Los sindicatos quieren reformar el contrato a tiempo parcial para dar "continuidad a la reforma laboral de 2021"

Los sindicatos UGT y CCOO se han reunido este martes para presentar las cuatro líneas maestras de su propuesta sindical en el marco de la renovación del sexto Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Dentro de esta agenda conjunta, han destacado como prioridades: la reforma del contrato a tiempo parcial, una batería de propuestas para mejorar el acceso de la ciudadanía a la vivienda, la reforma del despido improcedente y el refuerzo del diálogo social.

En primer lugar, el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, ha defendido la necesidad de "fortalecer el mercado de trabajo, dando continuidad a la reforma laboral de 2021", subrayando que uno de los principales objetivos debería ser garantizar "que el agujero de la precariedad que todavía persiste, especialmente por el abuso del contrato a tiempo parcial, tenga un freno en nuestro país".

Para ello, los sindicatos proponen causalizar "la arbitrariedad" del uso del contrato a tiempo parcial, limitando su utilización a supuestos justificados. "El contrato a jornada completa tiene que ser el contrato ordinario en nuestro país y la excepcionalidad tiene que ser la que justifique el contrato a tiempo parcial", ha señalado Pacheco en línea con el esquema introducido en la reforma laboral de 2021 para restringir la temporalidad.

Además, CCOO y UGT plantean regular de forma más estricta el uso de las horas complementarias en los contratos temporales, con el objetivo de evitar que se utilicen como un mecanismo encubierto de ampliación de la jornada sin las garantías correspondientes. Para revertir esta situación, plantean consolidar en el contrato la regulación de las horas complementarias a través de dos fórmulas —aplicando "la más beneficiosa para el trabajador"—: el 80% de la media de horas extraordinarias realizadas en el último año o el 100% de media de los últimos dos años.

Por último, el secretario general de CCOO de Cataluña propone reforzar los derechos de las personas trabajadoras a tiempo parcial estableciendo que, en caso de vacantes en la empresa, tengan prioridad para acceder a puestos a jornada completa frente a nuevas contrataciones externas, favoreciendo así la estabilidad y la promoción interna.

Acceso a la vivienda

En lo referente a la vivienda, los sindicatos proponen medidas estructurales con actuaciones inmediatas para hacer frente a la actual crisis de acceso. Por un lado, proponen la creación de un parque público de vivienda asequible de carácter permanente y la creación de un fondo público destinado a impulsar la construcción de entre 50.000 y 100.000 viviendas al año. Un instrumento que se financiaría mediante una combinación de recursos públicos y privados, incluyendo ahorro individual, inversión colectiva, fondos europeos y participación institucional.

Asimismo, los sindicatos plantean reforzar el cumplimiento de la Ley de Vivienda de España de 2023, mediante una reforma que permita garantizar su aplicación en todo el territorio. En concreto, proponen que, en caso de inacción por parte de las comunidades autónomas, el Estado o las administraciones locales puedan intervenir.

Entre el resto de propuestas, destacan la regulación de las viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, incluyendo la aplicación de un IVA del 21% a esta actividad, así como una mejor regulación del alquiler temporal, para evitar que se utilice como vía para eludir los límites legales de precios en las zonas tensionadas.

Y por último, el paquete también incluye medidas financieras, como la introducción de nuevos criterios de referencia para los tipos de interés, vinculados a la deuda soberana en lugar de indicadores de mercado, y reforzar las ayudas públicas dirigidas a colectivos vulnerables, con subvenciones que permitan hacer frente a situaciones de dificultad en el pago del alquiler o la hipoteca, evitando escenarios de exclusión residencial.

Reforma del despido improcedente

Por su lado, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha explicado las dos propuestas restantes. En lo referente a la reforma del despido improcedente, una cuestión que los sindicatos llevan meses situando en el centro del debate, ambas organizaciones han recordado que han presentado reclamaciones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, al considerar que el sistema español "no es disuasorio ni resarcitorio".

Ante ello, Luján ha planteado recuperar los salarios de tramitación eliminados en la reforma laboral de 2012, así como reforzar el sistema de indemnizaciones fijando unos mínimos para que tenga en cuenta el daño causado al trabajador y cumpla una función disuasoria. "No se trata solo de aumentar los días de indemnización, sino de construir un sistema que no haga rentable despedir de manera injusta", ha explicado. No obstante, el Tribunal Supremo de España ya ha zanjado esta cuestión rechazando que se pueda incrementar la indemnización.

Asimismo, las propuestas sindicales también plantean modificar el actual esquema de decisión en los despidos improcedentes para que sea la persona trabajadora —y no la empresa— quien elija entre la readmisión o la indemnización; así comos reforzar la vigilancia sobre los despidos durante el periodo de prueba —ante el aumento de extinciones sin causa— y otorgar un mayor papel a la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos.

Reforzar el diálogo social

Finalmente, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha incidido en la necesidad de fortalecer la negociación colectiva institucionalizando un Consejo del Diálogo Social.

Una figura tripartita —con la presencia del Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas— presidida por el jefe del Ejecutivo, cuyo objetivo sería consolidar este espacio de concertación y evitar decisiones unilaterales al margen del diálogo social.