Quienes conocen la intrincada red de contactos y complicidades tejida por el independentismo en las agencias internacionales, que ha servido a Carles Puigdemont y el movimiento secesionista para apuntarse tantos como el apoyo del Comité de Trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU -que ha criticado el procesamiento de los líderes del 1-O-, no dudan en señalar a Manuel Manonelles como el artífice de esa red. Pero los resultados obtenidos en este terreno, que se ha convertido en el principal campo de batalla escogido por Puigdemont, no han conseguido blindar a Manonelles, acusado de acoso laboral por sus ex colaboradores en la Delegación catalana en Suiza.

Manonelles abandonó la delegación catalana el pasado enero, para incorporarse como asesor al Departamento de Presidencia. Sin embargo, sus antiguas colaboradoras denunciaron el acoso laboral al que aseguran haber sido sometidas, lo que llevó a Función Pública a abrir un expediente, confirmado este martes por la portavoz Meritxell Budó. La también consellera de Presidencia apuntó simplemente que se está investigando el caso y rechazó tomar medidas preventivas hasta que concluya la investigación del departamento que dirige su compañero de partido Jordi Puigneró.

Budó evita censurarlo

Budó anunció además que Manonelles ha puesto el caso en manos de su abogado para emprender acciones legales ante la investigación abierta en su contra, pero no concretó si esas medidas se dirigirán contra las denunciantes o contra la propia administración catalana.

La situación en la Delegación de Ginebra estalló el pasado otoño, cuando dos de las trabajadoras presuntamente acosadas abandonaron la legación y, un mes después, otras dos se acogieron a una baja médica en base a ese presunto acoso laboral, según avanzó Ara. Una situación que finalmente llevó a la destitución de Manonelles desde el Departamento de Exteriores que ostenta Esquerra, aunque fue rápidamente «rescatado» por Presidencia.

La apertura del expediente informativo ha permitido ahora a ERC abrir un nuevo frente con sus socios de JxCat, exigiendo con el ex delegado en Suiza la misma ejemplaridad aplicada al anterior conseller de Exteriores, Alfred Bosch, y a su ex jefe de gabinete. Bosch tuvo que dimitir tras haber ocultado durante meses un presunto caso de acoso sexual en su departamento protagonizado por su jefe de gabinete, que fue cesado semanas antes que el conseller.

«Es necesaria la máxima exigencia, siempre y en todos lados» advertía el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, tras hacerse público el caso. Sabrià pasaba cuentas así con los de Puigdemont, advirtiendo que «recolocar, en vez de asumir responsabilidades, es desgastar la institución y fallar a la sociedad a la que representamos».

Procesado por el 1-O

Desde Junts, sin embargo, se resisten a dejar caer a una de las «víctimas judiciales» del referéndum del 1-O. Manonelles fue procesado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que instruye la investigación contra los altos cargos de la Generalitat que participaron en la organización del referéndum ilegal. El ex delegado en Suiza compareció junto a otros tres responsables de la anterior consejería de Exteriores por su intervención en la contratación de «observadores internacionales» para el referéndum y la contratación de espacios publicitarios para difundir el registro de catalanes en el extranjero.

El verano de 2019 el departamento de Exteriores fue alertado por parte de varias trabajadoras de la delegación del trato que recibían por parte de Manonelles, ahora asesor en Presidencia. Sin embargo, el departamento no tomó cartas en el asunto hasta marzo de 2020. Fue entonces cuando se activó el protocolo para investigar el caso, coincidiendo con la dimisión de su entonces titular, Alfred Bosch, por un caso de acoso sexual en el departamento.

Desde Funció Pública aseguran que el expediente se encuentra todavía en fase de tramitación porque “quedó parado” durante el confinamiento, pero afirman que “se reanudará” este septiembre. Por ahora, no han citado a Manonelles.