La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando la sede central del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. El Tribunal Supremo ha pedido al partido que facilite la entrada de los agentes para que clonen la cuenta de correo electrónico que Santos Cerdán usaba en su día a día.

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Los agentes han accedido a la quinta planta de la sede socialista, donde el hasta hace poco número tres de los socialistas tenía su despacho. Los investigadores han llegado alrededor del medio día al centro de Madrid y han salido a las 14:30 tras terminar el clonado de los correos.

Ferraz no es el único sitio donde ha entrado la UCO este viernes. También se han desplazado hasta la sede del Ministerio de Transportes, de Adif y de la Dirección General de Carreteras. Allí, entre otras diligencias, han clonado el email del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Es el segundo registro sobre datos referentes al al antiguo dirigente socialista. Hace 10 días, los agentes se personaron en su casa de Valencia, de la que se llevaron 34 dispositivos electrónicos. Ahora el juez ha pedido información sobre decenas de cuentas bancarias, algunas en el extranjero. Cerdán aparece en cinco de ellas, ya sea solo o con familiares.

Por otro lado, el juez ve claros indicios en la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ambos aparecen continuamente en los audios que grabó el ex consejero ministerial, Koldo García, y que se han conocido en la última semana. El instructor entiende que sus conductas habrían sido "instrumentales" para que el ex ministro José Luis Ábalos consiguiese sus objetivos. Por eso ha deducido testimonio y lo ha enviado a la Audiencia Nacional, ya que ambos no están aforados y allí se sigue el inicio el resto de la causa.

Asimismo, el instructor acuerda citar entre el 4 y el 7 de julio, con la condición de investigados, a cinco empresarios (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Antxon Alonso Egurrola), como personas que, "en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio".

Añade el juez que "tratándose de personas que, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial".

El juez pedirá información a las empresas que aparecen en el informe de la Guardia Civil: Acciona, Levantina, Ingeniería y Construcción, Obras Públicas y Regadíos y Servinabar 2000. Sobre esta última, los últimos registros han desvelado que Cerdán posee el 45% de la misma desde 2016. Esta sociedad está en el centro de las supuestas mordidas que se habrían pagado.

Todas estas nuevas diligencias se enmarcan dentro del caso Koldo, que se inició por la supuesta compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, en los últimos meses la investigación ha virado en otros dos ejes: la contratación de personas de manera irregular en entidades dependeintes de Transportes y en adjudicaciones de obras públicas. Este último punto cobró fuerza tras las revelaciones del empresario Víctor de Aldama, que detalló algunos de los contratos tras alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para salir de la cárcel.

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