El Ejecutivo había diseñado un final de curso parlamentario sin demasiados obstáculos a la vista. Había decidido aplazar el debate de totalidad de la reducción de la jornada laboral —la norma estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz— y también la discusión de las enmiendas del proyecto de ley de reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, impulsado por el ministro Félix Bolaños. Con esos dos debates pospuestos hasta después del verano, se quedaba un pleno escoba en el Congreso, este 22 de julio, bastante más allanado. Pero puede no ser suficiente. Porque ahora mismo peligra la convalidación del real decreto ley de medidas de refuerzo del sistema eléctrico para prevenir posibles apagones. Podemos adelantó este lunes su no rotundo, tal y como había amagado el sábado, haciendo ver de paso que es, de nuevo, un socio mucho menos seguro para el Gobierno y lo seguirá siendo en lo que reste de legislatura. El aumento del gasto militar ya distanció a los morados de Pedro Sánchez, pero el cisma se ha agrandado por el estallido del caso Cerdán. El Ejecutivo pues, queda en esta votación en manos del PP. Y puede que también lo esté en otra más, en la de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y ayuntamientos: si en este caso algún aliado parlamentario se escapa, entonces también decidirá el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Este martes, el Congreso arranca a las 11 de la mañana la última sesión plenaria antes del parón de las vacaciones, y previsiblemente la jornada se alargará hasta la noche. Y lo que quedará en ese momento, al final, es el marcador. O sea, cuántas de las ocho iniciativas sometidas a votación —tres leyes que llegan del Senado para su aprobación definitiva, la doble reforma del reglamento del Congreso y la convalidación de tres reales decretos leyes— salen adelante. Cuántas victorias se anota el Ejecutivo, cuántas cae derrotado. La imagen no es accesoria para Sánchez, justo en un momento en el que intenta reponerse del golpe por el caso Cerdán, amarrando a sus socios. El pleno de este 22 de julio, sumado al del pasado día 9 sobre corrupción, serviría para cerrar el curso en alto antes del parón veraniego, demostrando que el bloque de investidura, aunque con dificultades, sigue vivo.

El Ejecutivo había removido los principales obstáculos para procurarse un pleno sin sobresaltos: aplazó la reducción de la jornada laboral y la 'ley Bolaños'. Pero se ha encontrado con la negativa de Podemos al decreto de medidas de refuerzo del sistema eléctrico

El Gobierno ve en peligro una iniciativa, y es consciente de que tiene muchas papeletas para perderla, y es el decreto ley promovido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para prevenir más apagones en el futuro. El texto recoge, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica, nuevas obligaciones para el refuerzo de la supervisión, verificación, cumplimiento y transparencia de las capacidades de control de tensión y amortiguamiento de las oscilaciones eléctricas. Cambios que se introducen porque, aunque existían mecanismos para controlar la tensión, "no se comportaron como se esperaba cuando era necesario". El Ejecutivo, pues, pretende que "todos los agentes involucrados cumplan con sus obligaciones".

Podemos confirmó que sus cuatro diputados en el Congreso votarán no. A su juicio, el real decreto ley no hace más que defender los intereses del "oligopolio energético". Como indicó este lunes en rueda de prensa su portavoz, Pablo Fernández, las posibilidades de que ocurra un cero eléctrico son "exactamente las mismas" con o sin ese texto en vigor. "Este real decreto [ley] vuelve a ser el resultado de una forma de legislar ya habitual, que se basa en escuchar y en atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al ministerio y no en defender el interés general y en evitar que situaciones así puedan volver a darse en el futuro", justificó el dirigente, informa EFE. La formación de Ione Belarra reprocha al Ejecutivo que no implemente "sistemas de compensación" para evitar las caídas de tensión y no arbitre multas para "sancionar los comportamientos temerarios o codiciosos" de unas empresas que "han estado jugando a la ruleta rusa con el sistema eléctrico para maximizar sus beneficios".

Los morados acusan al Gobierno de "atender lo que las grandes energéticas susurran al oído del ministerio y no en defender el interés general". En Transición subrayan que sí se "aprieta las tuercas" a las eléctricas

En el departamento de Aagesen esgrimen que la norma sí "aprieta las tuercas" a las eléctricas, al incluir medidas de más supervisión, más resiliencia del sistema eléctrico y avanzar en la transición energética, pues el decreto "impulsa el almacenamiento y facilita la hibridación de baterías en plantas renovables, favorece el autoconsumo, agiliza permisos (sin menoscabar los estándares medioambientales y evitando la especulación), reduce plazos de ejecución, incentiva la repotenciación eólica, alienta la conexión a la red de nuevas industrias, acelera la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor e introduce la figura de agregadores de demanda".

También subraya Transición que beneficia a los sectores más expuestos, como la industria electrointensiva (se reducen los peajes un 80%) y que nace de un gran consenso, porque la norma cuenta con el respaldo de grupos ecologistas como Greenpeace y de empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, así como las asociaciones de renovables, entre otros actores. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó de "un poco decepcionante" el rechazo de Podemos al decreto ley.

Si hay triple empate, decae la iniciativa

Junts no ha adelantado cuál será el sentido de su voto, pero el no de los cuatro diputados de Podemos hace prácticamente imposible que salga adelante solo con el resto de socios de investidura. El PP cuenta con 137 diputados, más 33 de Vox y uno de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Con los cuatro parlamentarios morados, la cuenta es fácil: 175 escaños en total, si no hay errores o ausencias. Enfrente, como máximo, habría otros 175 parlamentarios. El reglamento del Congreso establece en su artículo 88 que si se registra el empate en tres ocasiones consecutivas en la votación de una iniciativa, esta decaerá al último intento. Por eso el texto depende ahora mismo de lo que haga el PP.

Los populares se reservan el sentido de su voto hasta el final: "No estamos para darle información al Gobierno. El foco está en el bloque de investidura de Sánchez, no en el PP"

Los populares, igual que Junts, están recibiendo presiones de la industria y de las energéticas para que el decreto ley quede convalidado. Pero ni uno ni otro grupo quieren adelantar su posición. La clave, en todo caso, está en el voto del PP. Bastaría su abstención. Fuentes de la cúpula de Feijóo confirmaron que no desvelarán qué harán sus diputados "hasta última hora". "No estamos para darle información al Gobierno", recuerdan. "El foco está en el bloque de investidura de Pedro Sánchez, no en el PP. La legislatura arrancó con los 178 votos a favor de que fuera presidente del Gobierno [fueron 179 por 171 en contra, dado que entre los socios también se encontraba Coalición Canaria]. Entendemos que mantiene intactos sus apoyos. Nosotros hablaremos mañana [por este martes]", remataron las mismas fuentes, informa Cristina de la Hoz.

Pero el mensaje más preocupante para el Ejecutivo de cara al futuro, al margen de si logra salvar in extremis su decreto antiapagones, es la tierra de por medio que ha puesto Podemos. Los morados rechazan sentarse a negociar con el Gobierno, y de hecho no lo hicieron para este texto con Aagesen y su equipo. "Esto viene del plan de rearme. No ha sido solo por la corrupción que, lógicamente, complica todo aún más. Y llevamos diciendo tiempo que miraremos medida a medida que lleve el Ejecutivo al Congreso. Si nos parecen positivas, se puede contar con nuestros votos, pero si no, lógicamente las rechazaremos", explican.

Podemos advierte de que desde el "plan de rearme" las cosas han cambiado con el Ejecutivo, y más con el 'caso Cerdán'. Se niega a negociar: si ve "positivas" las medidas del Gobierno, las apoyará; si no es así, no

No habrá negociación porque en la Moncloa, defienden desde el partido de Belarra, "conocen" su posición. "Y saben qué opinamos de cada tema, saben qué puede ser aceptable y qué no. Se nos lee fácil a nosotros. Son otros tiempos. Estamos en otra fase de la relación", aducen. En la cúpula morada añaden que tampoco el Gobierno puede ofrecer garantías de poder aprobar otras cuestiones fuera del decreto para satisfacer a sus socios porque no las tienen. Ya pasó hace meses, recuerdan, con la reforma fiscal: Podemos dio su apoyo a cambio de la prórroga del impuesto a las energéticas que finalmente decayó porque PNV y Junts se opusieran. Y ese capítulo "hizo que disminuyera mucho la confianza", inciden. Otro ejemplo de negativa rotunda de los morados y sin posibilidad de transacción: la delegación de las competencias migratorias a Cataluña que los socialistas pactaron con Junts. No saldrá adelante: Belarra subrayó en una entrevista en Ara que si los Mossos tuvieran la transferencia harían "redadas racistas", una afirmación que soliviantó hasta a ERC y que provocó un enganchón en redes de su líder, Oriol Junqueras, y de Pablo Iglesias, exjefe de Podemos.

El otro decreto ley delicado que el Gobierno necesita ver aprobado este martes es el referido a las entregas a cuenta de las comunidades (147.412 millones de euros) y los ayuntamientos (28.734 millones). La Moncloa y la dirección del Grupo Socialista dan por hecho que saldrá adelante. No se fían de qué puede hacer el PP, pero están convencidos de que todos los socios respaldarán el texto: "Es imposible que voten en contra. Es imposible otro resultado. Junts lleva cuatro meses presentando mociones para que se paguen, y el decreto solo lleva eso, la actualización de las entregas a cuenta, no hay nada más. No hay excusas. Esto es sota, caballo y rey. Sale de fórmulas matemáticas, las cantidades no son subjetivas". La actualización ya se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2024, de hace un año, e iba incluida en el decreto ómnibus que se votó a primeros de año y que se estrelló por el no de Junts y PP. Después Gobierno y posconvergentes aprobaron despiezar esa norma y sacar aparte las entregas a cuenta, y eso es lo que ha ocurrido.

Los socialistas ven "imposible" que los socios voten en contra de las entregas a cuenta, porque van en un decreto ley por separado, y las cantidades previstas para CCAA y ayuntamientos "salen de fórmulas matemáticas, no son subjetivas"

Este lunes, la portavoz de la dirección socialista, Montse Mínguez, daba argumentos desde Ferraz para el voto a favor del decreto: en los siete años últimos, el Gobierno de Sánchez ha tenido que afrontar "muchas crisis" y "no se han recortado recursos a comunidades y ayuntamientos", por lo que es "importante" que los ciudadanos perciban que tienen al frente un Ejecutivo que está convencido que de las crisis se puede salir "reforzado y sin dejar a nadie atrás".

Seis iniciativas sin demasiado problema

Las otras seis iniciativas que votará el pleno están, en principio, aún más aseguradas, según los cálculos del Gobierno. Así, se discutirán las enmiendas que el Senado ha interpuesto a tres leyes, vistas por tanto ya para su aprobación definitiva: la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la modificación del régimen económico y fiscal (REF) canario para incentivar la construcción o compra de vivienda para dedicarla al alquiler habitual y el cambio de la ley sobre responsabilidad civil y seguro de los vehículos a motor. También saldrán adelante las dos reformas del reglamento de la Cámara baja. Por un lado, la modificación de todo el texto para recoger el lenguaje inclusivo —que hace que incluso el Congreso de los Diputados pase a llamarse simplemente Congreso, aunque en la Constitución el nombre no cambiará—, y por otro la regulación del trabajo de los periodistas y medios, para que se pueda sancionar a los agitadores ultras.

Las otras seis iniciativas que ve el pleno no deberían tener dificultades: tres leyes que llegan del Senado (una de ellas, la Agencia Estatal de Salud Pública), la doble reforma del reglamento del Congreso y los beneficios fiscales para los acontecimientos de excepcional interés público

Tampoco debería tener demasiados problemas la convalidación del decreto ley que establece beneficios fiscales para acontecimientos de excepcional interés público, como el Año Tàpies, la conmemoración del centenario de la Generación del 27, la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo o el programa Barcelona Mobile World Capital.

La actividad política de este martes se repartirá entre el pleno escoba del Congreso y la Moncloa. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, presidirá el Consejo de Ministros por la ausencia de Sánchez. El Gabinete dará luz verde al proyecto de ley de información clasificada, la reforma de la ley franquista de secretos oficiales de 1968 que ya el Ejecutivo intentó la pasada legislatura y no logró llevar a la Cámara baja por falta de respaldos. Ahora, el Gobierno sí se dispone a remitirla al Parlamento para su tramitación, una vez que ha recibido las sugerencias del Consejo de Estado.

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma de la ley de secretos oficiales, que el Ejecutivo intentará sacar adelante tras fracasar en la pasada legislatura. Es un gesto especialmente al PNV

Sánchez, por tanto, persiste en sus gestos hacia los socios. Especialmente el PNV, porque la modificación de la ley de secretos es una vieja pelea suya de hace varias legislaturas y a la que el presidente se comprometió cuando quien era portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, se despidió de su escaño para hacerse cargo de las riendas del partido jeltzale. Está por ver si ahora la iniciativa contará ahora con los apoyos suficientes para salir aprobada o, de nuevo, queda en un cajón.