A Pablo Casado se le ha complicado su estrategia de que el foco mediático estuviese estos meses casi exclusivamente sobre el tejado de Sánchez. Las nuevas informaciones sobre el 'caso Kitchen', aunque salpican a la anterior cúpula del partido sin apenas peso en la actual administración, cercan a un jefe de la oposición lastrado por las sombras del pasado y dedicado, de momento sin éxito, a separar las cargas individuales de la responsabilidad colectiva.

"No hay nada que ocultar", afirmaron desde el minuto uno, tanto en público como en privado, miembros de la alta esfera del PP, centrados en hacer bandera de la "ejemplaridad" y de la "transparencia" dentro del equipo que actualmente lidera Casado. Y ese compromiso con la regeneración tendrá una consecuencia: si algún cargo o militante del PP resulta implicado en la trama, el partido le dejará caer. "Quien la haga, la va a pagar", pronunció el propio líder de los populares el pasado lunes.

En el caso Kitchen, la pieza que investiga la presunta creación de una maquinaria parapolicial de hasta 71 agentes con fondos reservados para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y localizar y destruir pruebas que pudieran incriminar a la cúpula en casos de corrupción y que demostrasen la existencia de una caja B en el partido, sólo hay un imputado: Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad.

Ese es el clavo ardiendo al que se aferra la dirección de Génova, aunque ante la "gravedad" de los hechos investigados y a la luz del informe de la Fiscalía y de las advertencias de Martínez, dan prácticamente por amortizado al ex ministro del Interior y una de las personas de confianza del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz. Pese a que de puertas para afuera el argumento predilecto sea el de la "presunción de inocencia", en Génova se asume ya que Díaz "tiene todas las papeletas" para que termine imputado, según varias fuentes de la dirección popular.

Esa será una realidad que, antes o después, deberá afrontar Casado, al menos según la tesis que reina en las filas de la formación. No obstante, confían que el nuevo frente judicial que asola al PP no afecte a la anterior secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, a pesar de que Anticorrupción ha pedido que tanto ella como su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, sean imputados en la causa. "Es muy difícil que la llamen para declarar", sostienen las citadas fuentes, por lo que confían en salvar a la que fuera valedora de la candidatura de Casado para presidir el partido tras caer contra éste y Sáenz de Santamaría en la primera vuelta dos años atrás.

Cerco al PP en el Congreso

El partido espera por tanto que la borrasca judicial que se avecina -se prevé que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, emita el auto de respuesta a la petición de la Fiscalía de imputar a los ex altos cargos del PP- les obligue a firmar únicamente una suspensión de afiliación, la de Fernández Díaz, sobre el que "apuntan todos los indicios".

Y la decisión podría ser automática, sin esperar a la apertura de juicio oral para ejecutar la salida del ex ministro del Interior tal y como rezan los estatutos del PP. ¿El objetivo? Cortar de raíz y cuanto antes cualquier relación de Fernández Díaz con la administración actual. Esta es una puerta que dejó abierta el alcalde de Madrid y actual portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida este martes en una entrevista para TVE y que tampoco cierran en Génova, 13. "Veremos en su momento, cuando se produzca la imputación", sostuvo el regidor madrileño.

Mientras la dirección popular espera cómo encajar las nuevas revelaciones que se produzcan alrededor de la trama en los próximos días, el Gobierno no ha perdido la oportunidad para trazar un cerco cada vez más estrecho contra Pablo Casado, al que el Ejecutivo presionará verbalmente en la Cámara Baja -este mismo miércoles en la sesión de control- por la investigación judicial.

Y no sólo eso. Sea cual sea el final de las pesquisas, la izquierda intentará que ese lastre perdure sobre los hombros del jefe de la oposición. La comisión de investigación sobre el caso Kitchen ya ha echado a andar, y la Mesa del Congreso, en que PSOE y Podemos tienen mayoría, ya ha dado luz verde para que se discuta su creación en el hemiciclo, en una fecha que aún está por determinar.

El objetivo de la izquierda es que terminen sometiéndose al juicio de las Cortes no sólo el actual presidente del PP, sino también María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy, pero el PP podría guardarse un 'as' bajo la manga y apoyar su creación en el Pleno del Congreso para defender que, si no se demuestra lo contrario, Casado ha "soltado amarras" definitivamente con la corrupción.