El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado la solicitud de medida cautelar presentada por el Ministerio de Sanidad y ha ordenado al gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

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Así consta en un auto dictado por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, al que ha tenido acceso El Independiente. El litigio tiene su origen en la aplicación de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificó la normativa vigente e introdujo la obligación de que cada comunidad autónoma disponga de un registro de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia respecto a la práctica de abortos.

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Según el Gobierno, la falta de este instrumento organizativo dificulta la planificación sanitaria y la garantía del acceso a la prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. La Abogacía del Esado destacó que la creación de este instrumento permite planificar adecuadamente la prestación sanitaria, garantizar la igualdad en el acceso a la misma y proteger simultáneamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios.

Asimismo, señaló que la mayoría de las comunidades autónomas ya han creado el correspondiente registro o se encuentran en proceso de hacerlo, mientras que la Comunidad de Madrid no, a pesar de los requerimientos formulados por el Ministerio de Sanidad.

La Comunidad recurrirá la decisión

El Gobierno regional liderado por Ayuso se opuso a la adopción de la medida alegando que, entre otras cuestiones, la creación del registro constituye una medida organizativa que requiere desarrollo reglamentario y que su imposición cautelar podría suponer una anticipación del resultado del proceso principal. Ahora, el Tribunal indica que si bien la medida cautelar no implica la puesta en marcha inmediata, sí obliga a la Comunidad a iniciar los procedimientos administrativos necesarios para su elaboración y aprobación.

Por su parte, el Ejecutivo regional ha avanzado que recurrirá la decisión de la Sección Octava. La Consejería de Sanidad ha recordado que la decisión "solo acepta la cautelar" solicitada desde el Ministerio e insta a iniciar los trámites pero "no entra aún en el fondo" de la cuestión principal.

Fuentes del departamento que dirige Fátima Matute que recoge Europa Press han avanzado que se presentará recurso en reposición cautelar contra este decisión. Lo hace puesto que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso " está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo".