El ministro de Justicia, Rafael Catalá, introducirá en la reforma del Estatuto Fiscal una norma por la que los fiscales sólo podrán recibir órdenes de sus superiores por escrito para dar más garantías de independencia. En su comparecencia en la Comisión de Justicia, Catalá ha avanzado que se prohibirán las órdenes verbales y que, además de constar sobre papel, éstas tendrán que ser públicas cuando sean indicaciones generales de actuación.

Catalá ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para responder a las 14 peticiones realizados por los grupos parlamentarios en una intervención inusualmente corta, de apenas dos horas de duración, donde ha hecho hincapié en las reformas que pretende presentar en los próximos meses. Dicha reforma del Estatuto Fiscal, en la que también pretende dar más protagonismo al Consejo Fiscal, irá en paralelo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incorporará la figura del fiscal investigador en sustitución del juez instructor. Ambas, ha precisado, se presentarán "en breve", aunque no ha dicho cuando.

Catalá ha querido zanjar también la polémica sobre las supuestas presiones que le atribuye la oposición en el relevo de la cúpula fiscal y en la decisión de la Fiscalía General de no acusar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica. "El Gobierno al que pertenezco jamás ha dado ordenes ni instrucciones ni recomendaciones ni consignas ni ha impuesto ninguna exigencia de ninguna clase al Ministerio Fiscal", ha dicho el ministro. "Tenemos una Fiscalía que no se deja intimidar por nada ni por nadie, una Fiscalía cien por cien autónoma y libre", ha añadido.

En este sentido, Catalá se ha desmarcado del relevo en la cúpula fiscal abordado por la Fiscalía General del Estado e incluso ha rebajado la envergadura de dichos cambios, puesto que de las 35 plazas vacantes solo se han cambiado a cinco fiscales. "Decir que eso es una renovación masiva objetivamente no es muy adecuado", ha añadido.

Rechaza "irregularidades" en su relación con el ex presidente murciano

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado que facilitara información reservada a Pedro Antonio Sánchez, que dimitió el martes como presidente de Murcia después de que se le abriera una investigación. Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia en el Congreso, Catalá ha pedido a los diputados de la oposición que no le atribuyan "irregularidades" que no ha cometido "en absoluto", en alusión a los datos sobre el caso Púnica a los que Sánchez pudo tener acceso de forma extraoficial gracias a un encuentro con el ministro de Justicia.

Catalá, que ha respondido en comisión a las 14 preguntas planteadas por los distintos grupos parlamentarios, ha sido requerido para "dar cuenta ante la Fiscalía General del Estado y ante el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación a los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada", a la vez que le pedían explicaciones "sobre el origen de las informaciones reservadas que, con antelación al auto, conocía el presidente" de Murcia.  "No atribuyan irregularidades a este ministro que no ha cometido en absoluto", ha respondido Catalá a los diputados de la oposición, que han cuestionado el motivo del encuentro de Catalá con Sánchez en el Congreso Nacional del PP del pasado 12 de febrero.

La polémica se desató cuando dos días después de aquel encuentro Sánchez aseguró en un programa de radio que cuatro fiscales de sala del Tribunal Supremo consideraron que no se le debía imputar, una conclusión que figura en un informe interno encargado por el fiscal general del Estado, Jose Manuel Maza. Catalá siempre ha reconocido que se vio con Sánchez como también hizo con otros tantos dirigentes populares al tratarse de su Congreso Nacional, pero ha negado que lo hiciera sobre la decisión de la Fiscalía de no acusarle que en el caso Púnica que se conoció el día después de dicho encuentro.