Sociedad

Del abandono a la falta de inspecciones: un análisis de la 'Vergüenza' de las residencias

Manuel Rico publica un documentado libro en el que recoge los problemas estructurales del sector, la normativa, la concentración empresarial y otros factores que hicieron posible "el escándalo" vivido en estos centros durante la primera ola del coronavirus.

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La UME desinfecta una residencia

Centros cerrados a cal y canto. Familiares sin información. Ancianos conviviendo con cadáveres. Ataúdes saliendo en fila de las residencias cuando finalmente las funerarias daban abasto para llegar a recoger a los residentes que el coronavirus se había llevado. La Unidad Militar de Emergencias. Los españoles difícilmente podremos borrar las imágenes que nos dejó la primera ola de la pandemia y su impacto en las residencias de mayores, donde fallecieron sin su derecho a atención hospitalaria miles de personas, especialmente en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla La Mancha.

El infierno que se vivió en las residencias es el objeto de la investigación de Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, que acaba de publicar Vergüenza. El escándalo de las residencias (Planeta) donde analiza lo ocurrido, desgrana las causas y plantea algunas propuestas para evitar que la situación vuelva a repetirse.

El abandono

Tras hablar con una treintena de personas que de un modo u otro vivieron en primera persona la tragedia, Rico destaca que sus testimonios, especialmente los de los familiares, reflejan un dolor común: «La forma en que se produjo la muerte de sus seres queridos les dejó una sensación de abandono. Las residencias estaban cerradas y muchos tenían miedo de que sus familiares hubiesen pensado que les habían abandonado. En general sufrieron también la falta de información, sabían de los síntomas de su familiar por una gerocultora pero se les negaba de forma oficial. Algunos tuvieron que lidiar con la sensación de tener un desaparecido, porque ni tan siquiera muerto pudieron ver a su familiar. Además, muchos vieron negado el derecho de sus familiares a una atención médica y tuvieron que morir en la residencia, donde la mitad de la plantilla llegaba a estar de baja».

Los servicios funerarios trasladan a una víctima mortal del coronavirus en una residencia de Murcia. EFE

En ese contexto, dos comunidades autónomas – Madrid y Cataluña – firmaron sendas resoluciones en las que se obstaculizaba la atención hospitalaria a residentes, aunque Rico critica especialmente el de Madrid. «Madrid firmó este protocolo de no derivación pero sobre todo desaprovechó tres alternativas: apenas usó el hospital de Ifema, donde solo trasladó a 23 residentes; tampoco usó los hospitales privados, que no trasladaron a ningún residente del sistema público, y la ausencia de medicalización en las residencias, que no se hizo pese a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

En Cataluña «el protocolo no era tan duro pero el resultado fue muy similar. Más del 70% de los ancianos murió sin acudir al hospital, cuando lo habitual es que eso ocurra en un 20% de los casos», añade el periodista. Estas dos comunidades autónomas y las dos Castillas acumularon, explica en su libro, tres de cada cuatro muertos de la primera oleada.

Las carencias estructurales

Las malas decisiones políticas, afirma Rico, vinieron «de todas las Administraciones» pero tuvieron un mayor impacto «porque ocurrieron en un sistema sociosanitario muy debilitado». Entre las carencias de ese sistema, «la falta de personal, la falta de coordinación con atención primaria, que vive de espaldas a las residencias, o las grandes residencias con incapacidad para aislar».

Open Arms colabora con el ensayo clínico en una residencia de Barcelona. EFE

Rico también lanza una gran crítica a la concentración empresarial que lleva unos años promoviéndose en el sector y que fomenta residencias más grandes. «Hace unos años han entrado en el sector fondos de capital privado del tipo private equity, que entran durante un tiempo limitado y muy orientados a obtener el máximo beneficio. Son residencias más grandes donde como he podido demostrar, la tasa de fallecimientos fue mayor que en las pequeñas», explica el autor.

Rico también se refiere en su libro a la falta de transparencia de las comunidades autónomas y el Gobierno. Durante meses todos los medios intentaron obtener datos de lo que ocurría dentro de las residencias, sin éxito. «Es inaceptable que el Gobierno dijera que eran las comunidades que no los daban o que no lo hacían con suficiente calidad. Tendrían que haber comunicado lo que había y emprender acciones legales contra las comunidades que ocultaban datos», apunta.

De hecho, su investigación se nutre de los datos que las comunidades autónomas le han proporcionado a través del Consejo de Transparencia, aunque solo le respondieron 11 de ellas. En base a esos datos, Rico ha concluido que en ocho de las 11 CCAA la mortalidad fue mayor en centros privados que en públicos, que también fue mayor ese impacto en las residencias gestionadas por grandes grupos empresariales y que también fue peor en centros grandes y pequeños.

El modelo de financiación

Para Rico, parte del problema es también cómo está organizada la financiación del sector: «Las gestoras ingresan cada año más de 2.000 millones de dinero de origen público. A través de la concertación de plazas, de la llamada gestión indirecta y el cheque residencia, algo que se suponía excepcional, para cubrir a las personas si no había disponible plazas públicas o concertadas. Es una solución que a las empresas les encanta pero yo critico porque máximo son 715 euros al mes y por tanto solo sirve a gente con pensión alta».

El autor denuncia ese traspaso de fondos públicos a los grandes grupos de empresas y que sólo hace unos días también quedaba patente en el informe anual sobre dependencia que emite la Asociación de gerentes de servicios sociales: «Este año no se ha aumentado ni un euro el presupuesto de Dependencia, generando un gran retroceso en el sistema, que tiende a la atención low cost», denunciaba el presidente de la entidad, José Manuel Suárez.

Falta de inspecciones y sanciones

El último factor en este problema estructural del sector residencial es, según el autor de Vergüenza, la falta de inspecciones o sanciones. «En toda España hay unos 200 inspectores para 375.000 plazas residenciales. Es claramente insuficiente. En relación a ello, las sanciones son muy pocas e irrisorias», afirma Rico.

«Las ilegalidades no se sancionan casi nunca», recoge el libro, que apunta a que en los últimos cinco años en toda España solo se han puesto 10 multas firmas por más de 100.000 euros. Y que nunca van a los grandes grupos empresariales. «Por ejemplo, en Canarias solo ha habido dos sanciones firmes en seis años, en Extremadura cuatro o en Murcia, tres. Cuando las denuncias se cuentan por miles», afirma Rico.

El número de denuncias en este campo tampoco es público, pero por los datos proporcionados por algunas comunidades autónomas Rico asegura que las denuncias y quejas «se cuentan por miles cada año» y que «la mayoría de esas quejas y denuncias son contra residencias que pertenecen a los grandes grupos empresariales. Hay menos, siempre en términos proporcionales, contra los centros más pequeños».

Posibles soluciones

Rico también recopila en su libro más de una treintena de propuestas orientadas a evitar que se repita la catástrofe. «Hay cosas que se han mejorado en el último año pero otras siguen ahí y hay que abordarlas cuanto antes», afirma.

«Aumentar los recursos y reformar el modelo de inspecciones en la línea de otros países como Alemania, donde se fijan de verdad en la calidad del servicio», plantea el autor, que aboga también, por orden de urgencia, con «la necesidad de insertar la atención primaria en las residencias e incrementar la transparencia».

La ambición del autor con esta obra es también que abra el debate que permita que la tragedia no vuelva a repetirse. «La memoria de los fallecidos tiene derecho a que se conozca la verdad y se depuren responsabilidades», concluye.

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