La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que más de 361.000 autónomos y pymes han solicitado aplazar sus deudas tributarias desde que se puso en marcha esta medida el 14 de abril y ha añadido que supone una inyección de liquidez de 2.225 millones de euros.
Montero ha defendido la eficacia de las medidas fiscales que se han aprobado para facilitar la tesorería de autónomos y pymes, como el aplazamiento de las deudas tributarias con la administración (como retenciones de IRPF o cuotas repercutidas de IVA) por hasta 30.000 euros y un plazo de seis meses, con tres meses de carencia.
En respuesta a la pregunta del diputado de JxCAT Ferrán Bel durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso en la que ha pedido a la ministra extender la ampliación del plazo de presentación de impuestos de pymes y autónomos, Montero ha destacado que ya son más de un millón de autónomos los que han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad.
"Las medidas sí están siendo efectivas y los datos lo demuestran", ha añadido al indicar que además son más de 2.250 empresas y autónomos los que han solicitado el aplazamiento de las deudas que tienen con la Seguridad Social, y que casi 1.100.000 los que se benefician de deducciones en sus facturas de luz, gas o suministros.
Bel ha urgido al Gobierno a ampliar al menos tres meses más el aplazamiento de las declaraciones de impuestos y ha dicho que las medidas son insuficientes y que la Agencia Tributaria debería ser "más flexible y generosa".
Ha recordado que el aplazamiento para trámites tributarios hasta el 30 de abril (si se iniciaron antes de la entrada en vigor del real decreto ley) o el 20 de mayo (si se iniciaron después) es insuficiente y que la prolongación de plazos para las deudas tributarias sube a un interés del 3,75 % a partir del tercer mes, de los seis previstos.
La ministra ha considerado que este plazo es "lógico" y ofrece un tiempo suficiente para cumplir con Hacienda y ha destacado que los autónomos son precisamente uno de los colectivos más protegidos por el Gobierno al inicio de la pandemia.
En el mismo sentido la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha valorado todas las medidas de inyección de liquidez adoptadas, como los avales del ICO, ante las críticas expresadas por el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto quien ha dudado de que el Ejecutivo reconozca el trabajo de las empresas.
"Parece que se encuentran más cómodos dejando caer los negocios que evitando que echen el cierre", le ha reprochado a Calviño a la que le ha sorprendido el análisis hecho por el diputado y le ha pedido que ponga en valor las medidas aprobadas.
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