La ley amnistía debe cubrir a todos los afectados por la 'Operación Voloh' y a la familia Pujol. Ese es el punto de fricción que ha provocado el bloqueo de las negociaciones entre Carles Puigdemont y el PSOE para que los 7 diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez. El bloqueo llega cuando el pacto se daba ya por hecho, tras la imagen protagonizada este lunes por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, junto a Puigdemont en Bruselas. Una fotografía que daba cumplimiento a la primera de las exigencias de Puigdemont: su reconocimiento como interlocutor político tras años de ostracismo por su condición de fugado de la justicia.

Anoche, el propio Puigdemont advertía en su perfil de X, antes Twitter, que "no cambiaremos la prudencia y las precauciones que hemos mantenido por muchas prisas que tengan algunos" insistiendo en su desconfianza hacia el "sistema político español".

El líder de Junts reunió este jueves en Bruselas a la cúpula de partido, encabezada por Laura Borràs y Jordi Turull para cerrar el acuerdo con el PSOE. Pero la Moncloa rechazó la última propuesta remitida por el negociador de Junts, el abogado Gonzalo Boye, que incluía en el perímetro de la amnistía estos dos casos, que el independentismo considera parte de la "causa general contra el independentismo" orquestada supuestamente por la Justicia.

Fue esa negativa socialista la que dio al traste con la esperada comparecencia de Puigdemont para explicar un acuerdo que los de Junts daban por prácticamente cerrado, apuntan fuentes independentistas. Sí se ha llegado a un consenso sobre otra de sus reivindicaciones: la de un mediador o verificador internacional del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Así lo confirmó el negociador de Sumar, Jaume Asens, en declaraciones a TV3. Y lo ratificaba horas más tarde el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien aseguró en la comparecencia para explicar el pacto de socialistas y republicanos, advirtiendo que "tendrá que ser alguien de reconocido prestigio".

Amnistía ampliada

El perímetro de la amnistía, sin embargo, no deja de crecer. Tras el órdago lanzado por Esquerra para que el texto dé cobertura a los investigados judicialmente por las causas de Tsunami Democràtic y los CDR, los de Junts se descolgaban con los casos Voloh y Pujol. En el caso del ex presidente catalán y su familia, hace apenas dos días que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó elevar el caso a la Sala de lo Penal, que debe fijar la fecha del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos.

Hace más de dos años que el juez Pedraz dictó la resolución que envió al banquillo a la familia Pujol por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. En esta causa, que se remonta a 2012, la Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán y entre ocho y 29 para sus siete hijos -la mayor para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola-, a quienes acusa de amasar una fortuna con pagos ilícitos de empresarios y blanquearlos después mediante artificios financieros.

Más allá de este caso, el juez investigó en una pieza separada Oleguer Pujol, por un delito de blanqueo en relación a una serie de inversiones en operaciones inmobiliarias de Drago Capital, entre ellas la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó este martes el archivo de esta investigación.

Voloh y la conexión rusa de Puigdemont

En cuanto al 'caso Voloh', la voluntad de Puigdemont es que la amnistía abarque a todos los investigados por el juez Joaquín Aguirre, del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona a raíz de esa operación, en la que se destaparon los contactos del entorno de Puigdemont con intermediarios del Kremlin. Unos contactos que tras el 2017 habría asumido el jefe del a Oficina de ex Presidente de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

Esta causa arrancó con la investigación sobre la financiación del 1-O, en la que se hicieron seguimientos y escuchas a David Madí -ex mano derecha de Artur Mas-, Xavier Vendrell -ex consejero de ERC- o el empresario Oriol Soler. Pero las escuchas dejaron al descubierto los supuestos contactos del entorno más próximo de Puigdemont, capitaneado por Alay con intermediarios rusos.

Desde Esquerra apuntan que en el caso de la 'Operación Voloh' la amnistía debe cubrir solo a los investigados por el 1-O. Es decir, por su papel en la financiación de la consulta o la compra de urnas, como Soler y Vendrell, que formaron parte del "estado mayor" del procés. Pero este criterio no daría cobertura al jefe de la oficina de Puigdemont, que no participó en la organización del referéndum.

Fuentes de Esquerra apuntaban este jueves a la posibilidad de que Junts quisiera incluir a su presidenta en la amnistía, así como al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Sin embargo, Boye está siendo investigado por un supuesto delito de blanqueo junto al narcotraficante José Ramón Prado, alias Sito Miñanco, y Laura Borràs fue condenada por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa durante su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas, sin conexión con el 1-O. Pero desde Junts niegan tajantemente esa información.