Hazte Oír fija en 13 años la petición de cárcel para Begoña Gómez y solicita que Sánchez declare como testigo

La asociación Hazte Oír, que lidera la acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, ha fijado finalmente en 13 años de prisión la pena que solicita para la esposa del presidente del Gobierno por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. El escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, mantiene además la petición de que Pedro Sánchez declare como testigo durante el juicio.

La nueva calificación sustituye íntegramente a los escritos presentados con anterioridad y rebaja de 24 a 13 años la petición inicial de prisión, después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara el pasado 16 de julio enviar a Begoña Gómez a juicio por dos de los cuatro delitos que inicialmente se le reclamaban. Los magistrados descartaron los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y mantuvieron únicamente los de tráfico de influencias y malversación.

En concreto, Hazte Oír solicita dos años de prisión para Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias relacionado con la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. La acusación sostiene que la esposa del presidente aprovechó su posición para impulsar la puesta en marcha de ese proyecto universitario y obtener su dirección. A esa petición suma otros tres años de prisión por un delito continuado de malversación al considerar que la exasesora de Moncloa, Cristina Álvarez, dedicó durante años su jornada laboral a atender asuntos privados de Gómez relacionados con la cátedra, sus patrocinadores y el desarrollo del software financiado por la Complutense.

El grueso de la pena, sin embargo, corresponde al presunto desvío del software desarrollado en el seno de la cátedra. Por estos hechos, Hazte Oír solicita otros ocho años de prisión por un delito de malversación agravada al entender que Begoña Gómez se apropió de un activo financiado con fondos públicos y aportaciones privadas mediante el registro de marcas, el control del dominio web y la constitución de la sociedad mercantil Transforma TSC, de la que figura como administradora y socia única. Respecto a Cristina Álvarez, la acusación popular reclama seis años de prisión al atribuirle la condición de cooperadora necesaria en este último delito de malversación.

Sánchez, Bolaños y Murtra, entre las peticiones de testigos

La lista de peritos y testigos propuestos por la acusación popular supera el centenar de nombres y abarca desde altos directivos de las empresas que colaboraron con la cátedra —como el expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, o el entonces presidente de Indra, Marc Murtra— hasta responsables de la Complutense y agentes de la UCO que firmaron los distintos atestados de la investigación.

Entre ellos figura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "su relación con la acusada" y la "utilización de la Moncloa" como ámbito "relacional" del proyecto investigado. También reclaman la testifical del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por resultar "determinante" para esclarecer el nombramiento de Cristina Álvarez y "el alcance" de su puesto; y la declaración del exrector de la Complutense Joaquín Goyache, entre otros.

Además, Hazte Oír interesa como medidas cautelares la prohibición de disponer de las participaciones de Transforma TSC S.L., de las marcas registradas por Gómez y del dominio transformatsc.org, con el fin de evitar que esos activos puedan ser transmitidos antes de que concluya el procedimiento.

Frente a la posición de la acusación popular, la Fiscalía mantiene que los hechos investigados no constituyen delito y ha solicitado el archivo de la causa. Por su parte, el Gobierno defiende que la investigación responde a una persecución política y niega que existiera un perjuicio económico para la Universidad Complutense o un aprovechamiento personal por parte de Begoña Gómez.