La directiva de Tubos Reunidos contaba con los socios de Leire para presionar a la SEPI: "Controlaremos esto tú y yo con Vicente"

El 1 de febrero de 2021, el consejero de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia escribió un mensaje de WhatsApp al entonces presidente de la compañía, Francisco Irazusta. La siderúrgica vasca llevaba poco más de dos meses con su solicitud de rescate registrada ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y todavía faltaban más de cinco para que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) diera luz verde a una ayuda de 112,8 millones de euros. Urrutia ya tenía decidido quién iba a manejar el expediente: "Cuando nos toque controlaremos esto tú y yo con Vicente y Miguel Ángel (...) De cara a nuestro consejo mejor dejar esto de lado, ya lo gestionaremos cuando esté centrado".

El mensaje, recogido en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha servido de base al escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción pedía 25 nuevas imputaciones al juez Santiago Pedraz —y al que ha tenido acceso El Independiente—, sitúa a la cúpula de Tubos Reunidos en el centro de la operativa que permitió a la siderúrgica obtener el rescate público a cambio de pagos encubiertos al grupo Hirurok, integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Este lunes, el instructor del 'caso Leire' aceptó las peticiones del Ministerio Público y acordó investigar tanto a Irazusta como a Urrutia.

"No hacer ruidos bilbaínos que condicionaran a Vicente"

El "Vicente" al que se refería Urrutia es Vicente Fernández, expresidente del holding público y considerado por los investigadores de la UCO como el principal nexo del trío Hirurok en la SEPI. El mensaje dejaba claro que la estrategia pasaba por mantener la gestión del rescate al margen incluso del consejo de administración de la empresa y evitar cualquier movimiento que pudiera entorpecer su papel. "No hacer ruidos bilbaínos que al final condicionaran a Vicente", añadía el consejero.

La Fiscalía sostiene, sin embargo, que ese plan venía gestándose desde varios meses atrás. El 18 de septiembre de 2020 Tubos Reunidos solicitó información sobre el FASEE y, apenas dos días después, Vicente Fernández ya mantenía contactos con responsables de la compañía para seguir la evolución del expediente, según la UCO. El 17 de noviembre la empresa formalizó ante la SEPI la petición de una ayuda pública de 112,8 millones de euros, dando inicio a una tramitación que se prolongaría durante casi ocho meses.

Apenas tres días después de que Tubos registrara formalmente su solicitud, el 20 de noviembre de 2020, Irazusta y Urrutia ya intercambiaban mensajes sobre la necesidad de "presionar" para activar mecanismos de urgencia en la SEPI, alegando la delicada situación de tesorería de la compañía. Según el escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso este periódico, ambos se repartieron entonces las gestiones: Urrutia, junto a un tercero identificado como "Ángel" —"en probable referencia" a Ángel Santiago Mesa, entonces director corporativo de la SEPI— intervendrían para activar esos mecanismos, mientras Irazusta mantendría la interlocución directa con el socio de Leire Díez.

"Una ayuda por arriba del todo"

El punto de inflexión llegó en la primavera de 2021, cuando la tramitación de la ayuda empezó a acumular retrasos y resistencias dentro del Gobierno. Es entonces cuando Fernández habría trasladado la necesidad de escalar las gestiones a instancias superiores, insistiendo en la conveniencia de implicar no solo a la estructura técnica de la SEPI, sino también a "una ayuda por arriba del todo". Incluso al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En mayo de 2021, la situación financiera de Tubos Reunidos era calificada de "tremenda" en la directiva. La demora en la aprobación del rescate por parte del Consejo Gestor del FASEE amenazaba con abocar a la compañía a un escenario concursal, en medio de crecientes tensiones con proveedores, clientes y sindicatos. Así que Irazusta recurrió a Fernández: "Te pido consejo para que me ayudes a tomar los pasos adecuados sin crear más tensión de la que ya imagino está gestionando el equipo", le escribió, planteándole la posibilidad de redactar una carta o solicitar la intervención directa de la Consejera de Industria del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, para que mediara ante el Ministerio de Hacienda.

"Muy unido" a María Jesús Montero

Pese a que Fernández había sido cesado de la presidencia de la SEPI en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, Irazusta seguía considerándolo un activo de primer nivel dentro del organismo. Así lo plasmó en un correo electrónico remitido a otros directivos de la compañía el 8 de noviembre de 2021, en el que defendía la utilidad de mantener el vínculo con el expresidente al describirlo como "una persona de peso dentro del partido y gobierno", con un "vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI" y "muy unido a la ministra de Hacienda", María Jesús Montero.

En el mismo correo, Irazusta subrayaba que Fernández Guerrero había sido el primero en conocer, de boca de la responsable técnica del expediente, Rosario Martínez Manzanedo, 'Charo', que la ayuda había sido aprobada.

La Fiscalía incorpora igualmente otro mensaje enviado por Urrutia en junio de 2021, pocas semanas antes de la decisión definitiva del Consejo Gestor. Después de que Fernández les trasladara información sobre la evolución del expediente, el consejero escribió a Irazusta: "Dale las gracias a Vicente porque sin duda ha querido ayudar y nos conviene tenerlo cerca".

El "agradecimiento" tras el rescate

El Consejo Gestor del FASEE aprobó finalmente el rescate de Tubos Reunidos el 13 de julio de 2021. La ayuda, por importe de 112,8 millones de euros, fue posteriormente ratificada por el Consejo de Ministros. Según los investigadores, fue entonces cuando Fernández acordó con Irazusta materializar el "agradecimiento" por las gestiones realizadas mediante una contratación periódica. En un primer momento se valoró encargar los servicios a Servinabar 2000 —para lo cual Irazusta llegó a pedir a Urrutia un porfolio de servicios de la compañía de Antxón Alonso—, la operación terminó articulándose mediante un contrato firmado el 1 de diciembre de 2021 con Mediaciones Martínez, sociedad también vinculada a Antxón y utilizada, según la UCO, para canalizar los ingresos del grupo Hirurok.

El contrato, rubricado por el propio Irazusta, contemplaba un pago mensual de 5.000 euros —60.000 anuales— que el departamento financiero de Tubos registraba bajo el concepto de "gastos de asesor de Presidencia". Mediaciones Martínez llegó a percibir un total de 114.959 euros en ejecución de este y un segundo contrato suscrito en 2023, ya con Carlos López de las Heras al frente de la compañía. El juez Pedraz también acordó el lunes la imputación en el 'caso Leire' de López de las Heras, y autorizó a la UCO a clonar su teléfono.

Posteriormente, entre finales de 2023 y 2025, Vicente Fernández habría cobrado directamente otros 132.500 euros por nuevas gestiones relacionadas con la modificación de las condiciones del préstamo concedido por la SEPI y con la autorización para que Tubos Reunidos pudiera disponer de los fondos obtenidos tras la venta de un inmueble en Sestao. En conjunto, la UCO cifra en torno a 250.000 euros las cantidades abonadas por la compañía al grupo Hirurok.

La operativa se prolongó hasta 2024

Para la Fiscalía, la implicación de Rodríguez-Urrutia no terminó con la aprobación del rescate. El consejero habría participado junto a Fernández en la elaboración de un "plan de pasos" para tratar de renegociar las condiciones financieras del préstamo concedido por la SEPI y rebajar los intereses aplicados.

Además, el Ministerio Público sostiene que el 19 de noviembre de 2024 Urrutia comunicó a Fernández que remitiría a Leire Díez el borrador del escrito con el que Tubos Reunidos pretendía solicitar a la SEPI autorización para disponer de los fondos obtenidos tras la venta del inmueble de Sestao sin destinarlos íntegramente a amortizar deuda. Según la investigación, el documento fue revisado y corregido por la supuesta 'fontanera' antes de ser presentado al organismo público.

Todos estos elementos han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a atribuir a Francisco Irazusta y a Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia su presunta participación en los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada con ánimo de lucro.