las dos últimas campañas electorales y actual responsable de Comunicación y Estrategia de la Vicepresidencia del Gobierno, Juan Manuel del Olmo; a la gerente del partido, Rocío Esther Val y al tesorero, Daniel de Frutos.

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