Aragón obligará a activar los protocolos contra el acoso escolar ante cualquier indicio y a proteger a la víctima en 24 horas

El Gobierno de Aragón ha aprobado una nueva normativa para reforzar y agilizar la respuesta de los centros educativos ante casos de acoso escolar, ciberacoso u otras formas de violencia entre iguales. La orden, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón, será de aplicación en todos los centros de la comunidad, con independencia de su titularidad, incluidos los privados.

La principal novedad es la obligación de activar de forma inmediata los protocolos ante cualquier indicio razonable de acoso, sin esperar a que los hechos estén plenamente acreditados. El objetivo es anticipar la intervención, evitar que las situaciones se agraven y garantizar una respuesta común en todo el sistema educativo aragonés.

La norma establece que los centros deberán adoptar medidas de protección para la posible víctima en un plazo máximo de 24 horas. Estas actuaciones deberán orientarse a reforzar la seguridad, el acompañamiento y la atención inmediata al alumnado afectado.

Además, el plazo máximo para instruir y resolver cada caso se reducirá de 21 a 10 días. El Ejecutivo autonómico también prevé aligerar la carga burocrática de los equipos directivos: los documentos que deberán cumplimentar los centros pasarán de diez anexos a cuatro.

Procedimientos listos para el nuevo curso

Aunque la orden contempla un plazo de seis meses para adaptar los protocolos, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte trabaja con la previsión de que los nuevos procedimientos estén listos para entrar en vigor en septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso. Antes se celebrarán jornadas de formación y difusión dirigidas a la comunidad educativa.

La regulación concreta también las actuaciones que deberán seguirse en estos casos, con garantías de confidencialidad, comunicación con las familias y coordinación con la Inspección de Educación, la Red Integrada de Orientación Educativa y, cuando sea necesario, con los servicios sociales, sanitarios o las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido que la nueva normativa supone un “paso decisivo” para reforzar la protección del alumnado y consolidar “un entorno educativo seguro, inclusivo y respetuoso”. Según ha señalado, la orden dota a los centros de procedimientos “más claros, rápidos y eficaces” para actuar frente al acoso escolar “desde el primer indicio”.