Casi la mitad de los condenados por delito fiscal se benefician de rebajas por la lentitud de la Justicia

Los retrasos de la Justicia tienen un efecto directo sobre las condenas por delitos fiscales. Entre el 35% y el 50% de las sentencias condenatorias por este tipo de delitos dictadas en los últimos cinco años incluyen una rebaja de condena por la lentitud del proceso, según reconoce la propia Fiscalía General del Estado en su Memoria de 2025. Un porcentaje "muy superior a la media del resto de delitos" que implica un "especial esfuerzo de seguimiento" para desatascar unos procedimientos que se eternizan.

Se trata de la atenuante de dilaciones indebidas, prevista en el artículo 21.6 del Código Penal, que permite reducir la responsabilidad penal cuando un procedimiento ha sufrido retrasos "extraordinarios e indebidos" no atribuibles al acusado. Puede apreciarse como simple o como muy cualificada —en ese segundo caso, la rebaja de condena es todavía mayor—.

Pero no es un problema nuevo. La Fiscalía recuerda que "en memorias de años anteriores ya se ha hecho referencia a esta problemática", sin que la situación haya mejorado. Al contrario, la proporción de condenas en las que se aplica la atenuante se mantiene en unos niveles que el propio Ministerio Público considera especialmente elevados frente al resto de delitos.

El atasco llega cuando toca decidir

La paradoja está en que el retraso no se concentra necesariamente en la investigación. En los delitos fiscales, el juzgado suele recibir el caso con buena parte del trabajo previo hecho. El expediente de la Agencia Tributaria (AEAT) que da pie al procedimiento penal "ya suele contener los datos y la base probatoria esenciales" sobre la existencia del delito y sus responsables, explica la Fiscalía. El problema llega después, cuando toca decidir.

La Memoria identifica como principal foco de las paralizaciones los llamados "momentos decisionales", los puntos del procedimiento en los que el asunto queda pendiente de que el órgano judicial adopte una decisión. Estos puntos pueden ir desde la respuesta a una petición de archivo de la defensa, al auto que transforma las diligencias en procedimiento abreviado o a la resolución de la Audiencia Provincial ante un recurso contra ese auto, entre otros. Y cuando las esperas alcanzan una duración "extraordinaria e indebida" y no son responsabilidad del acusado, el retraso termina entrando en la propia sentencia en forma de atenuante.

Se trata de un fenómeno similar al recogido en el capítulo de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, que denuncia haber sufrido "inasumibles dilaciones" de hasta siete años en sus macrocausas durante la fase intermedia de los procedimientos. Es decir, en el periodo entre que se presenta el escrito de acusación y el señalamiento del juicio oral. El Ministerio Público advierte de que estas dilaciones desembocan en una "general insatisfacción" de los ciudadanos "ante una respuesta penal lenta e insuficiente".

Incremento del fraude en el IVA de los hidrocarburos

Por otro lado, la Memoria de la Fiscalía destaca el incremento de procedimientos relacionados con impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol y gases fluorados. Además, el Ministerio Público dice que son investigaciones que presentan una característica añadida; las cantidades presuntamente defraudadas alcanzan en algunos casos importes especialmente elevados.

En el caso de los hidrocarburos, el fenómeno ha dejado además en los últimos años varias investigaciones de gran envergadura, con elementos similares y algunos nombres en común. La investigación de Villafuel, conocida también como caso Hidrocarburos y todavía abierta en la Audiencia Nacional.

Las pesquisas se centran en una presunta trama que habría defraudado 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024. Según la investigación judicial, la estructura empresarial habría estado encabezada por Villafuel y habría simulado transmitir combustible en régimen suspensivo a sociedades interpuestas cuando, en realidad, lo vendía a clientes finales. Con esta maniobra habría evitado ingresar las cuotas de IVA. Es la causa en la que se investiga, entre otros, a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

Por su parte, en el caso Gaslow también aparece el nombre de Rivas. El juez Santiago Pedraz ya dio por terminada la instrucción y propuso juzgar a 16 personas por un presunto fraude de unos 148 millones de euros en IVA entre 2018 y 2021. Hay otros procedimientos como el de Hafesa sobre el que ya se llegó incluso a dictar sentencia en noviembre de 2025. La Audiencia Nacional condenó a la compañía y a 14 de sus directivos por delitos relacionados con una trama de fraude del IVA de los hidrocarburos, organización criminal y blanqueo. Según a sentencia, fueron 154,7 millones de euros las cuotas de IVA dejadas de ingresar entre 2016 y 2019.

Más de 600 millones denunciados por fraude fiscal en un año

Por otro lado, la Agencia Tributaria remitió en 2025 al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales 166 expedientes por delito fiscal, frente a los 155 del año anterior. Aunque se mueve en una horquilla similar a la de otros ejercicios, el dinero presuntamente defraudado en los expedientes remitidos repuntó hasta los 613,3 millones de euros.

Según la Memoria del Ministerio Fiscal, el pasado año se dictaron además 133 sentencias por delitos contra la Hacienda Pública, de las que el 78,19% fueron total o parcialmente condenatorias. La Fiscalía considera este porcentaje "satisfactorio. El 41,35% de las sentencias condenatorias se dictaron de conformidad. Esto significa que los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo. En total, 108 condenados aceptaron esta opción.

Más de 81 millones de deuda con la Seguridad Social

La Memoria también recoge una ligera pero sostenida tendencia al alza de los procedimientos por delitos contra la Seguridad Social. Durante 2025 se iniciaron 126 procedimientos penales a partir de atestados de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional, un 11,71% más que el año anterior.

La gran mayoría, 124, estaban relacionados con presuntos fraudes en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Además, se contabilizaron ocho investigaciones por fraude de prestaciones, 75 por frustración de la ejecución de créditos de la Seguridad Social y tres por fraude de subvenciones. Ahora bien, un mismo procedimiento puede incluir varios de estos delitos, por lo que las cifras no son excluyentes.

La deuda total detectada en estos procedimientos ascendió a 81,4 millones de euros. De esa cantidad, prácticamente toda correspondía a deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, 79,87 millones. El resto se repartía entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (752.653 euros), el SEPE (218.456 euros) y otros organismos (579.721 euros).