La Comunidad de Madrid ha avisado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que se informó a Delegación del Gobierno sobre el «riesgo inminente» del coronavirus en la región en dos resoluciones sobre medidas adoptadas el 6 de marzo, previas a la marcha del 8-M en la capital.

En concreto, se ha remitido a la magistrada sendos escritos de la Dirección General de Salud Pública relativas a las primeras medidas adoptadas contra la incidencia del Covid-19 en la región, según han informado a Europa Press fuentes regionales y ha adelantado Vozpópuli.

Una de ellas se refiere a la suspensión de actividad en los centros de mayores de la región, medida que se puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno para que velara por su cumplimiento.

«Existen razones objetivas para la suspensión de la actividad de los citados centros como medida preventiva y de contención de la transmisión del Covid-19, debido a que la actividad de los centros de mayores en la situación de alerta sanitaria actual supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública», apuntaba la orden de este departamento.

La otra se refiere a la suspensión de las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, que también se remitió a Delegación de Gobierno para que supervisara su correcta aplicación y que se fundamentaba en que mantener esta actividad docente entrañaba «riesgo para la salud pública».

La juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre el 4 y el 14 de marzo de 2020, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, ha requerido al secretario general de la Delegación que aporte, antes del 30 de abril, la primera «comunicación, indicación, alerta o noticia» sobre el coronavirus que recibió el organismo antes de la declaración del estado de alarma.

Carmen Rodríguez-Medel dictó este martes una providencia para requerir esta documentación, después de que el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid haya contestado a una primera solicitud de información que «no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada por la pandemia«.

Por ello, la magistrada vuelve a realizar esta petición precisando que se le remita antes de que acabe el mes la primera «comunicación, indicación, alerta o noticia» que se registrara por escrito y «procedente de cualquier administración» con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

En caso de que no exista tal información, solicita que el secretario general ratifique que la primera noticia que se recibió fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto aprobado en dicho día para la gestión de la crisis sanitaria.

Este requerimiento tiene lugar un día después de que la juez acordara retirar la imputación de lesiones imprudentes por el que se investigaba a José Manuel Franco en la causa abierta por permitir concentraciones los días previos a la declaración del estado de alarma, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio emitidas el pasado 2 de marzo por el Centro Europeo para el control y la prevención de enfermedades, según señala la denuncia inicial.

La juez Rodríguez-Medel tomó esta decisión tras recibir un informe del médico forense que descarta «relación de causalidad» entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus. No obstante, la instrucción sigue adelante por el presunto delito de prevaricación administrativa.