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El Gobierno dará un plazo de 15 días a partir del 31 de agosto a la familia Franco para llegar a un acuerdo sobre el traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos a otra ubicación pactada. En caso de falta de respuesta, negativa o discrepancia entre los propios familiares, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que buscará un lugar “digno y respetuoso” para trasladar los restos, un emplazamiento que el Gobierno no ha querido definir aún.
Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta, Carmen Calvo, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del procedimiento para exhumar el cadáver del dictador, que contempla un segundo y último plazo de diez días para alegaciones de los interesados antes de decidir y trasladar los restos de Franco. El Gobierno calcula que la medida se ejecutará antes de final de año.
El procedimiento para la exhumación que comienza a en septiembre tendrá un plazo máximo de un año para dar cumplimiento a los preceptos de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y al acuerdo del Congreso de 2017 para trasladar los restos del dictador.
"Si existieran discrepancias entre los familiares o los familiares no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá el lugar para su nueva inhumación, asegurando una digna sepultura. Para ello, el Gobierno podrá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario (al ayuntamiento en el que vaya a efectuarse la inhumación) y realizar el resto de actuaciones que procedan", establece el Ejecutivo.
La exhumación no incluye a los restos de José Antonio Primo de Rivera, que se quedarán en el Valle de los caídos porque sí fue víctima de la Guerra Civil, aunque más adelante se le buscará un "lugar no preeminente" dentro del recinto, según ha explicado Calvo.
La vicepresidenta ha informado de los detalles del decreto ley para modificar dos puntos de la Ley de Memoria histórica para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos antes de fin de año porque "no se puede perder ni un solo instante" para esta tarea ni "darle más vueltas" a la urgencia de la medida. El decreto añade un párrafo al artículo 16 de la ley que indica el "carácter urgente" de la iniciativa e indica al Gobierno "el procedimiento para hacerlo".
En esta línea, el Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, referido al Valle de los Caídos, señala que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".
Por este motivo, el real decreto aprobado hoy introduce un tercer apartado al artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica que consagra el recinto como lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la Guerra Civil, disponiendo que sólo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto. Para darle cumplimiento, se incopora una disposición adicional a la ley que articula un procedimiento de exhumación y traslado, legitimando al Consejo de Ministros para su incoacción y resolución.
En la justificación de la medida, la vicepresidenta ha considerado "inasumible para una democracia madura" que los restos del dictador sigan en un monumento perteneciente al Patrimonio Nacional del Estado, ya que supone prácticamente un "enaltecimiento del franquismo y una falta de respeto a las víctimas". "No vamos a perder ni un minuto más a la hora de dar paz, concordia y dignidad a las víctimas. No vamos a darle más vueltas", ha asegurado Calvo.
Visitamos el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde el primer edificio es el mausoleo de los Franco. A su derecha, a apenas 60 metros, las tumbas de Carrero Blanco o Joaquín Calvo-Sotelo | Vídeo: M.V.
Transcurridos los quince días para que la familia decida si asume en primera persona el traslado de los restos o los deja en manos del Gobierno, el Ejecutivo tiene previsto realizar una serie de trámites como remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escoridal el proyecto para llevar a cabo la exhumación según la normativa vigente y solicitar informe no vinculante al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.
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