Vida Sana

Tres médicos y otros cuatro detenidos por estafar más de dos millones al SCS

Farmacia de Tenerife. Guardia Civil

Tres médicos, un farmacéutico, dos empresarios y otra persona más han sido detenidos por la Guardia Civil en Tenerife, por los supuestos delitos de estafa al Servicio Canario de la Salud (SCS), falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La estafa supera los dos millones de euros.

La operación, denominada HIGEA TF, se inició una vez que el SCS detectara que desde el año 2014 una farmacia situada en el casco urbano de Santa Cruz venía dispensando un grupo de fármacos de alto coste y que en su mayoría eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su profesión en un principio en el Centro de Salud de Geneto y posteriormente en el Centro de Salud de San Benito.

La farmacia investigada llegaba a facturar más dosis de determinados fármacos que el resto de farmacias de Canarias en su conjunto

La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extremadamente altas que la farmacia investigada llegaba a facturar más dosis que las que facturaban el resto de farmacias de Canarias en su conjunto. Ante tal situación, agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Oficina del Uso Racional del Medicamento, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos.

En primer lugar se centraron en analizar las recetas electrónicas usadas para la dispensación de los fármacos, que les permitió localizar al núcleo principal de la red, formado por un médico de familia, un farmacéutico y un empresario. El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención que ni siquiera pertenecían a su cupo de pacientes y que, por tanto, ignoraban la actividad delictiva. Además, en la mayoría de los casos las recetas prescritas nada tenían que ver con las dolencias que presentaban los mismos.

Asimismo, comprobaron que las recetas electrónicas eran dispensadas en una única farmacia de la zona centro de Santa Cruz y, por tanto, muy alejada del Centro de Salud donde trabajaba al citado médico, lo que indicaba que necesariamente debía de existir un acuerdo delictivo entre médico y farmacia.

Comprobaron que las recetas electrónicas eran dispensadas en una única farmacia muy alejada del Centro de Salud donde trabajaba el citado médico

Después de varios meses de investigación, los agentes averiguaron que en la trama también había un empresario que ejercía la función de enlace entre ambos (médico y farmacéutico), siendo éste el principal promotor de la actividad delictiva investigada, en la que contaban con la connivencia de varios empleados de la citada farmacia.

Tras ello y con la autorización del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, se registraron la consulta médica, la farmacia investigada, así como los domicilios de los tres investigados y una tienda de ropa propiedad del empresario, donde se intervinieron una gran cantidad de documentación sanitaria y numeroso material informático, el cual, una vez analizado, ha permitido conocer en profundidad el funcionamiento y las ramificaciones de la organización. Por todo ello, los agentes detuvieron al farmacéutico, al médico y al empresario, los cuales fueron puestos a disposición judicial.

El modus operandi 

El modus operandi consistía en que el médico utilizaba un conjunto de pacientes que localizaba en la base de datos del Servicio Canario de la Salud, a la que tenía acceso como médico de familia, y, simulando haber mantenido una consulta en el sistema informático, generaba un plan de tratamiento médico electrónico, que a continuación imprimía y se lo entregaba al empresario para que éste lo entregase en la farmacia, donde se iniciaba el proceso de dispensación de los fármacos prescritos en cada receta electrónica.

El beneficio del farmacéutico radicaba en que, aunque facturaba el fármaco al SCS, el medicamento no era realmente despachado y podía venderlo en numerosas ocasiones, puesto que la caja siempre permanecía en el almacén de la farmacia, obteniendo la consecuente subvención a la que estuviese acogido.

Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización, de menor escala, y que se llevaban a cabo en los municipios de Güímar y Adeje. Por un lado, se descubrió que en el municipio de Güímar, una empresaria de una residencia de la tercera edad, actualmente cerrada, utilizaba a un médico de familia del Centro de Salud de esa localidad para extender recetas electrónicas a los mayores ingresados en el centro y que luego eran presentadas en la misma farmacia de Santa Cruz. Se dispensaban solo algunos fármacos prescritos pero se facturaban todos los que figuraban en las recetas, generando así beneficios tanto para la farmacia como para el citado centro.

Asimismo, en un Centro de Salud de Adeje los agentes detectaron el mismo modus operandi que en Güímar, se prescribían recetas electrónicas a diversos pacientes que posteriormente eran despachadas en la farmacia de Santa Cruz de Tenerife.

Dispensación y administración

Además, durante toda la investigación también se logró desactivar otra actividad ilícita, consistente en la dispensación y administración de anabolizantes de forma clandestina en la propia sede de la farmacia de Santa Cruz. Los clientes consumidores de esas sustancias concertaban citas por teléfono con el propietario de la farmacia y en su trastienda, alguno de sus empleados o él mismo, les inyectaba la dosis de anabolizante.

La farmacia también dispensaba y administraba anabolizantes de forma clandestina

Como hecho delictivo definitivo, el propietario de la farmacia estaba ultimando la venta de la misma a una tercera persona por un importe muy superior a su precio real, utilizando para tal engaño los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que en nada tenían que ver con los importes reales de ventas. El objetivo del empresario estafador no era otro que lograr llevar a cabo una venta a un precio muy superior al real antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de fármacos que le impediría continuar con su facturación ficticia.

A través de la empresa de software encargada del mantenimiento del sistema informático del Servicio Canario de la Salud, se ha comprobado que sólo en los años 2017 y 2018 la cantidad estafada supone una cantidad de 1.723.586 euros. La operación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos contra las Personas de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.

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