El DAO de la Guardia Civil quería que el jefe de la UCO "amonestara verbalmente" al agente que investigó a la mujer de Sánchez

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández, trasladó a la cúpula del cuerpo la propuesta de que el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) amonestara verbalmente a un analista que participó en el tratamiento de información incluida en investigaciones judiciales que afectaban a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Así consta en un informe de la propia UCO incorporado a la causa del denominado ‘caso Leire’ y al que ha tenido acceso El Independiente, en el que se detallan varias informaciones reservadas abiertas en el seno de la Guardia Civil en los últimos años relacionadas con investigaciones de especial sensibilidad institucional. El documento sitúa este episodio dentro de la información reservada núm. 1/24 de Estado Mayor, abierta en diciembre de 2024 por orden del DAO como consecuencia de la inclusión en un informe dirigido a la autoridad judicial de una cuenta de correo electrónico asociada a la mujer del presidente del Gobierno.

Según recoge el informe, aquella investigación se abrió para determinar “los términos en los que se elaboró aquel documento, por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad”. La referencia se produce en el marco de unas diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el procedimiento en el que se investigaban hechos vinculados al hermano del presidente del Gobierno.

El uso de información judicial

El origen de la información reservada estuvo en la inclusión, en un informe remitido a la autoridad judicial, de una cuenta de correo electrónico utilizada por Begoña Gómez: [email protected]. Ese dato aparecía en un análisis documental incorporado a unas diligencias judiciales, junto con instrucciones para la visualización de correos electrónicos. La apertura del procedimiento administrativo buscaba esclarecer si la inclusión de esos datos personales en un informe policial dirigido al juzgado podía haber generado algún tipo de responsabilidad disciplinaria.

En el marco de la instrucción, el General Jefe de Estado Mayor requirió documentación a la UCO y solicitó la comparecencia de su jefe, así como explicaciones sobre la elaboración del informe cuestionado. La unidad remitió una nota de despacho explicativa con el detalle de lo ocurrido.

Sin responsabilidad disciplinaria

El informe de la UCO señala que el instructor del expediente concluyó la información reservada sin apreciar responsabilidad disciplinaria en la actuación de los agentes implicados. Sin embargo, el cierre del procedimiento no supuso el archivo sin consecuencias. Según recoge el documento, el instructor añadió una recomendación expresa dirigida a la cadena de mando de la UCO.

En concreto, el informe indica que el instructor concluyó la información reservada “sin identificar responsabilidad disciplinaria”, pero con la indicación de que el jefe de la UCO debía proceder a una amonestación verbal al analista que había elaborado el análisis de los correos electrónicos por encargo de la autoridad judicial. La medida no consistía en una sanción formal dentro del régimen disciplinario, pero sí en un correctivo interno de carácter verbal, dirigido al agente que había intervenido en la elaboración del análisis técnico.

El DAO asumió la propuesta del instructor

Tras la finalización de la información reservada, el DAO de la Guardia Civil remitió un escrito a la directora general del cuerpo, Mercedes González, fechado el 13 de enero de 2025, en el que daba cuenta de las conclusiones del procedimiento. En ese documento, el director adjunto operativo asumía la propuesta del instructor y trasladaba su conformidad con la recomendación de que el jefe de la UCO procediera a la amonestación verbal del analista implicado.

De esta forma, la cadena de mando avalaba un correctivo interno sobre un agente que había participado en el tratamiento de información vinculada a una causa judicial en la que se investigaban hechos relacionados con el entorno familiar del presidente del Gobierno.

Tres informaciones reservadas

El informe de la UCO enmarca este episodio dentro de un conjunto de, al menos, tres informaciones reservadas abiertas en distintos momentos entre finales de 2024 y 2025, todas ellas relacionadas con actuaciones de la unidad sobre investigaciones de especial relevancia. En el caso de la información reservada 1/24, el documento destaca que el procedimiento se activó tras la inclusión de datos personales en un informe dirigido a la autoridad judicial y que su objetivo era determinar si la actuación de los analistas podía derivar en responsabilidades.

Sin embargo, el propio informe subraya que no se detectó ninguna comunicación formal de apertura en los registros internos de la unidad, lo que significa que la UCO tuvo conocimiento del procedimiento sin notificación administrativa registrada.

El documento recoge expresamente que no consta en el registro de entrada de la unidad ninguna comunicación o notificación relativa a la incoación de la información reservada. Este extremo se considera relevante dentro del análisis de la UCO, que señala la ausencia de trazabilidad administrativa en la apertura de algunos de estos procedimientos internos. A pesar de ello, la investigación siguió su curso, con solicitud de documentación, toma de declaraciones y revisión del informe original remitido al órgano judicial.

El papel del DAO en la cadena de decisiones

La figura del DAO aparece en el informe como el responsable de la orden de incoación de la información reservada de diciembre de 2024, así como de la supervisión posterior de sus conclusiones. Según el documento, el DAO informó posteriormente a la dirección general de la Guardia Civil de los resultados del procedimiento y asumió las recomendaciones del instructor, incluida la amonestación verbal del agente.

El caso se integra en un conjunto más amplio de informaciones reservadas analizadas por la UCO en relación con actuaciones internas del cuerpo en investigaciones judiciales de alto perfil. El documento destaca que estos procedimientos, aunque formalmente administrativos, han afectado en distintos momentos a unidades encargadas de investigaciones sobre causas sensibles que involucran a miembros del entorno del Gobierno.