30.000 millones de fondos europeos bajo un "futuro incierto" tras la treta legal del Gobierno con los plazos de Bruselas

El pasado 31 de agosto concluyó el plazo para completar los hitos y objetivos comprometidos por los Estados miembros dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, en un encuentro con periodistas para hacer balance de la ejecución del programa, Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del Partido Popular, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía, Economía Circular y Digitalización del PP, han calculado que alrededor de 30.000 millones de euros de fondos europeos se encuentran todavía bajo un "futuro incierto", ya que el Gobierno ha articulado mecanismos jurídicos para que determinados fondos puedan seguir gestionándose después de esta fecha.

Una de las principales operaciones afecta a 15.254 millones de euros que permanecían pendientes de ejecución y que el Gobierno ha reasignado a distintos organismos públicos a través de la novena modificación del Plan de Recuperación. El grueso de esta cantidad, 13.691 millones, se concentra en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), mientras que el resto se distribuye entre organismos como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepides), Red.es, la Fundación Biodiversidad o la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Es decir, el Gobierno ha trasladado estos 15.000 millones a estos organismos públicos, que deberán canalizarlos posteriormente a través de distintos instrumentos de financiación, inversión o ayudas. Una maniobra que permite "cerrar hitos sobre el papel sin probar un impacto inmediato en la economía real", según describen desde el Partido Popular, puesto que estos recursos siguen vinculados al Plan de Recuperación, aunque su aplicación efectiva todavía esté pendiente.

El Gobierno amplía "sin fecha límite" la ejecución de actuaciones ya iniciadas

Y la operación tiene una segunda parte. El 1 de septiembre, apenas un día después de que terminara el plazo europeo, el Consejo de Ministros aprobó una modificación que permitía "dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución", según resumen los populares.

El acuerdo quedó recogido en una resolución de la Subsecretaría de Hacienda publicada en el BOE el 12 de septiembre y permite al Gobierno mantener abiertas determinadas actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación más allá del 31 de agosto. Es decir, aunque el plazo para completar los hitos y objetivos ya había terminado, estas actuaciones pueden continuar desarrollándose sin que el acuerdo establezca una fecha concreta para su finalización.

Además, la modificación introduce un cambio en el sistema de control de estas actuaciones. En determinados casos, la certificación del organismo responsable será suficiente para acreditar que los gastos están vinculados a la ejecución del Plan, sin que tenga que pasar el control ordinario de la Intervención General del Estado. Es decir, permite que sea el propio organismo encargado de la actuación quien certifique que los gastos cumplen con los requisitos establecidos para el Plan de Recuperación.

Por todo ello, el Partido Popular cuestiona tanto la falta de transparencia de la modificación como las consecuencias que puede tener sobre el control de los fondos europeos. Los populares denuncian que el cambio normativo "no se incluyó en las referencias del Consejo de Ministros ni se le dio publicidad" y advierten de que "esta modificación es muy grave porque dificulta el cierre contable y la auditoría ex post de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo".

2.400 millones perdidos por incumplimientos

Además, los populares también calculan que España habría perdido alrededor de 2.400 millones de euros debido al incumplimiento del Gobierno asociado a objetivos e hitos comprometidos con Bruselas.

De esta cantidad, 1.361 millones ya están perdidos al no haberse completado dentro del plazo. Entre ellos figuran 626 millones vinculados a la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, 198 millones relacionados con la falta de avance en la subida del impuesto sobre el diésel, 304 millones destinados a inversiones en servicios de teleasistencia y otros 333 millones correspondientes a programas de formación y 68 proyectos dirigidos a colectivos vulnerables, emprendedores y microempresas.

Y por otro lado, desde el Partido Popular calculan que se habrían perdido otros 1.100 millones vinculados a la séptima solicitud de pago. Entre 250 y 300 millones asociados al incumplimiento parcial del hito relativo a la regulación de los grupos de interés, después de que el Congreso rechazara el proyecto de ley de 'lobbies', y otros 800 millones correspondientes a distintos hitos y objetivos cuyo cumplimiento consideran "difícilmente justificable" ante Bruselas.