La causa abierta contra la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, por presuntos delitos de corrupción relacionados con adjudicaciones públicas durante su etapa como concejal ha sido archivada. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero ha acordado el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios de delito tras más de cinco años de investigación.

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Así consta en un auto, adelantado por 'elDiario.es' y al que ha tenido acceso El Independiente, en el que la magistrada concluye que de las diligencias practicadas "no ha quedado acreditada la existencia de indicios racionales" de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias o fraude contra la Administración Pública.

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La investigación se remonta a 2020 y tenía su origen en una denuncia sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Arroyomolinos a empresas vinculadas al empresario Francisco Roselló, así como en presuntos pagos a Millán y contrataciones de su entorno familiar.

Sin embargo, tras analizar la documentación y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juzgado concluye que no se han detectado irregularidades en los contratos investigados. En concreto, se examinaron nueve adjudicaciones, siete mayores y dos menores, tramitadas entre 2005 y 2011 desde las concejalías de Cultura y Juventud, esta última dirigida por Millán, sin que se aprecie arbitrariedad en su concesión.

Respecto a los ingresos percibidos por la dirigente —más de 51.000 euros entre 2008 y 2014— el auto recoge que corresponden a un contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda de su propiedad, descartando que exista relación con las adjudicaciones municipales. "No concurre ningún elemento indiciario" que vincule esos pagos con los contratos, señala la resolución.

Igualmente, la instructora descarta que Millán influyera en la contratación de su hermana o de su pareja en empresas relacionadas con el empresario investigado. Más allá de la relación personal, subraya el auto, no hay indicios de trato de favor ni de intervención de la entonces concejal.