El Gobierno pospone de nuevo la votación sobre el paquete fiscal ante la falta de apoyos

La votación del paquete fiscal se está convirtiendo en un obstáculo cada vez mayor para el Ejecutivo. Los socialistas aplazaron por segunda vez en una semana la convocatoria de la Comisión de Hacienda del Congreso ante la falta de apoyos entre los socios. El argumento es que el Gobierno necesita algo más de margen para negociar, y por eso se ha reprogramado la reunión de la comisión para el próximo lunes, 18 de noviembre, a las 17 horas, pero las expectativas de acuerdo siguen siendo bajas. Precisamente porque operan los vetos cruzados, por las dificultades de casar las posiciones de los grupos de la derecha (PNV y Junts) y de la izquierda (ERC, Bildu y Podemos).

El Consejo de Ministros remitió en junio a la Cámara la trasposición de la directiva europea para imponer un tipo mínimo del 15% a las multinacionales y a los grandes grupos empresariales. El Gobierno ya iba tarde, porque la medida tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de este año. Pero lo que hizo fue aprovechar la tramitación parlamentaria para introducir medidas fiscales con las que contentar a sus socios. Primero negoció con PNV y Junts, y con ambos pactó la continuidad del impuesto extraordinario a la banca pero también la caída del gravamen a las energéticas. Luego Hacienda cerró un acuerdo con el socio minoritario de la coalición, Sumar, que comprendía medidas como la introducción del IVA del 21% para los pisos turísticos, un nuevo impuesto al lujo, la subida de dos puntos en la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de los 300.000 euros o la eliminación de la exención fiscal a las primas de seguros privados sanitarios.

El Ejecutivo lleva al lunes la votación para ganar algo de tiempo y "seguir negociando", porque cree que hay una oportunidad y la quiere explorar

Entonces los aliados de izquierda se plantaron. Dijeron que no iban a pasar por la supresión del impuesto a las energéticas, algo que Junts rechaza de plano porque puede poner en riesgo inversiones de Repsol en Tarragona. Y eso motivó la desconvocatoria de la Comisión de Hacienda el pasado lunes. La cita se pospuso hasta este jueves.

Durante toda la mañana seguían las negociaciones del Ejecutivo con sus socios, a varias bandas. Pero la constatación de la falta de apoyos obligó in extremis a los socialistas a cancelar la reunión prevista para este jueves y llevarla al lunes a las cinco de la tarde. Para "seguir negociando", porque Hacienda "ve una opción de acuerdo y se va a explorar", según indicaban fuentes gubernamentales.

Durante la mañana, se produjo un giro de guion. El PP se abrió a votar el texto del Gobierno, pero solo si se ciñe a la trasposición de la directiva comunitaria —la imposición del 15% para las multinacionales—, a combatir el fraude a los hidrocarburos (una enmienda planteada por PNV) y no se añaden nuevos tributos.

El PP se abre a votar el texto del Gobierno, pero si se ciñe a la trasposición de la directiva comunitaria y a combatir el fraude a los hidrocarburos

Con la posición del PP, el Gobierno se garantizaría que la trasposición de la directiva europea saliera adelante, y es cierto que le urge porque tiene que estar aprobada antes del 1 de enero, ya que de lo contrario se expone a una sanción de la UE. Pero apoyarse en los populares tiene muchos riesgos para el Ejecutivo y además no le permitiría aprobar las medidas fiscales cerradas con sus socios. El problema es que conciliar las posturas a izquierda y derecha se antoja ahora mismo imposible. Podemos, Bildu y ERC insisten en hacer permanente el impuesto a las energéticas, un planteamiento que no comparten PNV y Junts. Es más, los posconvergentes ya han advertido de que no respaldarán nada que se salga de lo acordado con el PSOE. El suyo es un "pacto cerrado", señalan.

Dentro de los grupos de izquierda, Podemos es el que mantiene una posición más firme. Y defiende que no entiende el formato de negociación seguido por Hacienda, porque cree que primero tendría que haberse dirigido a las fuerzas progresistas y, con un acuerdo cerrado, amarrar el texto con la derecha, y no a la inversa. Ione Belarra ya trasladó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ella estaba en las tesis iniciales del PSOE y, por tanto, no tenía que ser Podemos quien cediera a las presiones.