Salud | Vida Sana AMNISTÍA INTERNACIONAL

Un informe denuncia la violación de cinco derechos fundamentales en las residencias

La ONG denuncia que en Madrid y Cataluña continúan vigentes los protocolos de no derivación de residentes a los hospitales y que la vulneración de derechos continúa en esta segunda ola.

Daniel Martínez mira una foto de su madre. fallecida en una residencia en marzo en Barcelona. AI

El padre de Elena estuvo cuatro días muriéndose en una residencia de Madrid. Dos días antes su hija había hablado con él, lo vio algo callado pero bien. Al día siguiente no hablaron y dos días después le dijeron que su padre se estaba muriendo. «Pero llevadlo a un hospital». «Lo siento Elena, nos han prohibido llevar a los enfermos de las residencias», fue toda la respuesta del médico cuando ella rogó que le llevaran al Hospital 12 de Octubre, que le correspondía por su zona.

Al padre de Elena le negaron la posibilidad de ser tratado en un hospital. A 300 metros de la vivienda de Elena, su padre estuvo cuatro días muriéndose en una residencia solo y sin poder despedirse de sus familiares. «Lo único que puedo hacer es ponerle oxígeno, paliativos y hasta que su cuerpo aguante», había sentenciado el médico de la residencia.

El de Elena es uno de los testimonios que aparecen en el informe «Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia Covid-19 en España». La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia en él que los mayores residentes en estos centros – donde murió hasta el 70% de las víctimas de Covid en la primera ola – sufrieron la violación de cinco derechos fundamentales y advierte de que la situación se mantiene en esta segunda ola.

El derecho a la salud, porque se les negó la asistencia sanitaria adecuada. El derecho a la vida, el derecho a la no discriminación por su edad, el derecho a la vida familiar y privada por el aislamiento sufrido y el derecho a una muerte digna fueron violados como explica el investigador de AI, Ignacio Jovtis. «No han pasado solo en la primera ola, tenemos muchas preocupaciones. Los protocolos de no derivación siguen estando vigentes en Madrid y Cataluña, las visitas están a criterio de cada residencias», denuncia.

La madre de Daniel, enferma de alzhéimer, murió en marzo en una residencia de Barcelona. Sin ir al hospital, sin despedirse de los familiares. Él intentó que la derivaran y les dijo en la residencia, cuando alegaron que no la cogerían, si podía intentarlo él. «Difícilmente vendrá la ambulancia y si la llevan será a un centro sociosanitario y la dejarán en un pasillo, peor que aquí en la residencia», le respondió el personal de la residencia. Le explicaron que con suerte algún día les daban «una plaza o dos para llevar algún residente al hospital y otros nada» y añadieron que su madre, en su situación, no estaba entre los que serían desplazados.

«Esto me dejó bastante tocado. Vi que en esta sociedad, al final, la gente mayor que ha trabajado toda la vida, pagando su seguridad social, sus impuestos… Cuando llega el momento en que lo necesitan y por tener equis edad no la tratan», lamenta Daniel en los vídeos que acompañan a la campaña. «Soledad, depresión y hasta que murió. Es lo que creo que sintió mi madre».

A pesar de haber sido el mayor foco de mortalidad, el informe subraya que a 18 de noviembre de 2020 no hay datos consolidados sobre el número de personas fallecidas en residencias por COVID-19 o sintomatología compatible en las Comunidades Autónomas. En un reciente informe, Médicos Sin Fronteras apuntaba cómo, dependiendo de las fuentes (Gobierno central o CC.AA.), el dato de personas fallecidas en residencias oscila entre 19.645 personas (que se deducen de los datos aportados por las CC.AA.), y entre 27.359 y 32.843.

«Siento que fueran ciudadanos de última categoría, tienen derechos humanos. No por ser mayores no pueden ser abandonas. Nadie se puede arrogar el derecho de quién se muere y quien no», denuncia Elena.

La fortuna de Paco, también en el informe, revela la importancia que tuvo la atención hospitalaria en quienes fueron derivados al hospital. Su padre llevaba un mes en la residencia y cuando dejaron de ir a verlo repentinamente, se enfadó: «Lo interpretó como un castigo. Cuando hablábamos por wasap pedía vernos, pedía ver a mi madre, era una situación de mucha pena, de no saber cómo responder a una petición tan lógica y emotiva como ver a su familia».

Le vieron por videoconferencia y estaba dormido, tenía fiebre, babeaba. «Temimos por su vida. Mi padre fue afortunado pero miles no lo fueron. Lo más indignante es que se han vulnerado derechos a personas por edad».

El informe revela cómo el virus se extendió en unas residencias donde no había material de protección ni test disponibles, y donde no se cubrían tampoco las bajas de personal. «Aún no está claro cómo suplir las bajas de personal, las preocupaciones tienen mucha actualidad. Amnistía Internacional pide urgentemente que se garantice la asistencia sanitaria a través de criterios médicos individualizados y que se garantice un régimen de visitas», afirma Jovtis.

El informe pide medidas judiciales que eviten que lo que ocurrió «quede impune» y a largo plazo una ley que que asegure los derechos humanos de las personas que viven en residencias». Para AI, la denegación de estos derechos está ligada a la falta de financiación de la Sanidad en España producto de los recortes.

Por ello, la ONG pide que se adopten medidas urgentes para garantizar que se respetan los derechos humanos de los mayores que viven en residencias, desde la eliminación de las medidas discriminatorias a la garantía del contacto entre residentes y familiares de forma regular.

Piden también a la Fiscalía y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores que siga de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades.

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