Óscar Puente no caerá. No dimitirá ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo cesará. No está en los planes de ninguno de los dos que pueda abandonar el Ejecutivo. Es lo que repiten en la Moncloa y en Ferraz, también fuentes cercanas al propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. "Apoyo total", no hay "ningún motivo" para que deje su cargo, para que asuma responsabilidades políticas, insisten, no puede echarse a la espalda una culpa cuando el accidente de Urda (Toledo), el que se ha llevado por delante la vida de al menos 69 personas, es achacable a un "error humano". Puente y Sánchez, por tanto, aguantarán la presión creciente, no solo de la derecha, sino incluso de los socios de izquierdas o del propio sindicato CCOO, que piden su cabeza. La consigna es resistir. Al menos, por ahora, porque "no hay decisión política detrás de un error humano y por tanto no puede haber responsabilidad política". Ni por la catástrofe de Urda ni por la ocurrida nueve meses atrás, en Adamuz (Córdoba), en la que fallecieron 46 personas.
Este jueves, Puente participó en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, junto a su compañero de Interior, Fernando Grande-Marlaska —las cámaras captaron un cálido abrazo entre ambos—. Encuentro que dirigieron Sánchez y el jefe de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Fueron los dos presidentes los que atendieron a los medios. Sánchez incidió es que se esclarecerá "hasta el último detalle" de lo sucedido y se reforzará la seguridad ferroviaria para poder restaurar la credibilidad en el sistema. Después, el presidente y el titular de Transportes visitaron el centro de control H24 de Adif, en Atocha. Allí no hubo declaraciones. Las últimas suyas fueron las del miércoles, casi seis horas después del impacto mortal entre el AVE 2080 de Renfe y el Iryo 6076 en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Entonces, a la pregunta de si se planteaba renunciar, respondió que en ese momento no estaba "pensando" en él mismo, sino en atender la emergencia.
Puente volverá a enfrentarse a los medios este viernes desde la sede de su ministerio, en una previsible larga rueda de prensa, y el próximo martes, 3 de noviembre, a las 17 horas, comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso, a petición propia pero también después de que lo solicitaran ERC, Podemos y Sumar. No se prevé su salida del cargo ni antes ni después de su paso por la Cámara baja.
"No dimite. Segurísimo. Tampoco después de que acuda a la Diputación Permanente. Aguantará el chaparrón hasta el final. No está sobre la mesa su dimisión", indican desde su entorno, en el que subrayan que no se rendirá ante la "presión ultra" del exterior, pese a que quien le pide cuentas son grupos como ERC, Podemos y Frente Amplio, y pese a que quien ha exigido su "inmediato cese" es el sector ferroviario de CCOO por "culpabilizar" a los trabajadores del centro de control de Adif en Atocha, "poniendo en la picota al eslabón más débil de la cadena, cuando aún no se ha terminado la investigación". El ministro había calificado de "inexplicable" que un operario diera la orden "errónea" al AVE de reanudar la marcha, y a velocidad "normal" —en el entorno de los 200 km/h—, cuando se cayó el sistema de señalización LZB, contraviniendo los protocolos de circulación. Estos prescriben que cuando colapsa el sistema de protección LZB y se detienen de manera automática los trenes, debe retomarse el viaje con "marcha a la vista", a un máximo de 40 km/h, precisamente para evitar choques.
Fuentes próximas a Puente señalan que "nadie" le ha pedido su dimisión. Desde luego, no la única persona que puede hacerlo, el presidente, insisten. Una versión que casa con la que ofrece la propia Moncloa: "Apoyo total al ministro. Es un buen gestor y un buen político. No hay ningún motivo para que dimita. Piden su dimisión los que quieren hacer un uso político del accidente".
El cierre de filas con el titular de Transportes en las últimas horas es más que evidente. Pero en los momentos siguientes al siniestro el partido y una parte del Ejecutivo respiraba de otra forma. Sobre todo después de unas palabras muy significativas de Sánchez: "Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año, como hemos sufrido". Varios cargos del PSOE y del Gabinete interpretaron que el presidente dejaba la puerta a una eventual salida de Puente, y en todo caso dudaban de que este pudiera continuar en su puesto. "No iba por ahí", aseguran con rotundidad desde Ferraz, donde rehúsan aclarar a qué aludía entonces, con el argumento de que ya se irán avanzando "los siguientes pasos que dé el Gobierno". El líder socialista prometió actuar con "contundencia" y tomar "las medidas oportunas" para "reconstruir esa confianza" en el sistema español de alta velocidad, considerado hasta ahora joya de la corona y marca España, y para "garantizar aún más la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio".
Cuándo hay responsabilidad política
"Es que no hay motivo para que Puente dimita. No hay decisión política detrás del error y por tanto no puede haber responsabilidad política", esgrimen de manera coincidente en la dirección federal del partido. En Ferraz, igual que en la Moncloa, se agarran al hecho de que no se pueden exigir responsabilidades al ministro cuando, como se escucha en los audios filtrados, quien dio la orden "errónea" de reanudar la circulación a "marcha normal", sin limitación de velocidad, y no a "marcha a la vista", fue el controlador que asumió el mando una vez caído el sistema de frenado LZB.
"A un operario de estampación le pilla una máquina y le mutila un brazo porque su encargado se salta los protocolos y reanuda la máquina... ¿y tiene que dimitir el CEO de la empresa? O pongamos otro ejemplo: una enfermera que negligentemente administra un tratamiento a un paciente que no le corresponde y muere, ¿tiene que dimitir el consejero de Sanidad? —defienden desde la cúpula federal—. Es que en el caso de este siniestro, no hay responsabilidad directa ni indirecta del ministro, no hay decisión política que propicie el accidente. Las responsabilidades políticas se asumen cuando hay una decisión política que deriva en el problema, y no es así".
En el cuartel general socialista y en el corazón del Gobierno otorgan pleno respaldo a la versión ofrecida por Puente: hubo un fallo del sistema LZB, sí, pero automáticamente se pararon los trenes —los seis que, en principio, había en ese tramo de 63 kilómetros—, pero fue en el centro de control de Adif en Atocha donde "se incumple el protocolo y la normativa". "Los fallos del sistema pueden pasar y por eso se bloquea para que no circulen los trenes y preservar la seguridad", justifican.
Pero no está claro por qué colapsó el sistema LZB, más allá de un error de comunicación de tres ordenadores de la red, según dijo Puente. O por qué no se había procedido ya a la sustitución del LZB, que funcionaba desde la entrada en funcionamiento de la línea, en 1992, por el más moderno e interoperable ERTMS, el estándar europeo que se licitó para el corredor Madrid-Andalucía en 2021 y que debería haberse implantado en los siguientes 52 meses (o sea, como tarde, a primeros de 2026), y que sin embargo no estaba listo. Tampoco se sabe de qué información exacta disponían en pantalla los operarios de Adif en Atocha, o si funcionaron el sistema ASFA —que detiene un tren en marcha si rebasa un semáforo en rojo sin permiso del centro de control— o el bloqueo de señalización lateral (BSL) —que entra en acción cuando cae el LZB y que busca garantizar la separación entre convoyes—. Los sindicatos, además, denuncian sobrecarga de trabajo y falta de inversión en la red, también plantillas raquíticas que no se han redimensionado tras la liberalización del servicio.
La recomendación desatendida de la CIAF
En 2024, la ya extinta Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aconsejó adoptar medidas técnicas para que la verificación humana no fuera la última capa de seguridad en los casos en los que esta sustituye al sistema automaticado, como ocurrió en Urda al colapsar el LZB. Ese informe de la CIAF aludía a un incidente que se produjo el 25 de junio de 2024 cuando el AVE 05903 que circulaba con el sistema ERTMS-1 rebasó indebidamente una señal que le obligaba a detenerse en la estación de Cuenca-Fernando Zóbel.
En aquella ocasión, no ocurrió nada, no hubo muertos ni heridos. Pero lo que ocurrió es que tras la caída del sistema y el freno del convoy, ni el maquinista ni el responsable de circulación identificaron la señal de rebase indebido. El control ordenó que reanudara la marcha. La CIAF se dio cuenta de que cuando falla la automatización, la seguridad descansa en una autorización humana y, si no hay una capa extra de protección automática, entonces puede haber una colisión por error, que fue lo que sucedió en Urda. La comisión puso de manifiesto la necesidad de implantar medidas "mitigadoras de carácter técnico", dado que la autorización humana es "susceptible de fallar".
En la dirección responden que "ni el sistema ferroviario ni el de seguridad es de Puente, y aquí el problema es que un señor ha incumplido el protocolo". "Ni el ERTMS ni el LZB tienen fallos cero. Siempre puede haber fallos, de ahí el protocolo que entra en acción después y que no se respetó", aducen. Puente también había puesto el acento en los 17 minutos que transcurrieron entre la orden de reanudar la marcha, 8.36, hasta la embestida del Iryo, 8.53, en los que nadie reparó que el AVE se estaba aproximando a una velocidad que rondaba los 200 km/h a un convoy detenido. 17 minutos en los que nadie rectificó la directriz dada.
La Moncloa y Ferraz consideran que hay que aguantar la presión de estos días. También la que ejercen los socios, que son más exigentes con el Gobierno, indican en el aparato del partido, "por el momento electoral", por la cercanía de los comicios del 29-N.
"Se nos ve hundidos"
Pero la presión también viene de dentro. De dentro del propio PSOE. En la ejecutiva hay dirigentes que no entienden que Puente no se marche, que creen que la losa de 115 muertes —la suma de los fallecidos en Adamuz y los por ahora contabilizados en Urda— es demoledora, que anticipan que el partido no podrá remontar cara a las generales con un ministro tan señalado todavía en pie. "Es que como poco hasta la huelga general del 11 de noviembre nos van a caer palos y palos, y el 12 por la noche empieza la campaña. Los gritos de dimisión o cese están también entre los nuestros. Hemos pasado de una precampaña que iba muy bien, muy positiva, alegre y liderando a una situación en la que se nos ve hundidos", constata un barón provincial y parlamentario en esta última legislatura.
En Ferraz no están de acuerdo. No creen que sea una buena señal sacrificar a Puente, porque se interpretaría, a menos de un mes de las urnas, como una enmienda a la totalidad de la gestión ferroviaria. "Todo en esta vida no se puede medir en claves electorales. No ha hecho nada Puente en esto", justifican. Y él está dispuesto a resistir, cosa que no hizo Montse Mínguez, la portavoz de la ejecutiva que decidió dimitir de todos sus cargos y abandonar las listas del 29-N con la polémica por las propiedades inmobiliarias que tenía su pareja. "Ella no quiso aguantar la presión, y es respetable", explican.
Tampoco creen en la dirección que el caso del ministro sea siquiera comparable al del president Carlos Mazón, que tuvo que dimitir un año después por la catastrófica gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron más de 230 personas. "¿Cómo va a ser comparable un tío que estaba de comilona en El Ventorro con un error de un trabajador? Es de locos", se indignan.
Entre los cargos socialistas se apunta a que Puente tiene más difícil salida por su actitud, por el gatillo fácil con el que maneja su cuenta de X, desde la que en muchas ocasiones insulta a rivales (y miembros de su partido). En la dirección defienden, sin embargo, que "es el mismo tuitero que hizo una maravillosa gestión en la dana", cuando logró reconectar la zona cero de las riadas y reparar las infraestructuras dañadas en poco tiempo.
"Nadie duda de que hubo un error humano —señala un dirigente con hilo con la Moncloa—. Lo que sucede es que la gente también se pone en el lugar del pobre operario, y que nadie resiste políticamente dos accidentes de esta magnitud en un mismo año. Óscar lo sabe, y se le pudo leer en el rostro en la rueda de prensa. La cuestión es que nadie sabe cómo gestionar políticamente un impacto de este calibre a un mes de unas elecciones. Nadie sabe qué es mejor: sacrificar ya, más adelante, aguantar… No hay precedentes". Este dirigente, que conoce bien el circuito monclovita, no da nada por hecho, de modo que, como otros dirigentes consultados, no descarta que la renuncia de Puente pueda llegar más adelante: "Hay que reorientar toda la campaña y la dimisión se decidirá en función de lo que finalmente se estime menos lesivo en términos políticos. Ahora lo que toca es aguantar, pero la última palabra la tiene el presidente".
Otros responsables insisten en que la situación de Puente es "insostenible", creen que Sánchez se hace daño a sí mismo y al PSOE si no le cesa, que la campaña no aguanta "ni un segundo" con el ministro en su puesto. Por ahora, sin embargo, la decisión no parece reversible. "Claro que no va a dimitir ni se lo va a pedir Pedro", resuelve una dirigente que ha formado parte de equipos pasados de Sánchez, "Óscar es su niño bonito". Un peso pesado de su núcleo de confianza, del que no quiere ni puede prescindir.
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