Los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el pacto ilegal que vincula a España con el Sáhara

Cincuenta años después de su firma, los Acuerdos Tripartitos de Madrid continúan siendo el eslabón roto de la descolonización española. Un pacto secreto, improvisado y sin validez jurídica que el 14 de noviembre de 1975 -tras tres jornadas de reuniones- selló en Madrid el abandono del Sáhara Occidental a manos de Marruecos y Mauritania, y que aún hoy mantiene a España atrapada en una responsabilidad histórica de la que no ha podido zafarse.

¿Qué fueron los Acuerdos Tripartitos de Madrid?

El 14 de noviembre de 1975 -en un clima terminal del franquismo y con Franco agonizante, sometido a sucesivas operaciones médicas- el Gobierno español firmó en Madrid una “Declaración de Principios” con Marruecos y Mauritania. El texto, conocido como Acuerdos Tripartitos de Madrid, supuso el traspaso administrativo —que no jurídico— del Sáhara Occidental, la provincia número 53 de España, a los dos países vecinos.

España se comprometía a retirarse y a permitir que Marruecos y Mauritania “asumieran la administración” del territorio hasta una eventual descolonización. A cambio, mantenía su participación en los beneficios de Fos Bucraa, el gigantesco yacimiento de fosfatos que Franco había explotado con capital estadounidense.

El documento fue rubricado por el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, y el ministro de Exteriores, Pedro Cortina Mauri, y se presentó como una “solución práctica” ante la presión internacional, una Marcha Verde ya en marcha organizada por Hasán II y el vacío de poder que dejaba la enfermedad del dictador.

Por el lado de Marruecos, fue rubricado por Ahmed Osman, primer ministro del reino de Marruecos y yerno del rey Hasán II y en representación de Mauritania Hamdi Ould Mouknass, su ministro de Asuntos Exteriores. El acto de la firma tuvo lugar en Madrid, el 14 de noviembre de 1975, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en plena agonía de Franco.

La delegación marroquí estaba integrada por el ministro de Exteriores marroquí, Ahmed Laraki y altos responsables del gabinete real, enviados directos del monarca alauí. La mauritana asistió con un pequeño equipo diplomático. La española estaba acompañada por altos funcionarios del Ministerio de Exteriores, entre ellos José María de Areilza y algunos técnicos del Ministerio de Presidencia.

El ambiente fue, según testigos citados por Tomás Bárbulo en La historia prohibida del Sáhara Español, de “urgencia y teatralidad”. Los representantes españoles buscaban desesperadamente una salida que evitara un enfrentamiento militar con Marruecos.

¿Qué establecían literalmente esos acuerdos?

La “Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental”, depositada en Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1975 pero sin validez jurídica ante la ONU, consta de apenas cinco artículos.

El texto señala que España “pone fin definitivamente a su presencia en el territorio” antes del 28 de febrero de 1976, que se establecerá una administración tripartita y que “las opiniones de la población saharaui serán respetadas”.

En la práctica, nada de eso ocurrió. La consulta nunca se celebró. España abandonó El Aaiún a toda prisa; las tropas marroquíes y mauritanas ocuparon el desierto, y decenas de miles de saharauis huyeron hacia los campamentos de refugiados de Tinduf. Según Bárbulo, aquel acto fue presentado como “la única salida realista; en realidad, fue una rendición disfrazada de diplomacia”. El 28 de febrero de 1976 el exilio saharaui del Frente Polisario estableció en Tinduf (Argelia) la República Árabe Saharaui Democrática.

El legado español en el Sáhara Occidental

Ver Galería

¿Qué papel jugó Estados Unidos?

Detrás del acuerdo se movía una mano invisible: la de Washington. El entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, presionó para evitar que el Sáhara se convirtiera en un nuevo foco de influencia soviética a través del Frente Polisario, respaldado por Argelia. La consigna era que Marruecos, aliado clave en el Magreb, debía salir fortalecido.

A cambio, Estados Unidos garantizó apoyo logístico a Hasán II en la Marcha Verde y protección diplomática ante Naciones Unidas. España, debilitada y sin respaldo internacional, aceptó el papel de comparsa a las puertas de una frágil e incierta transición democrática. “Kissinger urdió un pacto que sacrificó a un pueblo en nombre del equilibrio regional”, escribiría años después un diplomático citado por Bárbulo.

¿Qué sucedió después con Mauritania y su renuncia al territorio?

El reparto del territorio —la zona norte para Marruecos y la sur para Mauritania— duró poco. En 1979, tras una complicada guerra con el Frente Polisario y su hostigamiento permanente, Mauritania se rindió y renunció a su parte (Río de Oro), firmando la paz con los independentistas.

Marruecos aprovechó el vacío para ocupar todo el territorio, extendiendo el muro militar que aún divide el Sáhara Occidental, de 2.700 kilómetros de extensión.  A partir de entonces, la ocupación se consolidó con el respaldo de Francia y el silencio de España, que optó por la indiferencia diplomática mientras mantenía su participación económica en los fosfatos y en los caladeros saharauis.

¿Qué tribunal declaró nulos los Acuerdos y por qué?

En 2002, el Consejo Jurídico de Naciones Unidas, a través de un dictamen solicitado por el Consejo de Seguridad, sentenció que los Acuerdos de Madrid “no transfirieron la soberanía del Sáhara Occidental ni otorgaron a ninguno de los firmantes el estatus de potencia administradora”. España, añadía el texto, “no podía transferir unilateralmente las obligaciones internacionales que le incumbían”.

En consecuencia, el Sáhara sigue siendo, de iure, un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y España continúa siendo la potencia administradora legal, aunque se niegue a ejercer ese papel. En octubre de 2021, meses antes del cambio de posición del Gobierno español, el actual ministro de Exteriores José Manuel Albares volvió a citar estos acuerdos nulos para establecer en el Congreso de los Diputados que “España dejó de ser la potencia administradora en 1975”. Una mentira recogida en el diario de sesiones de la Cámara Baja.

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ya había declarado en 1975 que no existían vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental. El derecho internacional fue ignorado entonces, y lo sigue siendo hoy. Para el pueblo saharaui, aquellos acuerdos sellaron su condena: medio siglo de ocupación, exilio y un referéndum prometido que nunca llega.

Medio siglo después, los Acuerdos Tripartitos de Madrid no solo marcaron el final atropellado del imperio colonial español; también inauguraron una descolonización inconclusa, una deuda histórica que ningún Gobierno de la democracia española ha querido saldar. Mientras los gobiernos se han alineado con Rabat, la legalidad internacional sigue siendo un recordatorio incómodo de los partidos de distinto signo que han pasado por Moncloa.