El Independiente

La reunión resultó a todas luces fallida e, incluso, tensa. La cita de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, a petición de la primera, quedó muy lejos de lo que la ex vicepresidenta pretendía, esto es, que la todavía secretaria general del Partido Popular se mantuviera “neutral”, sin inclinarse personalmente por ninguno de los dos candidatos llamado a ser, uno de ellos, el sustituto de Mariano Rajoy. Justo lo contrario de lo que pasó este lunes, cuando, en un desayuno informativo, la también presidenta de los populares castellanomanchegos señaló que “tenemos que ofrecer a nuestros militantes y votantes un proyecto ilusionante y de futuro. Creo que un PP fuerte y unido tiene que estar preparado para luchar por España y creo que Pablo puede ser una magnífica opción“. Blanco y en botella.

Ninguna de las dos mujeres más importantes de la “era Rajoy” comentó, al menos públicamente, nada del contenido de esa cita secreta, que se celebró el pasado miércoles día 10. Santamaría se limitó a explicar que salió “satisfecha” de la reunión por la “conversación y el tono”, lo que deja fuera el contenido.

Y aunque el equipo de campaña de la ex vicepresidenta era perfectamente consciente de que Cospedal y su gente estaban con Pablo Casado, la materialización de ese respaldo por parte de la “número dos” del PP ha caído como un jarro de agua fría por la imagen que da “de todos contra una y una contra todos”, admiten fuentes de su entorno.

Todos los derrotados, con Casado

Casado se ha fotografiado ya con todos y cada uno de los candidatos derrotados, esto es, Cospedal, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes. Ni uno solo se ha sumado a las filas de Santamaría lo que ha sido motivo de disgusto interno. Incluso el balear José Ramón Bauzá, que fue el primero que acarició la idea de presentarse pero que luego lo desestimó a cambio de la creación de una corriente liberal, también apoya a Casado.

Este es el principal argumento de los partidarios del ex portavoz del PP. Argumentan que representan al 66 por ciento del voto de los compromisarios del pasado día 5, y que ahora de lo que se trata es poner de manifiesto que “ella es la única que no se ha integrado”, según un estrecho colaborador de Casado.

Ademas, lejos de amainar el enfrentamiento, la temperatura de la recta final hacia el congreso, que se celebra este fin de semana, no hace más que subir. La existencia de un vídeo apócrifo, anónimo, en que se descalifica personalmente a Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos, todos ellos con Santamaría, por llevar más de treinta años en política, lo que les inhabilita, según el vídeo, para representar la renovación, no ayuda a mejorar el ambiente entre ambos equipos.

La ex vicepresidenta se limitó ayer a comentar que el apoyo de Cospedal a Casado le parece una “magnífica opción”, en declaraciones a Telecinco, aunque lo cierto es que en su equipo se le reprocha ese alineamiento, primero, porque “sigue siendo la secretaria general del PP” y, segundo, porque la ex vicepresidenta “ganó la consulta a las bases”.

Advertencia de militantes

De hecho, aseguran estar recibiendo llamadas de militantes que advierten de su oposición a que los compromisarios cambien el sentido de voto que ya manifestaron las bases el pasado día 5. Pero ninguna de las consideraciones hicieron mella en Cospedal, a sabiendas que, la que fuera mano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno, jamás le brindaría su apoyo tras años de enfrentamiento.

Asimismo, según confiesan los medios consultados por El Independiente, en el entorno de Sáenz de Santamaría esperaban que ese apoyo se hubiera materializado “el miércoles o jueves” próximos, lo que hubiera permitido retrasar la imagen  de soledad de la candidata, cuyo equipo sigue asegurando que sacará “entre ochocientos y novecientos votos” de ventaja a Pablo Casado, mientras que el equipo de éste insiste en que ganará, “y con ventaja”, esto es, con 2.000 papeletas de los 3.082 compromisarios llamados a votar la mañana del próximo sábado.

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha asegurado que las explicaciones ofrecidas sobre el máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, han sido “claras y contundentes” y defiende que en el PP, tanto nacional como regional, la apoyan.

La presidenta lleva más de diez días sin comparecer en rueda de prensa después de que saltará la polémica, pero su portavoz ha sostenido, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, que la presidenta no ha estado “en silencio” porque desde el mismo día que apareció la noticia Cifuentes “recopiló toda la información que pudo y atendió a dos medios de comunicación”.

Asimismo, ha recordado que envió también “un comunicado oficial dando explicaciones del asunto con documentación como anexo” así como que después en el Pleno de la Asamblea, en el que Cifuentes “se encontraba sin voz, ya que sufría un proceso gripal”, fue él mismo el que ofreció declaraciones ante los medios. Garrido ha defendido que también se dieron explicaciones “en abierto” en el Comité Ejecutivo del PP.

La presidenta ofrecerá las explicaciones oportunas”

“Creo que siempre hay opiniones pero la presidenta no solo no ha estado ausente sino que ha dado explicaciones desde el primer día. Por supuesto mañana se darán explicaciones adicionales en el Pleno extraordinario convocado. La presidenta ofrecerá las explicaciones oportunas, pero insisto se han dado ya”, ha sostenido el portavoz del Gobierno autonómico, quien ha asegurado que al término de su comparecencia responderá también a las preguntas de los medios.

En este punto, dada la ausencia en le Consejo de Gobierno de la dirigente madrileña, Garrido ha recordado que Cifuentes no siempre comparece en la misma, solo cuando se comunican “asuntos de especial relevancia”. Según ha informado, en esta ocasión no lo ha hecho por “una elemental cortesía y respeto parlamentario” ya que se prefería dar las explicaciones mañana en la Asamblea.

Y es que, no ha entonado el ‘mea culpa’ sobre la política de comunicación de lo sucedido porque, a su parecer, se han ofrecido explicaciones “claras y contundentes” en abierto para todos los medios y además con información. “Nadie es perfecto y no siempre las formulas que se deciden para comunicar algo se acierta al cien por cien”, ha dicho.

La querella se está preparando

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero autonómico ha incidido en que la querella anunciada por la presidenta contra dos periodistas de eldiario.es “se está preparando” por parte de su abogado y “en breves fechas será presentada”.

“No es una querella contra un medio de comunicación, es una querella contra dos personas que la presidenta entiende que publicaron informaciones falsas y con carácter muy sesgado”, ha dicho. En este punto, Garrido ha defendido también que la presidenta ha sentido el apoyo del PP, tanto de sus compañeros en la Comunidad de Madrid como de los líderes nacionales de la formación. Estos, ha dicho el consejero, “han defendido las explicaciones” y han dicho que “si hay alguien que da explicaciones permanentemente” es ella.

Tiene el apoyo unánime de todas y cada una de las voces autorizadas por el partido para dar el apoyo”

“Apoyo unánime de todas y cada una de las voces autorizadas por el partido para dar el apoyo”, ha sostenido. En este sentido, ha confirmado que tal y como estaba previsto Cifuentes intervendrá este fin de semana en la convención nacional del PP en Sevilla. En cuanto a las dudas que sigue generando el máster de la presidenta, Garrido ha incidido en que ya se han aclarado “todas” por parte de la presidenta y si queda alguna ella mañana “en su intervención lo terminará de aclarar”. Aunque, ha apostillado que muchas de las incógnitas no corresponden a la presidenta aclararlas sino a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

“Cualquiera que haya hecho estudios hace seis, cinco o dos años seguramente no sabría contestar a muchas preguntas”, ha defendido. También ha recordado que todo partió de una información en que la noticia era que había habido una modificación de dos notas y se había hecho a través de un trato de favor pero, según indica, dicha información fue aclarada por “el rector y dos catedráticos”.

A su parecer todo lo que ha ocurrido a partir de ahí ha sido “ir cambiando por parte de los informadores la versión”. Esta primera cuestión quedó aclarada “desde el primer día y a partir de ahí el resto son cuestiones de toro bastante menor”.

El consejero regional cree que debe ser la Universidad la que dé las explicaciones y por ello celebra la investigación abierta por la misma. En cuanto a la posición de los grupos de la oposición, Garrido considera que para ellos las explicaciones siempre van a ser “insuficientes”. “Lamentablemente hace mucho tiempo que renunciaron a hacer una oposición constructiva, ha sido una oposición destructiva siempre y en todo caso”, ha sostenido.

Asimismo, ha recordado que la presidenta ha autorizado que la Universidad si encuentra el Trabajo Fin de Máster (TFM) lo publique. Aunque, a su juicio, daría igual si se hubiera presentado el primer día porque la oposición habría dicho que era “falso” y habrían pedido una certificación académica de que ese trabajo se ha presentado. “Y, esto fue lo que presento la presidenta”, ha defendido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que el acuerdo sobre una prórroga del Brexit alcanzado en la noche del jueves es “bueno” para España y garantiza la seguridad jurídica tanto de las Unión Europea como del proceso electoral que se celebra el 26 de mayo.

En declaraciones a los periodistas al finalizar la sesión del Consejo Europeo que decidió este martes la prórroga del Bréxit, Sánchez señaló que se trata de un acuerdo “satisfactorio para ambas partes” y puso en valor todos los esfuerzos que está haciendo la Unión para conseguir que la salida del Reino Unido acabe siendo ordenada.

“Pero no depende sólo de nosotros”, dijo Sánchez al recordar que sigue estando en manos del Parlamento británico la ratificación del acuerdo sobre la salida del Reino Unido.

El compromiso alcanzado esta noche por los Veintisiete ofrece una ampliación hasta el 22 de mayo si el Reino Unido consigue aprobar el acuerdo de salida la próxima semana y, en caso de que el Parlamento británico no dé su apoyo al texto, un límite hasta el 12 de abril para que el Gobierno británico decida si convoca elecciones u opta por salir de la UE sin un acuerdo.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anuncióque los líderes de los Veintisiete han acordado de manera unánime su respuesta a la petición británica de extender el periodo de negociaciones del Brexit y señaló que se reunirá inmediatamente con la premier británica, Theresa May.

Tras casi seis horas de negociaciones, el compromiso ofrece una ampliación hasta el 22 mayo si el Reino Unido consigue aprobar el acuerdo de salida la próxima semana y, en caso de que el Parlamento británico no dé su apoyo al texto, un límite hasta el 12 de abril para que el Gobierno británico decida si convoca elecciones u opta por salir de la UE sin un acuerdo, informa Efe.

La prórroga acordada por los Veintisiete contempla por tanto dos escenarios.

Si la Cámara de los Comunes aprueba el acuerdo de retirada pactado entre Londres y Bruselas la próxima semana, la UE daría al Reino Unido una prórroga técnica hasta el 22 de mayo en la que pueda culminar el proceso legislativo sobre la retirada.

Si el acuerdo de salida no recibe el visto bueno del Parlamento británico, el Reino Unido tendría hasta el 12 de abril debe decidir si organiza elecciones a la Eurocámara o no.

Si finalmente opta por convocarlas, deberá indicar ante la UE cuáles son sus planes con respecto al Brexit, que implicarían una extensión larga.

La SGAE sigue viviendo momentos de convulsión. La caída del gaitero José Ángel Hevia y la llegada a la Presidencia de Pilar Jurado prometía aires de cambio, pero una de sus primeras decisiones ha despertado polémica en el seno de la entidad. En su segunda Junta Directiva como presidenta, la soprano propuso una renovación completa de los puestos de gestión y nombró como Director General a Miguel Ángel Recio, un alto cargo del PP que fue mano derecha del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, impulsor de la polémica reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que rebeló a todo el sector de gestión de derechos de autor. Sin embargo, lo excepcional del fichaje no son tanto sus antecedentes laborales como las condiciones del contrato: la SGAE ha firmado con él un blindaje de cuatro años como Director General, de manera que si es despedido en este plazo la entidad tendrá que indemnizarle. Se trata del blindaje más fuerte que ha firmado la SGAE en su historia.

Recio cobrará como director general 180.000 euros anuales fijos y 40.000 euros variables, un sueldo estipulado que se sometió a votación de la dirección hace años y que se ha ido actualizando. Sin embargo, su contrato presenta unas características extremadamente particulares que no han sido trasladas a los miembros de su dirección. Y es que gracias al blindaje, si despiden al directivo en los dos primeros años, tendrán que indemnizarle con dos anualidades de sueldo, es decir, 360.000 euros. Si la salida se produce en el tercer año, será año y medio (270.000€) y en caso de que se produjera en el cuarto año, sólo se le indemnizaría con 90.000 euros.

Fuentes oficiales de la SGAE aseguran a este periódico que “el contrato que se firmó fue una negociación llevada a cabo entre el Director de Recursos Humanos y el Director General” y que se trata de “negociaciones habituales en contratos de alta dirección con cláusulas de indemnización graduales”. Sin embargo, otras fuentes de la entidad rechazan lo “habitual” de estas negociaciones. Es la primera vez, aseguran, que se firma un contrato de estas características con un blindaje económico tan elevado.

La práctica del blindaje de los contratos se ha empleado en situaciones excepcionales en esta sociedad, y algunos de sus directores generales anteriores consiguieron blindajes que en ninguno de los casos superaba los dos años, con una indemnización máxima de una anualidad. Los términos del contrato pactados en esta ocasión duplican el coste económico de un eventual despido. En la mayor parte de los casos, estos blindajes se producen cuando el nuevo alto cargo procede de una empresa privada en la que perdería derechos de antigüedad; el blindaje es una forma de asegurar el lucro cesante en caso de despido. No es el caso de Recio, cuya trayectoria se ha desarrollado siempre en el ámbito público.

Acusaciones de ocultación

El pasado viernes 15 de marzo, Jurado convocó de urgencia a su Junta Directiva con varios puntos en el orden del día, entre ellos una moción de confianza al director general, Gerardo Rodríguez, y el nombramiento de un nuevo directivo. En el orden del día no aparecía el nombre de Recio, que fue presentado por Jurado como un “amigo” a lo largo de la reunión, una vez que ya se había depuesto al directivo anterior. Algunos miembros de la dirección señalan que no tenían conocimiento de quién ocuparía el nuevo cargo, y que fue durante la Junta cuando la presidenta les entregó una “copia a papel de su currículum”.

Fuentes oficiales de la SGAE niegan este extremo, aunque evitan detallar qué ocurrió exactamente en la Junta amparándose en la confidencialidad. “Quien haya dado esa información, que además es falsa, está incurriendo en una irregularidad porque existe un compromiso de confidencialidad sobre lo que se trata en los órganos de gestión”, detallan. Para la entidad “el resultado de la votación, con 28 votos a favor [de la elección de Recio] demuestra la falsedad de esa información”, apuntan.

Según relatan algunos de los asistentes, durante el debate de su nombramiento, en el que Jurado le presentó como un “amigo” con el que ya había trabajado, algunos miembros de la dirección le preguntaron por las condiciones del contrato, a lo que la presidenta de la SGAE habría respondido que “estamos negociando”. Un extremo que para algunos implica una ocultación por parte de la máxima responsable de la entidad.

Hombre de confianza de Lassalle y del PP

La trayectoria de Recio se desarrolla enteramente en el sector público, desde su cargo de consejero en el Hipódromo la Zarzuela a su labor como vocal asesor en la Dirección del Tesoro del Ministerio de Economía pasando como secretario general del Delegado de Gobierno -nombrado por el PP- en la Comunidad de Madrid. Perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha gestionado distintas áreas gubernamentales e instituciones culturales públicas, en una carrera donde Lassalle ha sido su principal valedor.

En 2011 el entonces secretario de Cultura, dependiente del ministerio de José Ignacio Wert, le nombró director general del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), dependiente de la secretaría de Cultura. Más tarde Lassalle hizo una reestructuración y le situó como director general de Bellas Artes, Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas, un puesto del que fue cesado en septiembre tras los nombramientos del ministro socialista José Guirao.

Es llamativa la relación de Recio con Lassalle, considerado precisamente una de las bestias negras de los derechos de propiedad intelectual. Una de sus medidas estrella fue la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que rebeló al sector. Durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, Lasalle eliminó los derechos de copia privada en España, de modo que las obras digitales, las copias de obras alquiladas, prestadas o regaladas quedaban excluidas del concepto de copia privada, lo que costó al sector cultural más de 100 millones al año entre 2012 y 2015. Sus medidas fueron rechazadas por todo el sector que aún hoy paga las consecuencias.

La conocida como Ley Lassalle puso en pie de guerra a todo el mundo cultural, y varios colectivos de artistas no dudaron en manifestarse frente al ministerio de Cultura en protesta por esta ley. La propia SGAE lanzó en su día un comunicado -hoy retirado de la web- en el que avanzaba que esta reforma “perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas”.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) va camino de batir récords en cuanto a gasto en dietas para los miembros de su dirección. Esta institución privada, encargada de gestionar los derechos de autor, ha destinado en menos de un mes casi un tercio de un millón de euros en reuniones de la Junta Directiva y del Consejo de Dirección. Si en todo el año 2016 la SGAE empleó 830.225,26 euros en concepto de dietas, lo que equivale a 69.185 euros al mes, en este mes de marzo la cifra se ha multiplicado por cuatro. El terremoto que vive la sociedad ha provocado una cascada de reuniones que se traducirán en decenas de miles de euros. La llegada de la soprano Pilar Jurado a la presidencia, tras la destitución del gaitero José Ángel Hevia, coincide con la situación de la SGAE, que se encuentra al borde de la intervención del ministerio de Cultura.

Los 35 miembros de la Junta Directiva, a excepción de su presidenta, cobran una dieta de 1.117 euros por asistir a cada una de las reuniones convocadas. En las últimas tres semanas han tenido lugar tres reuniones, contando con la Junta del 27 de febrero, cuando se presentó una moción de censura contra Hevia después de que insultara a su dirección. La semana que viene está previsto que se celebre otra Junta, que sería la cuarta en menos de un mes. Además de las dietas, la SGAE también sufraga los desplazamientos de sus miembros -trenes, aviones o kilometraje-, además de los hoteles y la manutención.

En todo el año 2010 la SGAE gastó menos en dietas que en el último mes

La semana pasada, por ejemplo, tuvieron lugar dos reuniones de la Junta: la primera convocada el lunes 11 de marzo y una de urgencia el viernes 15. Algunos de los miembros de la dirección se hospedaron toda la semana en la capital a costa de la Sociedad con el fin de acudir a ambos encuentros. Cada una de las Juntas Directivas cuesta a la SGAE 37.978 euros en concepto de indemnización por asistencia. Sólo en este concepto la entidad desembolsará 151.912 euros, sin contar con los gastos adicionales de desplazamiento y hospedaje. Fuentes conocedoras de la situación de la entidad cifran el coste total entorno a 60.000 euros por reunión. Una estimación que se saldaría con 240.000 euros correspondientes a las cuatro reuniones mantenidas en el último mes.

En el caso del Consejo de Dirección, está formado por 14 miembros y cada uno de ellos -a excepción de Jurado- cobra 977 euros por asistir, de manea que la SGAE paga a razón de 12.701€ por reunión. Una cifra que tampoco incluye desplazamientos, hoteles ni manutención. Con estos gastos, la cifra estimada sería de alrededor de 15.000€, señalan fuentes conocedoras. En los últimos 20 días, desde la renovación de la Presidencia, se han celebrado tres consejos, que suman un total de 37.978 únicamente en dietas. Teniendo en cuenta la cifra aproximada con el resto de costes añadidos, el desembolso sería de 45.000 euros.

Teniendo únicamente en cuenta las dietas por asistencia la cifra es de 189.890 euros por Juntas y Consejos. Todo ello sin sumar el resto de costes añadidos de hospedaje, viajes y manutención. Contando con las estimaciones que incluyen estos gastos, la cifra ascendería a unos 285.ooo euros en menos de un mes.

Cabe recordar que, por ejemplo, en todo el año 2010 -aún bajo la Presidencia de Teddy Bautista- la SGAE pagó dietas por asistencia por valor total de 197.200 € (110.400 € por asistencia a Juntas y 86.800 € por dietas de asistencia a Consejos). Esta cifra se ha visto ampliamente superada en menos de un mes y da idea de lo que algunos tildan de “dispendios” por parte de la entidad. En aquel año, además, la sociedad recaudó 341 millones de euros, muy por encima de los actuales 314’4 millones que recauda actualmente.

Más de 7.000€ en un mes

Desde la SGAE achacan las múltiples reuniones al intento de evitar este extremo, y alegan que es la Junta Directiva quien, según los estatutos, tiene que dar respuesta a algunos requerimientos lanzados por el ministerio de José Guirao. En este sentido, fuentes oficiales de la SGAE señalan que las últimas reuniones responden a que “estamos viviendo una situación de urgencia” y que “Cultura nos está pidiendo que actuemos muy rápido y que aprobemos una serie de medidas lo antes posible”.

“Para que esas modificaciones que nos pide el Ministerio sean plenamente legales y no puedan ser invalidadas en el futuro, deben ser aprobadas por la Junta Directiva y el Consejo de Dirección, tal y como se exige en los Estatutos”, señalan estas mismas fuentes, que confían en que “la situación se normalice cuanto antes”. Además, añaden que “confían” en “poder compensar estos gastos espaciando un poco las reuniones de los órganos de gestión en cuanto la entidad recobre su estabilidad”.

Sin embargo, otras fuentes de la SGAE creen que las numerosas reuniones se deben al ánimo de lucro de algunos miembros de la entidad. Los miembros que forman parte de los dos órganos directivos habrán recibido en menos de un mes 7.399€ por acudir a cuatro Juntas y tres Consejos de Dirección, una cantidad muy superior de la que la gran mayoría de los miembros de la dirección obtienen por su actividad artística o, en el caso del colegio editorial, empresarial.

En el caso de la presidenta de la SGAE, no cobra dietas por acudir a estos encuentros por estar incluidos en su sueldo. Jurado recibe anualmente 185.000 euros brutos (a razón de 7.911€ netos al mes distribuidos en 14 pagas). Cuenta además con coche oficial -chófer incluido- y el pago de comidas de trabajo y gastos de representación.

A grandes males grandes remedios. ING ha metido la tijera al bonus que los directivos en España y el resto del grupo percibirán en abril. El recorte trata de compensar, en parte, la histórica multa por importe de 775 millones a la que tiene que hacer frente por irregularidades en prevención de blanqueo de capitales en la filial holandesa.

Según ha podido saber El Independiente de fuentes conocedoras, la entidad holandesa ha recortado hasta un 50% el bonus de altos directivos -y un porcentaje menor a cargos inferiores-, en un gesto con el que espera ahorrar en torno a 300 millones de euros. La reducción en España ha sido menor, dados los buenos resultados logrados por la filial.

La reducción en España ha sido menor que en el resto del grupo por los buenos resultados de la filial

Incrementó un 90% su beneficio neto en España y Portugal en el ejercicio 2018, hasta 163 millones, y aumentó su base de clientes un 6%, hasta los 3,9 millones.

La entidad ya había anunciado la total eliminación de la retribución variable del comité de dirección y el consejo asesor. “A la luz del acuerdo con la fiscalía de Holanda, la cifra total global [del bonus] para 2018 será considerablemente menor que la de 2017”, señalan fuentes de la entidad. Puntualizan que “el Comité de dirección del grupo y el consejo asesor han renunciado a su derecho a bonus como consecuencia de este acuerdo”.

Matizan las mismas fuentes que el bonus de algunos colectivos de profesionales se basa en múltiples criterios. Una gran parte de ese total se debe a los acuerdos laborales colectivos. Estos acuerdos tienen unos criterios fijos, por lo que la decisión de cambiar la remuneración variable no está solo a discreción de la dirección.

Multa histórica

Las autoridades holandesas detectaron el año pasado que entre 2010 y 2016 se habían producido fallos en los sistemas de prevención de delitos económicos de la entidad que permitieron que los clientes de su filial holandesa utilizasen sus cuentas para lavar cientos de millones de euros.

Como consecuencia del escándalo dimitió el director financiero del grupo, Koos Timmermans, que durante el periodo en cuestión había sido miembro de la junta gestora del banco y durante años responsable último de ING en Holanda.

ING llegó a un acuerdo con la Fiscalía holandesa en septiembre y posteriormente manifestó que continúa “trabajando duro” en “soluciones estructurales para llevar las actividades contra el blanqueo de capitales a un mejor nivel sostenible” y subrayó que el cumplimiento de la regulación seguirá siendo una prioridad en 2019.

La renuncia de Pablo Bustinduy a encabezar la lista de las europeas ha sido una explosión controlada en Podemos. El partido ha intentado evitar daños mayores dando a conocer el cese al mismo tiempo que anunciaba el nuevo fichaje estrella que le sustituirá al frente de la lista para su lista europea el 26 de mayo. La designada fue María Eugenia Rodríguez Palop, amiga personal de Pablo Iglesias y colaboradora habitual de Podemos. Un nombramiento a dedo que se negoció a espaldas del ya eurodiputado Miguel Urbán, que fue el candidato más votado por las bases del partido sólo por detrás de Bustinduy. Tanto es así que el líder de la corriente anticapitalista se enteró a través de los medios de la entrada de Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III.

El secretario de Internacional de Podemos advirtió hace días de su decisión a Iglesias, que tuvo tiempo de maniobrar y ofrecer el puesto a Rodríguez Palop. El partido anunciaba el nuevo fichaje nada más conocerse la renuncia de Bustinduy. Antes de que la decisión se diera a conocer, el propio Bustinduy, que fue elegido cabeza de lista para las europeas, llamó  a Miguel Urbán, que obtuvo el primer puesto como cabeza de lista, para comunicarle personalmente su decisión. Sin embargo, nadie de la dirección le advirtió al dirigente de que sustituiría al candidato una persona externa al partido que no ha pasado por primarias. Fue después del anuncio hecho en Twitter por Podemos cuando Urbán conoció este movimiento.

Con la elección de Rodríguez Palop, Podemos evita poner al frente de la candidatura al ya eurodiputado y líder de los llamados anticapis. En los últimos meses esta corriente se ha distanciado fuertemente de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ya comenzó hace dos años su cruzada contra los anticapitalistas a raíz de la gestión sobre el conflicto catalán, cuando les situó “fuera de Podemos”.

La crisis se recrudeció tras la compra del polémico chalet en Galapagar de Iglesias e Irene Montero, cuando algunos de los dirigentes anticapitalistas como el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, criticaron la decisión. Los líderes de Podemos convocaron tas la polémica un referéndum sobre su continuidad que fue muy cuestionado por el propio Urbán. La confluencia en Andalucía también recrudeció la batalla, cuando Teresa Rodríguez, también líder de Anticapitalistas, desafió al aparato del partido con una marca propia -Adelante Andalucía- para las elecciones andaluzas. La última ruptura de esta corriente con el partido morado ha sido en Madrid, donde Anticapitalistas ha lanzado junto a IU una candidatura que con toda probabilidad se enfrentará en primarias a la de Isabel Serra e Iñigo Errejón.

Iglesias pone a una persona independiente al frente a la candidatura europea con el fin de no promocionar a Urbán. Todo apunta a que el dirigente tendrá que conformarse con el quinto puesto, después de que Podemos haya nombrado a Rodríguez Palop de número uno y de que el número dos de la lista vaya a ser ocupado por Sira Rego, de IU. A falta de que las listas se hagan oficiales, lo más probable es que el número tres esté ocupado por el candidato catalán a las europeas, Ernest Urtasun, muy promocionado por la dirección de Podemos.

En el cuarto estaría Idoia Villanueva, del núcleo duro de Iglesias, que pese a quedar por detrás de Urbán en primarias se vería favorecida por las listas cremallera. En el quinto lugar, y pese a ser el segundo más votado, quedaría Urbán. En 2014 Podemos consiguió 5 eurodiputados con 1,2 millones de votos e IU consiguió 4. Ahora, pese a las malas perspectivas electorales, la coalición mantendría los 9 representantes europeos, según las encuestas de la Eurocámara.

Algunas fuentes de Podemos consideran que, al estar la lista encabezada por dos mujeres, está abierta la posibilidad de que los dos siguientes sean hombres, de manera que Urbán podría quedar en la lista por delante de Villanueva, respetando así lo reflejado en las votaciones del partido.

Red Eléctrica quiere reinventarse. A medio camino entre la necesidad y la virtud, el grupo quiere dejar de tener una dependencia casi absoluta de los ingresos que le reporta su papel como gestor de la red de alta tensión y como operador del sistema eléctrico en España, y que hoy concentran en torno a un 95% de sus resultados.

El Gobierno prepara para el próximo año y siguientes un recorte de la retribución que recibe el grupo por su negocio regulado de electricidad, y que se paga a través del recibo de la luz. Así que si la compañía quería crecer (quería, y lo necesitaba) no tenía más opción que buscar otras actividades y otros mercados.

El 95% de sus resultados proviene del negocio regulado. El grupo aspira a bajarlo al 70% en cuatro años y al 50% en 2030

“Podíamos contemplar los cambios que vienen y resignarnos o reaccionar con un cambio total de estrategia”, explica Jordi Sevilla, presidente del Grupo Red Eléctrica. Va ganando la segunda de las opciones. Desde su entrada en el grupo el pasado julio, tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez (REE tiene como mayor accionista al holding estatal SEPI con un 20%), el nuevo presidente ha impulsado el diseño de una nueva visión para la compañía que busca hacer realidad esa reinvención ineludible.

La hoja de ruta se articula en un nuevo plan estratégico hasta 2022, con el que la compañía busca reforzarse como actor clave del sistema eléctrico nacional a las puertas de la revolución que supondrá la transición energética y, al tiempo, convertirse en un líder tecnológico y de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones tras la compra del grupo de satélites Hispasat.

“Con las nuevas condiciones de retribución que vienen, no es previsible que en los próximos diez años haya grandes crecimientos de ingresos con nuestro negocio regulado. Una empresa que cotiza en bolsa necesita crecimiento, y no iba a venir por la parte regulada de redes y de operador del sistema eléctrico”, apunta Sevilla. “La estrategia es crecer diversificándonos. El objetivo es que los accionistas cobren dividendos no sólo por los ingresos regulados, sino también por ser un grupo tecnológico y de infraestructuras de telecomunicaciones”.

Disparar el negocio no regulado

“En cuatro años Red Eléctrica será una compañía más grande, más diversificada y más internacionalizada”, proclama. Es el mensaje que pretende trasladar hoy a sus accionistas. Jordi Sevilla afronta su primera junta de accionistas, en la que los socios deben ratificar su nombramiento (formalmente el consejo de administración sólo lo ha propuesto aunque ya ejerza) y que supone una auténtica reválida del nuevo plan estratégico.

El negocio ajeno a la actividad regulada de redes eléctricas y de operador del sistema representa sólo un 5% de los resultados de la corporación. “Nuestra aspiración es elevarlo hasta el 30% en cuatro años. Y la tendencia debería llevarnos a un equilibrio de 50/50 en nuestras cuentas entre la parte regulada y la no regulada en el horizonte de 2030”, sentencia. El objetivo de Red Eléctrica es compensar los riesgos que conllevan cada una de sus dos almas, la de empresa semipública con un negocio hiperregulado y la de compañía del Ibex que quiere entrar en negocios de mercado.

“Si presenté una oferta por Hispasat es porque tenía cierta convicción de que el Gobierno va a aprobarla”

La diversificación pasa fundamentalmente por disparar su negocio de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones. Red Eléctrica ya es actualmente el segundo mayor operador español de fibra óptica oscura (con 34.000 kilómetros de red que alquila a terceros), y pretende crecer sobre todo en el exterior, con la vista puesta en Latinoamérica y Estados Unidos.

Una expansión en la que Hispasat pretende ser una palanca de ayuda, al estar ya muy asentada en el mercado latinoamericano y dar la posibilidad de ofrecer a los clientes la posibilidad de servicios integrados de fibra y satélites. El grupo acordó con Abertis comprar el 89,7% del capital de Hispasat por 949 millones de euros, frente a los 1.200 millones que la anterior dirección de Red Eléctrica comandada por José Folgado parecía dispuesta a pagar.

Buscar nuevos socios para sus filiales

La operación de compra aún está pendiente del visto bueno oficial del Gobierno, pero Sevilla lo da por seguro. “Si presenté una oferta por Hispasat es porque tenía cierta convicción de que el Gobierno va a apoyar la compra aprobándola”, sentencia el presidente, que antes de la operación sostuvo que la adquisición de la compañía de satélites no era una prioridad y que desestima, no obstante, que se trate de una imposición de Moncloa.

Red Eléctrica Corporación es la matriz que sirve de paraguas para las diferentes patas de negocio. De ella cuelgan Red Eléctrica de España (REE), la que gestiona la red de alta tensión en régimen de monopolio y opera el sistema eléctrico nacional; Restel, que será la propietaria de Hispasat; Reintel, la filial que se encarga de la red de fibra; y Red Eléctrica Internacional (REI), que concentra el negocio exterior del grupo, hoy centrado en redes eléctricas en Perú y Chile.

Los planes de la dirección de Red Eléctrica para las tres últimas sociedades, las que se ocupan de negocios no regulados, pasan por dar entrada a nuevos socios a medio plazo. De momento, la compañía no ha iniciado la búsqueda de inversores, y se lo plantean como una opción a partir del próximo año. Red Eléctrica se conforma con una posición mayoritaria del 51% en las sociedades. En el caso de Hispasat, el objetivo fundamental es sumar un socio tecnológico, no financiero.

3.200 millones para la revolución verde

El nuevo plan de Red Eléctrica incluye un programa de inversiones de 6.000 millones de euros en cinco años (en ellos se incluyen los 949 millones de la compra de Hispasat). Más de la mitad, hasta superar los 3.200 millones, se concentra en prepararse para la transición energética, la revolución que debe llevar a España hacia un sistema eléctrico sin emisiones de CO2 y que requerirá un auténtico boom de nuevas renovables en las próximas décadas. De ese importe, más de 1.500 millones están destinados específicamente a la integración de nuevas renovables.

Una revolución que obliga a repensar la red de cabo a rabo, a crear nuevas líneas además de los 45.000 kilómetros hoy operativos para llevarlas a los nuevos puntos de producción (el grupo acaba de poner en marcha un nuevo proceso público de planificación de nuevos tramos de red necesario hasta 2026), a modernizar y digitalizar las ya existentes para hacerlas más eficientes, a construir nuevas interconexiones con Francia y Portugal para reforzar la seguridad de suministro, a crear instalaciones de almacenamiento…

Nada de lo que plantea el plan estratégico es de izquierdas o de derechas, de un partido o de otro”

“Va a cambiar cómo se genera electricidad, cómo se consume, cómo se transporta… y se va a complicar la gestión de la oferta y la demanda. La transición energética es un desafío que no es posible sin REE”. Y es que aunque la clave de futuro del grupo es la de entrar nuevos negocios y diversificar sus fuentes de ingresos, el negocio central de la compañía, y el que le convierte en un actor clave en el sector eléctrico español, sigue siendo el de gestor del sistema eléctrico y el de responsable de la red de transporte de electricidad.

El enorme esfuerzo inversor programado por la compañía para los próximos seis años -ese montante total de 6.000 millones- ha llevado al grupo a hacer unas previsiones de resultados conservadora, con un ritmo de crecimiento anual del beneficio del 1% hasta 2022 (el año pasado ganó 704 millones, un 5,2% más). Y también puede acabar moderando el dividendo: tras el incremento del 7% de la retribución al accionista con cargo a las cuentas de 2019, hasta los 1,05 euros por acción, pero en los siguientes años sólo garantiza al menos 1 euro.

El plan y el 28-A

Con el Estado como principal accionista con un 20%, son los sucesivos gobiernos los que deciden el nombre del presidente de Red Eléctrica como sucede en otras empresas de titularidad pública o bajo control estatal. Jordi Sevilla -ex ministro con Zapatero y ex diputado socialista- recela de que se vea su actual cargo como una mera designación política.

“Hay quien dice que me ha nombrado Pedro Sánchez, pero son los accionistas los que me nombran mañana [por hoy]”. Son 45.000 los accionistas de la compañía. Además del 20% de SEPI, un 66% está en manos de inversores institucionales extranjeros, un 4% es de institucionales nacionales y un 10% son minoristas, según destacan desde el grupo.

A poco más de un mes de las elecciones generales del 28-A, y ante la posibilidad de un eventual cambio del signo del Gobierno tras los comicios, Sevilla (“con independencia de lo que pueda ocurrir conmigo, aunque no tengo por qué presuponer que el presidente vaya a cambiar”) está plenamente convencido de que el plan estratégico y de futuro del grupo se mantendrá sin cambios.

“He tenido contactos con los principales partidos políticos, les he mantenido bien informados del contenido del plan, de la estrategia de diversificación y crecimiento que estoy impulsando, incluso de la opción de compra de Hispasat, y ninguno me ha manifestado ninguna discrepancia”, explica el presidente. “Si hay cambio de Gobierno, el plan no está en peligro, se mantendrá. Nada de lo que planteamos en el plan estratégico para el futuro de Red Eléctrica es de izquierdas o de derechas, de un partido o de otro”.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, volverá este sábado la primera línea de la política tras tres meses de permiso por paternidad con un gran acto el próximo sábado 23 de marzo en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid en el que el partido quiere congregar a unas 8.000 personas.

Los dirigentes de Podemos esperan que el anhelado regreso del secretario general y candidato sirva para remontar la moral de una organización sumida en el desánimo por la ruptura interna con el errejonismo y la debacle electoral que pronostican todas las encuestas después de solo cinco años de vida.

Con ese reto vuelve Iglesias, que este sábado iniciará una intensa precampaña electoral que debe hacer frente a dos graves amenazas: el auge de Vox, que le disputa el voto indignado, y la recuperación del PSOE, que rentabiliza la acción del Gobierno y la división de la oferta entre el electorado de derechas.

“Va a pronunciar un discurso bastante impactante, tanto por el contenido como por el enfoque, que nos va a permitir reconectar con el electorado, lanzar un mensaje de esperanza y un desafío a todos los partidos”, anuncian fuentes del partido, que avanzan algunas ideas-fuerza de la campaña de Iglesias.

Podemos ha decidido no combatir a Vox con el discurso del miedo, que sólo beneficiaría al PSOE, e intentar disputarle el voto de los indignados. En 2015 y 2016, el partido de Pablo Iglesias superó los cinco millones de sufragios, muchos de ellos procedentes del movimiento 15-M y de sectores de la población enfadados por la crisis económica. Buena parte de ese malestar se canaliza ahora hacia Vox, que se presenta como nueva oferta impugnatoria del sistema.

Iglesias intentará desenmascarar a Vox denunciando que su discurso impugnatorio es sólo fachada y disputándole el patriotismo y la bandera de España. El mensaje se podría resumir con estas palabras: “Se presentan como patriotas, hablan mucho de España y lo que quieren es venderla. Privatizarán servicios y acabarán con derechos sociales. Si esos falsos patriotas llegan al poder venderán España y sólo se quedarán con la bandera”. Con este guión, el candidato pretende demostrar que el partido de Abascal no tiene intención de combatir los poderes fácticos y reales del país, desde las grandes compañías hasta las cloacas del estado pasando por los bancos, y que Podemos es el único partido dispuesto a hacerlo.

El discurso frente al PSOE también huirá de la confrontación directa para apelar al voto útil. Como viene haciendo la portavoz parlamentaria, Irene Montero, en las últimas semanas, Iglesias asegurará que los socialistas no son de fiar y que sólo cumplen sus programas y sus promesas de mejoras sociales cuando Podemos les presiona. El mensaje central es la necesidad de votar a Podemos para “empujar” al PSOE hacia la socialdemocracia, ya que si pacta un Gobierno con Ciudadanos todas sus promesas electorales caerán en saco roto.

En esa línea, Podemos insistirá en que Pablo Iglesias fue el principal artífice del triunfo de la moción de censura que cambió el destino del PSOE de Pedro Sánchez para destacar su papel determinante en la pasada legislatura. Con el objetivo de convencer a dos millones de votantes -un millón que abandonó a Podemos en 2016 y otro procedente de abstencionistas y jóvenes que votan por primera vez- el candidato realizará un destacado ejercicio de propuestas programáticas y rentabilización de movimientos como el feminista del 8-M y el de jóvenes contra el cambio climático.

La dirección de la campaña de Podemos considera que el aumento de participación prevista, superior al 70%, puede beneficiarle, por lo que el candidato hará todo tipo de encuentros con medios de comunicación, entrevistas, mítines, foros y encuentros sectoriales.

Pablo Iglesias se reencontrará con las bases de Podemos en una plataforma circular situada en la plaza del museo Reina Sofía, que tiene un aforo de unas 4.000 personas. En autobuses fletados desde toda España llegarán 2.500, por lo que Podemos confía en reunir entre la plaza y los aledaños a unos 8.000 asistentes, que podrán seguir el acto a través de pantallas gigantes y de retransmisión en streaming. Le acompañarán los dirigentes de otras fuerzas políticas aliadas en las confluencias como IU, Equo, En Comú Podem o En Marea, junto a todos los candidatos y representantes de colectivos sociales.

Ni lazos amarillos, ni pancartas, ni carteles, ni fotografías de los presos o esteladas podrán exhibirse en los edificios públicos de Cataluña hasta el próximo mes de mayo. La Junta Electoral Central (JEC) planta cara al desafío independentista. En un acuerdo, con escasos o nulos precedentes, el órgano encargado de velar por la neutralidad de los comicios no sólo deja al presidente de la Generalitat Quim Torra al borde de la desobediencia sino que adopta toda una batería de medidas legales para asegurarse que se cumplirá la ley electoral en dicha autonomía antes y durante los comicios del próximo 28 de abril y 26 de mayo.

En el acuerdo, conocido por El Independiente, el organismo que preside el magistrado Segundo Menéndez recalca que Torra pesar de tener “obligación” de retirar los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos de la Generalitat -porque así lo dictaron en “resoluciones firmes y debidamente notificadas” de la JEC- “ni impulsó ni controló su ejecución en las fechas en que se exigió ese cumplimiento”. La Junta entiende que se ha puesto de manifiesto “la existencia de una voluntad de desobedecer” por parte del líder del Govern bajo “una apariencia de cumplimiento o formas de inejecución directa que vendrían representadas por la ejecución o permisividad de actos tendentes a burlarla abiertamente”.

Además, explica que “a la vista del informe remitido por la Delegación del Gobierno en Cataluña en el día de hoy, Torra ha ordenado o permitido la sustitución de esos símbolos por otros con idéntico significado partidista”, en referencia al cambio de los lazos amarillos por lazos blanco con rayas rojas en la fachada del Palau de la Generalitat.

Notificación expresa a los Mossos

“La actuación llevada a cabo, que no puede entenderse o valorarse ni tan siquiera como un intento de cumplimiento formal, no tiene otra finalidad que eludir o burlar los requerimientos emitidos por esta Junta Electoral Central. Ello es así porque tanto la conformación y contenido de los carteles como la identidad de los símbolos incorporados a ellos evidencian que el significado de la propaganda es el mismo, sin que pueda concederse relevancia material a la maniobra de cambiar el color de los lazos que, con la misma forma y trazado, se incorporan a los carteles”, recalca el acuerdo.

Por ello, junto al hecho de que se remite a la Fiscalía deducción de testimonio contra Torra “por incumplimiento consciente y reiterado” de los acuerdos de la Junta, se requiere al consejero de Interior de la Generalit, Miquel Buch, para que, “de forma inmediata, dé instrucciones a los Mossos d’Esquadra para que procedan a retirar de los edificios públicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña y de todas las entidades vinculadas o dependientes de dicha Administración autonómica, banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”.

“Vigilancia permanente”

Además, el conseller de Interior deberá dar órdenes a los Mossos para que ejerzan “una vigilancia permanente” para que no se vuelvan a colocar durante el período electoral ninguno de estos símbolos partidistas. Si no lo hace se enfrentará a responsabilidades penales al igual que el líder del Govern. El plazo dado por la Junta Electoral Central para la retirada de dichos símbolos expira este viernes a las 15:00 horas.

Por último, el máximo garante de la legislación electoral acuerda también que “en el caso de que llegado dicho término –las 15:00 horas del viernes- no se haya producido ese cumplimiento se requerirá al prefecto de Policía de ese departamento de los Mossos para que proceda a su inmediata ejecución”. Este acuerdo, que es de obligado cumplimiento, ya ha sido notificado a la policía autonómica catalana.

El Gobierno de Venezuela ha afirmado este jueves que Roberto Marrero, el jefe de gabinete del autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha sido detenido porque dirigía “una célula terrorista” que pretendía “desestabilizar” el país.

Las afirmaciones han sido realizadas por el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien ha destacado que la supuesta célula preparaba “asesinatos selectivos”, según ha informado la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

La detención de Marrero tuvo lugar en torno a las 2.00 (hora local) de este mismo jueves cuando, según informó Vergara en redes sociales, “más de 40 funcionarios del SEBIN” irrumpieron de madrugada en su vivienda y en la de Marrero “con armas largas y doce camionetas”, informa Europa Press.

Tanto Vergara como Guaidó, que también ha denunciado lo ocurrido vía Twitter, han acusado a los agentes del SEBIN de “colocar” armas -“dos fusiles y una granada”- en la casa de Marrero para justificar su “secuestro”.

La crisis venezolana se agudizó el 10 de enero a raíz de la decisión de Nicolás Maduro de iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

El 23 de enero, Guaidó se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela obteniendo el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, Colombia y Chile, para que gestione una transición pacífica que culmine con nuevas elecciones.

Pedro Sánchez no podrá sacudirse como quisiera las críticas de aquellos que le acusaron de poner en peligro las cuentas públicas al empeñarse en subir las pensiones con el IPC. Al menos, de momento.

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Borrón y cuenta nueva. El desplazamiento de la todavía portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, a la lista europea, es producto de un movimiento mucho más amplio que va a acabar con la salida de todos los diputados del PP por Barcelona. Una auténtica limpia que va a dejar fuera también al histórico Jorge Fernández Díaz, que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy, y a la ex presidenta del PP catalán y actual secretaria primera de la mesa del Congreso, Alicia Sánchez Camacho.

Con la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como cabeza de lista por Barcelona para el Congreso de los Diputados, el PP catalán pretende, bajo la presidencia de Alejandro Fernández, abrir una nueva etapa en un partido casi en fase agónica, que le lleva a romper también con las que han sido las grandes familias populares catalanas que han controlado la estructura durante lustros, esto es, los Fernández Díaz y los Montserrat.

Lista nueva

Con tan sólo cuatro diputados en el Parlament y con unas expectativas para estas elecciones generales que no eran nada buenas -lo que se pretende exorcizar con el golpe de efecto del regreso de Álvarez de Toledo- se le quiere dar la vuelta para iniciar una difícil remontada.

Álvarez de Toledo irá seguida en la lista por Joan López Alegre,  Irene Pardo y Joan Milián. El primero fue diputado autonómico entre 2004 y 2006, en época de Josep Piqué como líder de los populares catalanes. Pardo es presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña y Milían ya fue, como López Alegre, diputado en el Parlament.

El destino de Levy es de dos en el ayuntamiento de Madrid o “muy arriba” en la lista de Casado

De la lista de 2016 también cae el que fuera director de gabinete de Mariano Rajoy en Moncloa, el otrora todopoderoso Jorge Moragas, ahora embajador en Filipinas. Ni siquiera se pesca para la lista por Barcelona a la vicesecretaria de Estudios y Programas de Génova, Andrea Levy. Levy, que ocupaba un escaño en el Parlament, quería trasladarse a Madrid por lo que, en su momento, se planteó que entrara de dos en la lista al ayuntamiento acompañando a José Luis Martínez Almeida. El adelanto de las elecciones legislativas la convierten en un más que segura presencia en la lista de Pablo Casado en un puesto “muy arriba”, según fuentes populares.

No está previsto que el PP, al menos en principio, mejore sus resultados en Barcelona con respecto a esas elecciones de 2016. Sin embargo, la dirección popular catalana muestra su satisfacción por el fichaje de Álvarez de Toledo. Del acto del miércoles en Barcelona donde Pablo Casado presentó su candidatura destacan fuentes populares “el entusiasmo que ha provocado Cayetana entre las bases. El malestar solo viene de quien se queda fuera, como es lógico en cualquier renovación”.

Lo cierto es que una parte del PP catalán ha visto con “estupefacción” la elección de Álvarez de Toledo “y ya no porque viva en Madrid y no tenga relación con Cataluña, que también, pero sobre todo porque ha sido una persona que en los últimos años ha mostrado sus simpatías hacia Ciudadanos en política catalana”. Lo cierto es que la cabeza de lista no ocultó en entrevista con El Independiente que había votado al partido de Albert Rivera y todavía en noviembre pasado elogiaba la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona.

Malestar en el PPC

Hay otro tema que escuece en un sector del PPC y es que para la alcaldía de Barcelona también se echó mano de un independiente, el empresario Josep Bou, en lo que se entiende como un “ninguneo” de los cuadros y bases del partido, aunque todas las decisiones han tenido el concurso de su presidente regional. Ni ésta, ni la designación de Álvarez de Toledo se tomó al margen de Alejandro Fernández sino son su plena implicación.

Desde el PP catalán apuntan a que Dolors Monserrat “irá de salida en la lista europea. El resto, ya no sabemos”, agregan crípticos.

Un millón de personas en la Unión Europea no tiene acceso al agua. Además, ocho millones no pueden acceder a saneamientos. Ahora que la fecha del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, viene a poner sobre la mesa cuestiones como esta, conviene tener en cuenta los datos antes de considerar este problema como algo lejano. Se agrava, eso sí, en las zonas poco desarrolladas del planeta, en las que purificarla para el consumo es una quimera, y un reto casi tan enorme como evitar las enfermedades que conlleva la carencia.

El agua es uno de los derechos fundamentales de los habitantes del planeta. Debe estar disponible y ser accesible a todo el mundo y corresponde a los gobiernos la responsabilidad de asegurar su servicio de manera económica y fiable, sin ceder ante presiones del mercado.

En 2010, Naciones Unidas concedió al agua la categoría de derecho fundamental para los seres humanos. Sin embargo, casi una década después no todos los ciudadanos europeos pueden decir que sus necesidades se satisfagan. La plataforma Right 2 Water (un juego de palabras en inglés que viene a significar ‘Derecho al agua’) lleva años enfrascada en ello. Esta iniciativa ciudadana comenzó en mayo de 2012, ha recogido casi dos millones de firmas y busca el reconocimiento y la ejecución de diferentes medidas para que se garantice el agua a todos los ciudadanos de la Unión Europea que carecen de ella, ya sea por problemas de abastecimiento o económicos. Sus esfuerzos, hasta ahora, no han dado los frutos que esperan.

“Desde las instituciones no han querido reconocer el derecho al agua a los ciudadanos en posiciones más vulnerables. No se ha dejado clara, de manera legal, la obligación de los países miembros de la UE de asegurar el acceso a este elemento de manera segura y potable”, comunican desde la plataforma sobre las últimas medidas adoptadas en el Consejo Europeo, que no ha alcanzado un entendimiento con otra institución comunitaria, el Parlamento.

Aprovechando las recientemente aparecidas ‘Iniciativas Ciudadanas’ (ECI) de la Unión Europea, otro grupo reclama este derecho: “Se trata de crear una concienciación y un debate sobre el agua y los saneamientos, con la misión de asegurar que millones de ciudadanos de Europa tengan satisfecho este derecho básico”, explica Jan Willem Goudriaan, vicepresidente del comité de ciudadanos de la UE; “la crisis económica y las privatizaciones del agua han privado a muchos conciudadanos de algo tan básico. Nuestra intención y esfuerzo es mantener el agua accesible a todos los europeos”.

Agua barata en España

El último estudio de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos establece que España cuenta con 1.300 estaciones de tratamiento de agua potable, que suministran un total de 4.080 hectómetros cúbicos a los depósitos urbanos y las redes de distribución. En total salen desde los depósitos de distribución para el consumo unos 240 litros por habitante cada día.

Los recursos hídricos no son especialmente boyantes en España, pero el precio del agua tampoco es de los más altos de la Unión Europea. En 2018 se situó de media en 1,84 euros el metro cúbico. Esto quiere decir quem con un céntimo de euro, se ‘compran’ cinco litros de agua del grifo perfectamente saneada. La cifra es sorprendente, por el elevado coste que tiene conseguir agua en España, especialmente en algunas épocas del año y en algunas regiones con problemas de suministro. En la factura española, la incidencia del coste del agua no llega al 0,9%, un dato por debajo del 3% que la ONU considera una cifra limitadora de la asequibilidad del ‘derecho’ al agua para abastecimiento.

En los países vecinos, el precio es mayor con el fin de concienciar a sus ciudadanos de la importancia de cuidar los recursos hidrográficos y no derrochar un bien tan necesario. En España varios los sectores reclaman de hecho un aumento de precios con fines similares, una posibilidad de momento remota al estar el agua en manos públicas en la mayor parte de ciudades. ¿Será necesario tocar el bolsillo a los españoles para lograr una mayor concienciación?

Las células son pequeños seres vivos que, por sí solos no tienen mayor interés para los organismos. Sin embargo, son, en su conjunto, los que nos dotan (y datan) de vida, puesto que en su muerte y no reposición está el origen de la vida y del envejecimiento. Los robots no se componen normalmente de células. Tendemos a verlos monolíticos o articulados, pero hechos de metal y cables; no de minirrobots. En el MIT están dándole la vuelta a esa idea.

Siguiendo el ejemplo de las células biológicas, investigadoras de este centro y de la Universidad de Columbia han desarrollado robots computacionalmente simples que se conectan en grandes grupos para moverse, transportar objetos y completar otras tareas. Este sistema denominado robótica de partículas, comprende muchas unidades individuales en forma de disco llamadas “partículas”, a modo de células.

Las partículas están ligeramente conectadas por imanes alrededor de sus perímetros. Cada una sólo puede hacer dos cosas: expandirse y contraerse. Pero ese movimiento, cuando está cuidadosamente cronometrado, permite que las partículas individuales se empujen entre sí en un movimiento coordinado. Los sensores de a bordo permiten que el grupo pivote, moviendo el conjunto, el “organismo”, hacia una luz, por ejemplo. Tal y como haría un girasol.

En un artículo publicado en Nature, los investigadores demuestran que un grupo de dos 24 partículas robóticas reales (y una simulación virtual de hasta 100.000 partículas) se mueven a través de obstáculos hacia una bombilla. También prueban que un robot de partículas puede transportar objetos colocados en su entorno.

Robots que van hacia la luz

Los robots de partículas pueden recomponerse en muchas configuraciones y navegar de manera fluida alrededor de los obstáculos. Eso ya se ha hecho con módulos más grandes o con materiales flexibles. Lo llamativo es que ninguna de las partículas se comunica directamente o depende una de la otra para funcionar. Se pueden agregar o apartar sin ningún impacto en el grupo. En su artículo, los investigadores muestran que los sistemas robóticos de partículas pueden hacer tareas incluso cuando muchas unidades funcionan mal. Los robots compuestos de estos componentes simplistas, dicen los investigadores, podrían permitir sistemas más escalables, flexibles y robustos.

“Tenemos pequeñas células de robot que no son tan capaces como los individuos completos, pero que pueden lograr mucho en equipo”, dice Daniela Rus, directora del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL-MIT). Según su colega, la profesora de Ingeniería Eléctrica y Andrew y Erna Viterbi, “el robot en sí mismo es estático, pero cuando se conecta con otras partículas de robot, de repente, el colectivo puede explorar el mundo y controlar acciones más complejas”, las partículas de robot pueden lograr diferentes formas, global, como hemos demostrado en nuestros experimentos, siguen los gradientes de luz. Esto es algo que se abre a muchas posibilidades”.

Cada unidad de un robot de partículas tiene una base cilíndrica que alberga una batería, un motor pequeño, sensores que detectan la intensidad de la luz, un microcontrolador y un componente de comunicación que envía y recibe señales. Montado en la parte superior, se encuentra un juguete para niños llamado Hoberman Flight Ring (su inventor es uno de los coautores del artículo), que consiste en pequeños paneles conectados en una formación circular que se puede expandir y empujar hacia atrás para contraerse. Dos pequeños imanes están instalados en cada panel.

El truco consistía en programar las partículas robóticas para expandirse y contraerse en una secuencia exacta para empujar a todo el grupo hacia una fuente de luz de destino. Para hacerlo, los investigadores equiparon a cada partícula con un algoritmo que analiza la información emitida sobre la intensidad de la luz de todas las demás partículas, sin la necesidad de comunicación directa de partícula a partícula.

Cuanto más cerca esté la partícula de la fuente de luz, mayor será la intensidad. Cada partícula emite constantemente una señal que comparte el nivel de intensidad percibido con todas las demás partículas. Digamos que el sistema robótico de partículas mide la intensidad de la luz en una escala de niveles de 1 a 10: las partículas más cercanas a la luz registran un 10 y las más lejanas registrarán el 1. El nivel de intensidad, a su vez, corresponde a un tiempo específico en que la partícula se debe expandir. Las partículas que experimentan la mayor intensidad (nivel 10) se expanden primero. A medida que esas partículas se contraen, las siguientes partículas en orden se expanden. Ese movimiento en ola cronometrado de expansión y contratación ocurre en cada nivel subsiguiente. Es algo parecido a lo que algunas investigaciones plantean para ordenar el tráfico de coches autónomos en el futuro.

El agua sigue siendo uno de los grandes problemas del siglo XXI para la humanidad. La gestión de los recursos hídricos a nivel mundial requiere nuevas soluciones para contrarrestar los crecientes desafíos derivados del aumento de población y el cambio climático. El panorama, lejos de ser halagüeño, se calificar como preocupante. Más de 2.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más del doble no cuenta con acceso a servicios de saneamiento seguro. Como consecuencia del rápido crecimiento de la población mundial, se prevé que la demanda de agua aumente en casi un tercio para el año 2050. Ante un patrón de consumo acelerado y del el mencionado deterioro ambiental creciente, es evidente que son necesarias nuevas formas de gestión.

Desde Naciones Unidas se vienen lanzando campañas de concienciación a nivel mundial en las que se aconseja trabajar con la naturaleza y no contra ella. La demanda de agua aumentará y el desafío es satisfacer esta demanda de una manera que reduzca el impacto negativo en los ecosistemas. La naturaleza ha enviado ya muchas señales al ser humano. Alrededor de dos tercios de bosques y humedales se han perdido o degradado desde el inicio del siglo XX y el suelo se está erosionando. La contaminación del agua ha empeorado desde la década de 1990 en la mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina. Con este panorama, ha aumentado el riesgo de inundaciones y sequías, lo que a su vez tiene un impacto en el cambio climático: es un círculo vicioso. Se sabe también que la escasez de agua puede conducir a disturbios civiles, migraciones masivas e incluso conflictos dentro y entre los países.

Hace ya tiempo se estableció la necesidad de garantizar un volumen adecuado de agua de calidad apropiada, para apoyar y mantener los ecosistemas saludables. Sin embargo, la naturaleza también juega un papel único y fundamental a la hora de regular las diferentes funciones del ciclo del agua, en el que puede actuar como regulador, limpiador y proveedor. Las soluciones basadas en la naturaleza abarcan desde la escala micro o personal (por ejemplo, un inodoro seco) hasta las aplicaciones a nivel de paisaje, que incluyen la agricultura de conservación. Hay soluciones apropiadas para entornos urbanos, como los muros verdes, los jardines en azoteas e infiltraciones con vegetación o cuencas de drenaje, así como para entornos rurales.

Un derecho sin reflejo en la vida real

En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el derecho humano al agua y el saneamiento, señalando que la población mundial debe tener acceso a este recurso para uso personal y doméstico. Sin embargo, ese derecho plasmado en un papel no se ejecuta en la vida real. Se estima que cada año mueren casi un millón de personas a causa de la diarrea, como resultado del agua potable insalubre, el saneamiento y la higiene de las manos, mientras que 2.100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar.

Acceso al agua potable en el mundo. El Independiente

Para abordar este problema se requiere una inversión adecuada en la infraestructura e impulsar iniciativas para crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de cuidar y gestionar adecuadamente este recurso. Es fundamental proteger y recuperar los ecosistemas relacionados con este recurso, como los bosques, montañas, humedales y ríos.

El cambio climático y sus efectos aceleran el aumento de la escasez de agua. Esto conducirá a mayores fluctuaciones en el agua de lluvia recolectada. Por otra parte, el crecimiento de la población, los cambios demográficos y la urbanización ya plantean desafíos para los sistemas de suministro de agua.

En el año 2015, sólo más de 5 millones de personas utilizaron los servicios de agua potable administrados de forma segura. Sin embargo, los desafíos todavía son muchos para asegurar que la población mundial tenga acceso a este recurso para 2050. Se calcula que para el año 2025, la mitad de la población vivirá en áreas con estrés hídrico. Esto se puede solucionar si se comienza a integrar sistemas que permitan aprovechar y reutilizar las aguas residuales.

Para mejorar la gestión hay que aprovechar todos los recursos hídricos. La Organización Mundial de la Salud y Unicef también han compartido una serie de pautas de calidad del agua que incluyen agua potable, uso seguro de aguas residuales y entornos de agua recreativa seguros. Se impulsó el proyecto Wash Fit, una herramienta de mejora de instalaciones de agua y saneamiento para la salud, una adaptación del enfoque del plan de seguridad del agua.

El Quijote huele a guiso manchego. A comida en cazuela de barro y cocinada a fuego lento, regada con vino y acompañada con un buen pedazo de pan. El libro más aclamado de la literatura en castellano es también un viaje por la gastronomía española de la época, por las ventas y pucheros del siglo XVII. De hecho, sólo hay que esperar a la segunda frase del libro para leer: “Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda”. La comida juega un papel tan notable en la novela que por momentos el lector puede escuchar el rugir de las tripas de Sancho Panza.

Muchos de los platos que salen en el texto de Miguel de Cervantes han pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días y forman parte de la cocina típica de Castilla La Mancha. Un tradicional restaurante del centro de Madrid está dedicando el mes de marzo a recuperar los sabores del Quijote y acercarlos a los nuevos paladares. “A base de leer el libro hemos seleccionado una serie de platos y los hemos adaptado a nuestro local y a la actualidad. Es cierto que hemos tenido que seleccionar porque hay algunos platos de esa época muy poco vendibles”, explica José Nieto, cocinero de la taberna La Carmencita, en el barrio de Chueca.

En sus fogones se cocinan estos días cuatro platos: sopa de matahambre, una especie de sopa castellana; duelos y quebrantos, un revuelto de bacon, chorizo y sesos de cordero; caldereta de cordero; y torrijas. Un menú de alto contenido calórico pero elaborado prácticamente con los mismos productos que hace cuatro siglos. ¿Y cuál era la base de la alimentación de la población española allá por el 1600?

Hacía ya mucho tiempo -más de un siglo- que se había descubierto América, pero aún faltaba para que la patata, el tomate, el maíz, las judías y demás alimentos del nuevo mundo llegaran a los platos de los habitantes europeos. El cereal, por tanto, seguía siendo el principal ingrediente sobre la que se sustentaba la alimentación. Además, en la dieta siempre había vino, tocino y legumbres. La carne, para el pueblo llano, era prácticamente un lujo y sólo se servía con motivo de una celebración, como bien explica Cervantes en las bodas de Camacho durante la segunda parte del Quijote. Y todo lo que faltaba en las clases sociales más bajas abundaba en la alta burguesía y la Corte de los Austrias.

José Nieto, cocinero de El Quijote en el restaurante La Carmencita Mario Viciosa

“Para los productos que había, yo creo que se comía bien, se buscaban muy bien la vida. Eran muy ingeniosos”, asegura el chef de La Carmencita. “Ahora se tiene acceso a todos los alimentos que uno piense y así es muy fácil. Pero entonces no era tan sencillo”.

Tampoco era fácil tener siempre algo que llevarse a la boca. De hecho, según el doctor en Literatura Ángel García Galiano, Sancho acepta ser el escudero de Don Quijote por ese futuro lleno de abundancia que le promete.
Esta semana, durante un coloquio en la taberna La Carmencita, García Galiano recuperó ese instante de la novela: “Cuando el Quijote le promete ser gobernador de la ínsula de Barataria a Sancho, éste acepta sin saber qué es una ínsula. Sancho va porque en aquella época ser gobernador implicaba no pensar en qué había que comer”.