Las últimas 24 horas han supuesto un auténtico huracán judicial que ha vuelto a sacudir al Gobierno. Entre el mediodía del miércoles y la mañana del jueves, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han desplegado en diversos puntos de España para realizar registros en las sedes de varias empresas públicas, empresas privadas y viviendas en el marco de dos nuevas causas judiciales que amenazan con sacar a relucir algunos de los viejos fantasmas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Las dos macrooperaciones, enmarcadas en dos investigaciones distintas dirigidas por la Fiscalía Anticorrupción, se han saldado con cinco detenciones y más de una veintena registros y vuelven a situar bajo presión al Gobierno de Pedro Sánchez, cada vez más cercado por casos de corrupción que afectan a personas vinculadas con el PSOE.

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La primera noticia saltó este miércoles a primera hora de la tarde. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había detenido a la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, en el marco de una causa dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que permanece bajo secreto. Ambos fueron trasladados hasta el cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos, donde permanecen a la espera de pasar a disposición judicial este sábado.

En la jornada de este miércoles, el Instituto Armado también detuvo al empresario Antxón Alonso, propietario de Servinabar y socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en Vizcaya. Menos de 24 horas después, la UCO lanzó una nueva operación que culminó con el registro de varias compañías públicas: Enusa, Sepides, Mercas y la propia SEPI, además de la empresa Forestalia. En esta causa se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en el marco de la firma de contratos públicos.

Menos de 24 horas después de que se diera a conocer la detención de Leire Díez, conocida por su relación con el PSOE como supuesta "mano derecha en la sombra de Santos Cerdán", la UDEF entraba en las oficinas de la empresa Plus Ultra en Madrid. Según fuentes próximas a la investigación, agentes de la Policía Nacional se personaron este jueves a primera hora de la mañana en la sede de la aerolínea para requerir información fiscal.

Detención de altos cargos de Plus Ultra

La segunda gran operación policial iniciada gracias a una investigación de Anticorrupción, y dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha culminado con la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli.

Los agentes han registrado además la sede de la compañía por un presunto delito de blanqueo de capitales. Esta causa la instruye el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, que igualmente mantiene el secreto. El registro ha permitido a los investigadores recabar documentación fiscal y clonar información de los servidores de la empresa.

Esta oleada de registros y detenciones ejecutados en las últimas horas responde a dos causas judiciales distintas que amenazan con sacar a relucir nuevos datos que pueden perjudicar políticamente al Gobierno.

Leire, la "mano derecha en la sombra" de Santos Cerdán

Por un lado, la figura de Leire, apodada la 'fontanera' del PSOE por su relación con Santos Cerdán y por presentarse ante diferentes actores judiciales y empresariales como la enviada de Ferraz, ya ha marcado públicamente al Ejecutivo de Sánchez.

Cabe destacar que Díez, entre 2018 y 2021, fue responsable de comunicación de Enusa —sociedad vinculada a la SEPI—, etapa en la que Fernández fue designado presidente del organismo tras el impulso de la entonces ministra María Jesús Montero. Fernández se mantuvo en el cargo hasta 2019, cuando dimitió al ser investigado en el caso de la mina de Aznalcóllar, del que posteriormente resultó absuelto.

Tras abandonar la SEPI, Fernández pasó a trabajar para Servinabar, la empresa que los investigadores sitúan como uno de los presuntos canales de desvío de fondos procedentes de contratos de obra pública adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

No obstante, el nombre de Leire Díez salió a la palestra después de la revelación de diversos audios que sacaron a la luz la abultada agenda de contactos de Leire Díez. Una militante socialista que, lejos de coincidir con los altos cargos del partido en los mítines, se reunía con el entonces 'número tres' y con el ex alto cargo de Moncloa, Antonio Hernando, en la sede de los socialistas.

Díez está siendo investigada por estos hechos en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Blanqueo de capitales procedentes de Venezuela

Por su parte, la causa que ha acabado con la detención del presidente y el CEO de Plus Ultra amenaza con sacar a relucir de nuevo el papel del Gobierno en el rescate millonario a la compañía. La aerolínea española ya fue investigada por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en una causa que se archivó en enero de 2023 y en la que se investigaba la concesión del rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia.

La jueza Esperanza Collazos concluyó que la decisión correspondió al Consejo de Ministros y que los investigados "carecían de capacidad de decisión". El archivo se produjo después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara un recurso de Plus Ultra y determinara que no procedía citar como investigado a su representante legal al haber expirado el plazo máximo de 12 meses para completar la instrucción.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia en la que se exponía que la compañía había utilizado los fondos públicos para la devolución de préstamos a través de ingresos en cuentas en el extranjero, según desveló ABC. La Audiencia Nacional se declaró no competente en este caso, de esta forma, la denuncia acabó de nuevo en el juzgado dirigido por Esperanza Collazos.

Dicha denuncia relata la existencia de una presunto organización criminal internacional que blanqueó fondos procedentes de Venezuela en Suiza, Francia y España. Se describe como varias personas, algunos casos a través de sociedades mercantiles, utilizaron dinero procedente del extranjero con el "objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a la sociedad Plus Ultra". De esta forma, el rescate de 53 millones de euros sirvió para blanquear dichos fondos.

Igualmente se hace referencia en la denuncia a la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los citados préstamos o a la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá. Anticorrupción también detallaba que las actividades de blanqueo se ha podio utilizar la venta de relojes de lujo.

El rescate del Gobierno a la compañía ha sido objeto de múltiples informaciones en los últimos años, muchas por la presunta intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero en la operación. Según la versión ofrecida por el propio José Luis Ábalos en varios medios, el expresidente del Gobierno tenía un interés particular en que el Ejecutivo aprobase el rescate, dados sus lazos con Venezuela.