El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de 13 años y nueve meses de prisión para M.H., de nacionalidad marroquí, por incendiar intencionadamente una chabola en el asentamiento de Cortijo Los Nietos Bajos, en Níjar (Almería), con tres personas en su interior durante la madrugada del 22 de mayo de 2021. 

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Según informa Europa Press, el fallo, emitido el 4 de junio de 2025, ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería y desestima el recurso de apelación presentado por la defensa, que alegaba vulneración de la presunción de inocencia y ausencia de pruebas concluyentes.

Los hechos se remontan a un altercado en una chabola utilizada como club de alterne, de la que el acusado y un cómplice —actualmente en paradero desconocido— fueron expulsados tras negarse las ocupantes a servirles más alcohol. 

En represalia, ambos vertieron gasolina desde una garrafa y prendieron fuego al inmueble, a pesar de conocer que en su interior se encontraban tres personas. 

Las llamas se propagaron rápidamente, afectando a cerca de un centenar de chabolas en el poblado de Los Albaricoques y dejando múltiples heridos. 

Entre las víctimas, destacó un hombre que sufrió quemaduras de segundo grado en el 10% de su cuerpo, incluyendo rostro, manos y pies, lo que requirió 32 días de hospitalización, 54 días de curas, intervenciones quirúrgicas e injertos cutáneos. Las secuelas, calificadas como permanentes, incluyen cicatrices visibles y dolor crónico.

La Sala de Apelación del TSJA fundamentó su decisión en testimonios clave y pruebas materiales, descartando cualquier duda sobre la autoría. 

Además de la pena privativa de libertad, el condenado deberá abonar una indemnización de 50.400 euros a la víctima —10.000 por lesiones y 40.400 por secuelas— y cumplir una orden de alejamiento de 13 años. 

El tribunal subrayó que las pruebas, incluidos informes periciales y declaraciones de testigos, fueron valoradas con «criterios lógicos y razonables», respaldando la versión de los hechos sin ambigüedades.

Este caso se enmarca en una serie de incidentes similares en la provincia de Almería, donde los asentamientos chabolistas —habitados principalmente por trabajadores agrícolas migrantes— enfrentan riesgos recurrentes de incendios intencionados. 

La sentencia no solo refuerza la jurisprudencia sobre delitos contra la integridad física en contextos de vulnerabilidad, sino que también evidencia la necesidad de políticas estructurales para abordar la precariedad habitacional en la zona. 

Con esta confirmación, se cierra un capítulo judicial que subraya la gravedad de los actos violentos contra comunidades marginadas.

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