Las agresiones a policías y guardias civiles cuestan al Estado más de 417 millones de euros al año

La violencia ejercida contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado constituye un problema que trasciende el ámbito policial. Además de las consecuencias físicas y psicológicas que sufren los agentes, las agresiones generan una importante carga económica para las arcas públicas. Según el estudio 'El coste de la violencia contra los agentes de Policía y Guardia Civil en España,' elaborado por la Universidad Nebrija, las agresiones registradas en el último ejercicio analizado generaron un coste directo estimado de 417.154.281 euros para el Estado.

Las conclusiones del análisis ya advierten de la existencia de un desafío estructural que, en los últimos años, ha llegado a Europa y se ha consolidado como "una preocupación institucional" a nivel comunitario. En mayo 2025, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo llevó a cabo una investigación en Algeciras y Barbate para evaluar los riesgos a los que se enfrentan los agentes, el incremento de la violencia contra las fuerzas policiales y sus repercusiones socioeconómicas que arrojó luz y permitió establecer algunas conclusiones.

Doxing, nueva práctica de agresión contra la policía

El debate europeo cobró aún mayor relevancia en marzo de 2026, con la publicación por parte del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de un informe específico sobre la profesión policial como actividad de riesgo. El documento señaló que la exposición de los agentes a agresiones físicas y verbales puede provocar graves daños físicos y emocionales y pone de manifiesto, además, la falta de estadísticas completas nivel europeo sobre las agresiones contra policías, así como la ausencia de un método uniforme para registrarlas y notificarlas entre los distintos Estados miembros.

El informe destaca también un contexto de creciente violencia contra los agentes en el ejercicio de sus funciones, que ya no se limita a las agresiones físicas o verbales; a estas amenazas se suman nuevas formas de acoso digital, entre las que destaca el doxing, una práctica consistente en difundir información privada de los agentes y de sus familiares. La expansión de este tipo de prácticas pone de manifiesto que la protección de los cuerpos policiales debe abordarse ahora también desde una perspectiva digital.

Este contexto europeo refuerza las conclusiones de los investigadores de la Universidad Nebrija, quienes sostienen que la violencia contra las fuerzas del orden "trasciende el ámbito estrictamente policial y genera consecuencias para las instituciones y para el conjunto de la sociedad". Su análisis parte de la idea de que cada agresión contra un funcionario activa una cadena de intervenciones que moviliza recursos públicos y genera costes que pueden prolongarse en el tiempo y que no se limitan exclusivamente al marco sanitario.

417 millones de euros de coste directo anual

Para elaborar el análisis, la Universidad utilizó un modelo de estimación económica que tiene su base en datos oficiales procedentes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, el Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, el propio documento aclara que "la falta de información pública desagregada impide incorporar numerosos costes indirectos que también recaen sobre las administraciones", algo que coincide con la denuncia de Bruselas.

Entre tanto, el resultado es una estimación de 417 millones de euros de coste directo anual, una cifra que pone de manifiesto que el mayor impacto económico de las agresiones no procede del tratamiento médico de los agentes lesionados, sino de toda la maquinaria administrativa, policial y judicial que se activa tras cada ataque.

En concreto, las actuaciones destinadas a esclarecer los hechos, identificar a los agresores y tramitar las correspondientes diligencias e investigaciones policiales representan aproximadamente 348 millones de euros anuales, más del 83 % del coste económico directo total estimado a tal efecto.

Administración de Justicia: la mayor partida económica

A esta partida se suman los costes derivados del funcionamiento de la Administración de Justicia; una gestión que supone un gasto estimado de 41,1 millones de euros al año, que incluye tanto la celebración de los juicios como los costes asociados a los procedimientos penales, como las costas judiciales derivadas de los procesos.

El estudio también señala que las bajas por enfermedad derivadas de las agresiones tuvieron una duración media de 36,6 días, lo que reflejaría, no solo la gravedad de algunas de las lesiones, sino también el impacto operativo que supone la ausencia temporal de los agentes.

Estas bajas obligan al resto de las plantillas a asumir una mayor carga de trabajo para cubrir a los compañeros lesionados, mientras que las agresiones pueden generar "estrés y sufrimiento emocional tanto en los propios agentes como en sus familias", según relata el informe. Además, existen otros costes que el estudio no puede incorporar plenamente por falta de datos desagregados, como "los daños ocasionados en equipamientos y vehículos policiales, la pérdida temporal de patrullas operativas, los costes penitenciarios derivados de las condenas de los agresores y otras consecuencias sociales".

Una estimación conservadora

Por ello, los investigadores consideran que los 417 millones de euros constituyen una estimación "conservadora" y parcial del verdadero impacto económico de la violencia contra los agentes. La cifra refleja únicamente aquellos costes que pueden ser identificados y cuantificados a partir de las fuentes oficiales disponibles, dejando fuera una parte significativa de las consecuencias indirectas.

Axon, una empresa que ha colaborado en el estudio, por su parte, sostiene que una inversión decidida en tecnologías y soluciones avanzadas puede contribuir a desescalar conflictos, prevenir incidentes y mejorar la gestión de las intervenciones. Desde esta perspectiva, la innovación tecnológica no solo puede contribuir a crear entornos de trabajo más seguros para los funcionarios de seguridad pública, sino también a reducir los costes asociados a las agresiones y a una respuesta posterior que moviliza importantes recursos públicos.