Vicente Fernández "recomendó" enviar una carta a Presidencia del Gobierno con la solicitud para el rescate de Tubos Reunidos

El socio de la exmilitante Leire Díez y expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, "recomendó" elevar la solicitud del rescate de Tubos Reunidos a la Presidencia del Gobierno y al Ejecutivo vasco para intentar acelerar su tramitación. Así lo recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Independiente, en el que se reconstruye el papel de Fernández como miembro del grupo Hirurok, una organización integrada además por la propia Díez y el empresario Antxón Alonso cuya actividad investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Los investigadores sitúan a Fernández como una de las piezas clave en la dinámica que rodeó la concesión del rescate de 112,8 millones de euros a esta siderúrgica vasca a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI. La operación se remonta a septiembre de 2020, cuando Tubos Reunidos solicitó información sobre el fondo. Apenas unos días después, Fernández entra en contacto con los directivos de la compañía y comienza a implicarse en el seguimiento del expediente.

La UCO sostiene que el expresidente de la SEPI no se limitó a ejercer una labor de asesoramiento informal, sino que asumió un papel activo en la "intermediación" entre la empresa y distintos niveles de la Administración.

El punto de inflexión llegó en la primavera de 2021, cuando la tramitación de la ayuda empezó a acumular retrasos y resistencias dentro del Gobierno. Es entonces cuando Fernández habría trasladado la necesidad de escalar las gestiones a instancias superiores, insistiendo en la conveniencia de implicar no solo a la estructura técnica de la SEPI, sino también a otros actores "por arriba del todo". Incluso al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

La "hoja de ruta" de la presión política

En mayo de 2021, la situación financiera de Tubos Reunidos era calificada de "tremenda" por sus propios directivos. La demora en la aprobación del rescate por parte del Consejo Gestor del FASEE amenazaba con abocar a la compañía a un escenario concursal, en medio de crecientes tensiones con proveedores, clientes y sindicatos. Ante esa situación, el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Francisco Irazusta, recurrió a Fernández en busca de consejo.

El 5 de mayo, el presidente de la siderúrgica alavesa envió un mensaje a Fernández expresando su profunda preocupación por los plazos de la SEPI: "Te pido consejo para que me ayudes a tomar los pasos adecuados sin crear más tensión de la que ya imagino está gestionando el equipo". Asimismo, Irazusta planteó la posibilidad de redactar una carta de auxilio o de solicitar la intervención directa de la Consejera de Industria del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, para que mediara ante el Ministerio de Hacienda.

Máxima confidencialidad

Tres días después, Fernández respondió devolviendo un borrador corregido de la carta bajo el asunto Solicitud de resolución urgente expediente 07-05-21(1).Tal y como detalla la UCO, Fernández remitió su versión del borrador exigiendo a Irazusta "completa confidencialidad". El expresidente de la SEPI era plenamente consciente de lo comprometido de su situación, justificando esta cautela en que se trataba de un asunto "muy delicado por su relación con quienes han sido compañeros" dentro del organismo público.

Más allá de las correcciones técnicas al texto, los investigadores destacan la estrategia que Fernández "recomendó" para aumentar la presión sobre el expediente de Tubos. Lejos de limitar la queja a los cauces ordinarios de la SEPI, el 'tercero' de los Hirurok aconsejó diversificar las vías. De este modo, recomendó remitir la citada carta de solicitud urgente a la Presidenta de la SEPI —entonces, Belén Gualda—, y también "a la Presidencia del Gobierno, así como al Gobierno Vasco".

Unos 250.000 euros para el grupo Hirurok

La estrategia de presión dio sus frutos semanas después. Tras superar diversas reticencias internas en el Consejo Gestor —como la oposición inicial de la Secretaría de Estado de Energía por motivos ecológicos—, el 13 de julio de 2021 se aprobó formalmente el rescate de Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros. Tras ello, los investigadores apuntan a que la empresa habría destinado cerca de 250.000 euros a retribuir las gestiones vinculadas a Hirurok.

De esa cantidad, unos 114.950 euros fueron abonados entre 2021 y 2023 a la mercantil Mediaciones Martínez —cuyo accionista mayoritario era Antxón Alonso—, mientras que otros 132.500 euros fueron percibidos directamente por el expresidente de la SEPI entre finales de 2023 y 2025.

La investigación de la UCO sitúa estas gestiones dentro de una operativa más amplia desarrollada por el denominado grupo Hirurok —"nosotros tres", en euskera—, la presunta trama integrada por Díez, Fernández y Antxón Alonso para obtener 'mordidas' por su intermediación en adjudicaciones públicas. 

Según los agentes del Instituto Armado, Fernández aportaba sus contactos y conocimiento interno de la SEPI, mientras que Leire Díez facilitaba el acceso a dirigentes socialistas, entre ellos Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE. Por su parte, Antxón habría actuado como enlace con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y puso a disposición del grupo la mercantil Mediaciones Martínez.