La muerte del AVE: treinta años de ingeniería española arrasados por la incompetencia política

Lo primero, lo único verdaderamente irreparable, son los muertos: 115 en lo que va de año en la red ferroviaria española, cinco veces más que la media de la década anterior, y el cómputo de Urda sigue abierto. 45 en Adamuz en enero; 69 este miércoles entre Mora y Urda, sobre la misma línea Madrid-Sevilla. Una red que hasta hace poco presumía de ser vanguardia mundial. Tras el luto insoportable y el dolor de las familias, España debe mirarse al espejo y afrontar la magnitud del desastre que se cierne sobre nuestro futuro: el Gobierno ha quebrado la seguridad de los ciudadanos y ha dinamitado, en nueve meses, treinta años de prestigio de la ingeniería española en el mundo.

La degradación no ocurrió de la noche a la mañana; nos fueron cociendo a fuego lento. Todo empezó el día en que suprimieron el histórico compromiso de puntualidad, aquel que devolvía el importe íntegro del billete si el AVE se retrasaba apenas cinco minutos. Parecía un detalle comercial; era una declaración de intenciones: la renuncia oficial a la excelencia. Después nos acostumbraron a retrasos cada vez mayores, a trenes parados sin luz ni aire acondicionado en mitad de la nada, a un caos diario normalizado desde el poder. Más tarde llegaron las vibraciones anómalas que los pasajeros grababan con inquietud y que los maquinistas denunciaron por escrito miles de veces, topándose con el muro de un Ministerio entregado a la propaganda. La curva del deterioro estaba trazada y ha terminado en Urda: un centro de control que autoriza a un AVE a reanudar la marcha en aviso rojo, 25 kilómetros de viaje con un tren detenido más adelante, 69 muertos. El ministro de Transportes lo califica de «inexplicable». No lo es: es el final lógico de esa curva.

La primera consecuencia es interna y devastadora: el miedo. ¿Quién se va a montar tranquilo en un AVE a partir de ahora?

La primera consecuencia es interna y devastadora: el miedo. ¿Quién se va a montar tranquilo en un AVE a partir de ahora? Cuando el ciudadano sabe que los sistemas automáticos de frenado y bloqueo fallan por falta de mantenimiento y que las advertencias de los profesionales se ignoran sistemáticamente, subir a un tren a trescientos kilómetros por hora deja de ser un viaje para convertirse en un acto de fe. Han roto la confianza básica entre el ciudadano y las infraestructuras críticas del Estado.

La segunda consecuencia es geopolítica y económica, y nos empobrecerá durante décadas. Durante treinta años, el talento de los ingenieros españoles obró un milagro tecnológico admirado en los cinco continentes: nuestras empresas construyeron el AVE a La Meca y lideraron licitaciones en Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Hoy toda esa reputación la ha tirado a la basura una deplorable gestión política.

El mercado global de las infraestructuras no perdona la negligencia, y la comparación es de manual. El Shinkansen japonés lleva desde 1964 sin un solo pasajero muerto por colisión o descarrilamiento. La alta velocidad francesa no acumula nada comparable en servicio comercial. Y la china, que sí tuvo su tragedia —Wenzhou, 2011: 40 muertos por un fallo de señalización tras un rayo—, hizo lo que hace un Estado serio: sancionó a 54 responsables, recortó la velocidad de toda la red y no ha vuelto a registrar un accidente mortal.

No solo han matado el prestigio del AVE; han destruido la credibilidad de una nación entera, y tarde o temprano tendrán que responder por ello ante los tribunales

España ha reproducido en 2026 el mecanismo exacto de Wenzhou, quince años después, y la respuesta oficial es un ministro que declara que el sistema «sigue siendo fiable». ¿Adónde van a acudir mañana los países que quieran construir sus líneas de alta velocidad? A Tokio, a París o a Pekín. Ningún gobierno extranjero va a comprar tecnología ni gestión ferroviaria a un país que acumula 115 muertos en un año en su red principal. La Marca España acaba de quedar expulsada del mayor mercado de obra civil del siglo XXI.

Y frente a esta ruina humana, moral y económica, Pedro Sánchez sale a declarar con un cinismo insoportable que «dos accidentes de AVE en un año no son asumibles», hablando como si fuera un comentarista ajeno a la tragedia y no el máximo responsable del Ejecutivo tras ocho años en el poder. Si no son asumibles, ¿por qué nadie los asume? Porque acto seguido, Óscar Puente vuelve a comparecer para anunciar que, otra vez, no piensa dimitir.

Esa soberbia blindada en el sillón demuestra que ya no bastan las responsabilidades políticas, porque quienes nos gobiernan carecen del más mínimo sentido del honor institucional. Estamos ante responsabilidades penales de libro: imprudencia grave con resultado de muerte. No solo han matado el prestigio del AVE; han destruido la credibilidad de una nación entera, y tarde o temprano tendrán que responder por ello ante los tribunales.