El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pedido a la dirección que incremente la compra de test de diagnóstico de la covid-19 para aumentar el número de pruebas a los agentes, al considerar que las realizadas hasta el momento son "claramente insuficientes".
Así se lo ha reclamado la organización sindical en una carta enviada al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en la que exigen conocer el número de test realizados hasta el momento y el resultado que han arrojado frente al "oscurantismo y la opacidad" existentes.
"El objetivo no es otro que acelerar el número de pruebas médicas y que los policías puedan prestar servicio con la certeza de que no suponen riesgo alguno para sus compañeros, familiares y conjunto de la ciudadanía", explican. Ello evitaría que sean los propios agentes los que se practique el test para llevarlos luego al laboratorio a analizar.
El SUP considera una paradoja que fabricantes españoles reconozcan que tienen excedente de producción y que uno de los colectivos "más expuestos al contagio del virus" no puedan acceder a ese sistema de verificación sanitario con "la debida celeridad y en la cantidad necesaria".
El sindicato recuerda que la Dirección General de la Policía ha decidido que sean las compañías aseguradoras de cada agente las que se encarguen de la realización de los test, lo que ha provocado que el número de pruebas practicadas sea "claramente insuficiente y desiguales por plantillas". "En algunas de ellas, el porcentaje de agentes que han podido acreditar que no están contagiados por la covid-19 es testimonial", aseguran.
"Trato constante" con el ciudadano
La organización califica de "preocupante" esta situación debido al "trato constante" que mantienen con el ciudadano desde que se declaró el estado de alarma. Pese a esa exposición, lamentan que el Gobierno no los haya declarado aún como colectivo de alto riesgo.
Durante su intervención la pasada semana en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Grande-Marlaska cifró en 5.000 el número de test que se habían realizado a todos los funcionarios que dependen de Interior -unos 170.000 entre guardias civiles, policías nacionales y personal de Instituciones Penitenciarias-, lo que representa una tasa inferior al 3 %. El ministro aseguró que se ampliaría a 30.000.
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