Las víctimas saharauis exigen su inclusión en las políticas de Memoria Democrática

La reciente creación de la Comisión de la Verdad, anunciada por el Consejo de la Memoria Democrática el 25 de marzo de 2026, ha reavivado las exigencias de diversas organizaciones para incluir a las víctimas del Sáhara Occidental en las políticas de memoria. Durante el dominio español, que se extendió entre 1884 y 1976, la población saharaui sufrió persecución política y represión, una realidad que actualmente la legislación no contempla de forma expresa en su articulado.

El informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo, publicado en 2025, saca a la luz episodios represivos sistemáticos, como la violencia ejercida en la manifestación de Zemla o la desaparición del líder Mohamed Bassiri. El documento denuncia el trato discriminatorio de la llamada Operación Golondrina, donde la población española de origen europeo fue evacuada e indemnizada, mientras que los saharauis quedaron desprotegidos bajo ocupación militar, un hecho que las organizaciones califican abiertamente como discriminación racial y una deuda histórica pendiente.

Ante la oportunidad histórica que representa la constitución de esta nueva Comisión de la Verdad, las entidades memorialistas y saharauis han trasladado una serie de peticiones formales al Gobierno. En concreto, solicitan que el Sáhara Occidental se convierta en una línea específica de investigación dentro de las políticas públicas de memoria democrática. Exigen, de manera prioritaria, el reconocimiento oficial de todas las víctimas y el acceso sin restricciones a los archivos y registros históricos del Estado.

Los colectivos demandan también la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática, promoviendo la participación directa de víctimas y familiares en los procesos. Diversos relatores de Naciones Unidas ya han advertido de la urgente necesidad de aplicar mecanismos de justicia transicional para abordar los legados del colonialismo, señalando a España y su papel en el Sáhara como un claro ejemplo donde persiste la obligación de garantizar reparaciones efectivas.

Tras el abandono del territorio, el Sáhara Occidental desapareció de forma progresiva y deliberada de los manuales educativos españoles, generando un profundo vacío historiográfico. Esta amnesia institucional ha dificultado que la sociedad española conozca las dramáticas consecuencias humanas y políticas de aquella fallida descolonización. Las asociaciones insisten en que la violencia cometida durante la dictadura y la transición no se limitó a la Península, sino que afectó duramente a los territorios bajo administración colonial.

Finalmente, las organizaciones memorialistas advierten que mantener este vacío histórico resulta inaceptable para una democracia plena que busca la reconciliación con su propio pasado. Para los defensores de esta causa, reconocer a las víctimas saharauis no significa reabrir heridas del pasado, sino completar el proceso democrático español, asegurando definitivamente que ninguna persona reprimida quede excluida del derecho inalienable a la verdad, la justicia y la reparación.