Sumar reclama suspender el Mundial con Marruecos si no se garantizan los derechos humanos en la frontera

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que solicita que España se replantee la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030 con Marruecos. Esta iniciativa surge como respuesta directa a la reciente crisis migratoria ocurrida la semana pasada en la frontera de Ceuta. El socio minoritario del Ejecutivo español insta al Gobierno a evaluar esta drástica medida en coordinación con la FIFA, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Gobierno de Portugal, el tercer país organizador del torneo deportivo internacional.

La propuesta parlamentaria cuenta con la firma del diputado de Izquierda Unida, Nahuel González, quien ya se había manifestado públicamente a favor de romper la alianza con el país vecino para este evento. La formación defiende firmemente que el deporte no debe ser utilizado para eludir responsabilidades políticas, aseverando tajantemente en el texto registrado que "El fútbol no puede servir para blanquearlo todo". En caso de que la FIFA rechace modificar el actual esquema, Sumar plantea que el Gobierno español debe poner alternativas sobre la mesa y "actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos" que rigen su acción exterior.

En el texto registrado, la coalición justifica la urgente necesidad de "realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2030, a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta". Asimismo, la propuesta se apoya en los precedentes marcados por el Parlamento Europeo y los compromisos de derechos humanos suscritos por las naciones anfitrionas. El grupo plurinacional recuerda la resolución europea de junio de 2021, que rechazó el uso de la migración y el control fronterizo por parte de Marruecos como un mecanismo de presión política contra España.

La formación política también apunta de manera directa a la Federación Española de Fútbol, reclamándole que active de forma autónoma los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para vigilar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos. Dicho artículo compromete de manera explícita a la federación internacional con el respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Por ello, se solicita formalmente una "evaluación independiente, pública y actualizada de riesgos para los derechos humanos" en las naciones anfitrionas, estableciendo sistemas permanentes de seguimiento a lo largo de la preparación del campeonato.

La propuesta pretende hacer partícipe al Congreso de los Diputados de todo este proceso, exigiendo al Ejecutivo la entrega de un informe detallado en un plazo no mayor a seis meses. Este documento deberá desglosar las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, los contratos vigentes, así como las alternativas y consecuencias de cada posible escenario de organización. Adicionalmente, se requiere la comparecencia del Gobierno en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para rendir cuentas de sus gestiones y evaluar el impacto de los sucesos de Ceuta sobre el torneo.

Más allá del caso concreto de 2030, Sumar reclama que el Gobierno impulse una reforma estructural ante la FIFA en los procesos de adjudicación de grandes competiciones. La intención es integrar cláusulas de derechos humanos que sean de carácter "permanentes, independientes y exigibles", contemplando incluso la posibilidad de retirar la condición de país organizador ante incumplimientos de gravedad. De este modo, la concesión de grandes campeonatos quedaría supeditada a un estándar de cumplimiento ético estricto y auditable.

Finalmente, la iniciativa parlamentaria no olvida el factor humanitario y solicita promover el "esclarecimiento independiente" de los hechos de Ceuta en los ámbitos bilateral, europeo e internacional. Tras haber solicitado previamente la intervención de la ONU, la formación insiste en la necesidad de identificar a las víctimas fallecidas y desaparecidas, así como exigir la "depuración de responsabilidades" correspondan. Asimismo, se insta a la adopción de mecanismos eficaces de salvamento de vidas, alerta temprana y protección especial de menores de edad en el ámbito fronterizo.