Cuando todavía no se ha constituido el gabinete gubernamental de Fatima Zahra Mansouri, una de las primeras decisiones de la nueva jefa de Gobierno de Marruecos ya está siendo objeto de escrutinio en el país. La primera ministra se encuentra inmersa en una ronda de consultas con los representantes de los partidos en el Parlamento, para sondear cuáles son sus opciones de cara a la formación del Ejecutivo marroquí. Y una de estas reuniones no ha gustado entre el resto de sus conciudadanos.

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A las pocas horas de hacerse público su nombramiento, Mansouri mantuvo un encuentro con Mahmoud Archane, el líder del Movimiento Democrático y Social. Se trata de una pequeña formación de ocho diputados, surgida en 1996 como escisión del Movimiento Popular. Pese a su reducido peso en el Parlamento, el nombre de su principal dirigente es bien conocido entre los marroquíes.

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Como comisario de Derb Moulay Cherif, Archane se ganó un sobrenombre durante los años de plomo bajo el reinado de Hassan II: "el Verdugo". Así lo ha descrito la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en un contundente comunicado de denuncia tras su reunión con la primera ministra. Durante su etapa en la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), la policía marroquí, fue responsable de una comisaría que funcionó como centro secreto de detención y tortura del Estado, símbolo de la represión en Marruecos.

Derb Moulay Chérief, símbolo del terror en Marruecos

Desde que se jubiló de la policía hace décadas, Archane se ha involucrado en la política marroquí. Sin embargo, la población no ha olvidado su pasado dentro de la DGSN. "Su nombre figuraba en las listas de torturadores que la asociación había publicado previamente como parte de su documentación sobre las violaciones de ese período", asegura la AMDH.

"¿Qué les decías a tus hijos mientras les acariciabas la cabeza con esas mismas manos que, apenas unas horas antes, habían estado sujetando los cables eléctricos o descargando golpes sobre nuestros cuerpos desnudos y suspendidos en el aire?". En Carta abierta a mi torturador, el activista Salah El Ouadie trazó un esbozo de lo que sucedía en los sótanos de Derb Moulay Cherif durante la década en la que estuvo preso. Este centro de detención fue uno de los principales exponentes de la brutalidad con la que Hassan II persiguió a opositores y disidentes durante casi dos décadas, tras los dos golpes de Estado frustrados a comienzos de los años setenta.

Como responsable de esta comisaría negra, Archane ha sido señalado en reiteradas ocasiones como uno de los nombres asociados al período de "graves violaciones de derechos humanos conocido como los años de plomo", según recuerda la AMDH. En este sentido, la asociación asegura que Derb Moulay Cherif y otros centros de detención secretos no fueron "meros lugares fugaces en la historia", sino parte de un sistema de represión política.

Una represión que afectó a miembros del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), liderado por la primera ministra Mansouri, que elige ahora reunirse con uno de los responsables de las violaciones de derechos que afectaron a sus compañeros de filas. El propio Salah El Ouadie fue miembro de la formación en sus inicios, aunque acabaría por distanciarse del partido.

La Comisión de Equidad y Reconciliación

A los pocos años de su ascenso al trono, Mohamed VI instauró la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), una comisión de la verdad que buscaba investigar las violaciones de derechos cometidas durante el reinado de su padre. En su informe final, dicha instancia reconocía la condición de Derb Moulay Cherif como centro de detención ilegal. "La IER ha podido determinar que 173 personas habían fallecido durante su detención arbitraria o desaparición, entre 1956 y 1999, en centros de detención como el de Derb Moulay Chérif", reza el texto.

Dicho informe proponía una serie de medidas para asegurar la "no repetición" de tan graves violaciones de derechos humanos. Entre ellas, reformas constitucionales, una "estrategia nacional contra la impunidad", el acceso a los archivos nacionales para garantizar la transparencia histórica o el pago de indemnizaciones a las víctimas.

Sin embargo, Amnistía Internacional denunció en 2010, cuatro años después de la publicación de su informe final, la "falta de voluntad política" para cumplir dichas recomendaciones. "Sólo se han revelado verdades parciales sobre los abusos del pasado, no se ha abordado el problema de la justicia y tampoco se han implementado las reformas legales e institucionales necesarias para que no vuelvan a repetirse tales abusos", aseguraba entonces la organización.

Dieciséis años después, la situación no ha mejorado en Marruecos. Y es que, a ojos de la AMDH, la audiencia entre Fatima Zahra Mansouri y Mahmoud Archane representa "la culminación explícita del rechazo sistemático del Estado hacia la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación".

La rehabilitación de un torturador

Aunque el nombre de Mahmoud Archane sea infame en Marruecos, el excomisario nunca ha sufrido las consecuencias de sus crímenes. De hecho, desde hace treinta años se presenta a las elecciones y ha sido asesor en la Cámara de Consejeros del Parlamento marroquí. En diciembre 2018, participó en un homenaje por el aniversario de la muerte de Hassan II, donde fue fotografiado sonriente junto al entonces primer ministro, Aziz Akhannouch.

Unos meses antes, el presidente del grupo de amistad Francia-Marruecos y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa del Senado francés le otorgó a Archane la medalla de oro de la institución. Cuando las asociaciones de derechos humanos marroquíes protestaron, el senador argumentó no ser juez "del pasado, la historia o las disputas que puedan haber surgido en territorio marroquí".

Aun así, desde la AMDH consideran que esta reunión en el marco de las consultas oficiales sobre la formación del gobierno no se trata de "un mero acto protocolario". Para la organización, la decisión de la primera ministra confirma "la reintegración de los símbolos del período de represión política en la esfera pública e institucional".

"Solo puede interpretarse como una maniobra política que fortalece la posición de los perpetradores y les otorga inmunidad simbólica", denuncian. En este sentido, la organización afirma que "la verdadera reconciliación no puede basarse en el olvido, ni en la rehabilitación política de aquellos cuyos nombres están vinculados a graves violaciones, ni en pasar página al pasado sin una revelación completa de la verdad y la identificación de las responsabilidades individuales e institucionales".