El Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) cuenta actualmente con más de 3,2 millones de cotizantes por cuenta ajena y las cifras que manejan las organizaciones que representan al colectivo apuntan que el 40% de la población activa trabajará por cuenta propia dentro de una década. Eso, en número de votantes o integrantes en las bases de un sindicato, por ejemplo, es una cifra de vértigo. Por eso, si hasta hace unos años su ambigüedad –un autónomos ¿es un trabajador o un empresario?—les podía dejar fuera de todos los foros y de la toma de decisiones, ahora es una útil bisagra para dejarse querer.

En los últimos años –se superaron los tres millones de autónomos en 2006–, pero sobre todo meses, el colectivo no ha hecho sino acercarse cada vez más al centro de los debates políticos y económicos. En plena crisis del empleo, el trabajo por cuenta propia ha sido una solución y ha mostrado su potencial económico. Por eso, el Gobierno viene hablando de ellos como una de las prioridades de sus políticas económicas, aunque con más discurso que medidas a la vista de las organizaciones que representan al colectivo, desde la llegada del PP a La Moncloa, en diciembre de 2011.

Fue el PSOE el que impulsó el Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007, en el que por ejemplo se recoge por primera vez la figura del autónomo económicamente dependiente –aquel que percibe al menos el 75% de sus ingresos del mismo pagador, eso que Deliveroo ofrece ahora a sus riders–. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que esto no fue más que la primera piedra de una gran catedral, porque el desarrollo reglamentario no ha sido sino un viacrucis para las organizaciones de autónomos.

No obstante, poco a poco los autónomos han sumado victorias. Medida a medida, más de 55 en la última legislatura. Este proceso se ha visto madurar, por ejemplo, en cada gran acto celebrado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha venido contado con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

Esta última, ha sido ensalzado siempre la labor de esta organización, de su presidente, Lorenzo Amor, y del colectivo en general. Sin ir más lejos, la ministra aprovechó su paso por los cursos de verano de la UCM de San Lorenzo de El Escorial el pasado viernes para enfatizar que «el número de asalariados contratados por autónomos se ha incrementado un 53% desde 2011». «Por primera vez los autónomos sobrepasan la barrera del millón de asalariados y ya son más de 1.040.000 los asalariados contratados por un autónomo», añadió.

Es bueno estar cerca de los autónomos.

No se le escapa esta cuestión ni al Gobierno ni a otras fuerzas políticas.

Por un lado, la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del 8% para este año, elevó de forma automática las bases mínimas de cotización de los autónomos societarios –los que tienen al menos 10 empleados– puesto que la Ley vinculaba hasta ese momento ambos indicadores. Las protestas de las organizaciones de autónomos llevaron a modificar la normativa para que estas bases se establecieran año a año en los Presupuestos.

El vehículo utilizado fue la nueva Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, trasladada por Ciudadanos al Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre. Desde su irrupción en el Parlamento tras las últimas elecciones generales, la formación naranaja ha peleado por sacar adelante esta Ley en estrecha colaboración con ATA y, finalmente, a partir de un acuerdo con el PP.

Se trata de una reforma en toda regla, a sumar el régimen sancionador para proteger a los autónomos y pymes de la morosidad entre empresas que también ha planteado Ciudadanos. Con estas normas, el colectivo se ha posicionado en un lugar mucho más favorable, no solo en términos económicos, sino también sociales.

Por ejemplo, la Ley de reformas del trabajo autónomo insta a incluir a las organizaciones de autónomos en el Consejo Económico y Social (CES) –esta posibilidad ya estaba en el Estatuto del Trabajo Autónomo–, donde hasta ahora solo estaban, entre otros, la patronal – que cuenta con su propia organización de autónomos, CEAT– y los sindicatos. De ahí a que puedan participar en las negociaciones tripartitas del diálogo social parece haber un paso.

Y esta escalada no es ajena a la oposición. En esa misma Ley, el grupo parlamentario de Podemos introdujo en el último momento una enmienda in voce para asegurar en el futuro, según su intención, una mayor representación de las asociaciones de autónomos de izquierdas.

El texto iba a salir adelante con o sin su apoyo, e incluía la obligación del Gobierno de constituir el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, órgano de naturaleza colegiada y consultiva en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo, que ya estaba previsto en Estatuto del trabajo autónomo, y que hasta la fecha tan sólo se había constituido formalmente.

Sin embargo, según Podemos, la representatividad en este órgano favorecía las asociaciones con más peso, concretamente a ATA, en detrimento de otras con menos reconocimiento público, como la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), con la que colabora.

Los sindicatos también quieren su cuota

Otro de los pretendientes de los autónomos es el sindicato CCOO. Ya en la fase final del mandato de su exsecretario general Ignacio Fernández Toxo, este anticipó que, con una pérdida de afililados de hasta 210.000 personas durante la crisis, había que ampliar miras. Uno de los nichos donde conseguir nuevos afiliados debía ser, dijo, los autónomos. Así es que su delfín, el nuevo líder de CCOO, Unai Sordo, no ha tardado ni una semana en reunirse con Uatae.

Ambas organizaciones lanzaron la pasada semana un mensaje de unión para pedir una reforma del RETA en esta legislatura. El sindicato viene colaborando con Uatae desde hace muchos años. Sin embargo, fuentes de CCOO confirman que la reunión se enmarca en la voluntad de la nueva dirección de “reforzar” este vínculo.

A por la economía colaborativa

Todos estos caminos llevan a la economía colaborativa, donde miles de trabajadores viven en la precariedad como colaboradores o falsos autónomos o autónomos económicamente dependientes o autónomos a sueldo. El Gobierno ya baraja la posibilidad de adaptar la legislación para evitar que esta precariedad se enquiste, un movimiento que reclama CCOO.

En el sindicato confirman que se abordará esta cuestión a la vuelta del verano. El sindicato quiere poner su estructura representativa a nivel confederal al servicio de estos trabajadores, dado que en estos momentos tienen una capacidad organizativa muy débil.

Sean autónomos o asalariados, se habla de estos trabajadores como los nuevos peones de las fábricas que fueron el símbolo de la economía capitalista a principios del siglo XX y que acabaron engrosaron las bases sindicales.

Desde ATA, Lorenzo Amor no quiere hablar de economía colaborativa, sino de «economía digital», y asegura que las formas de trabajo que están proliferando no pueden asimilarse al trabajo autónomo, pues son relaciones asalariadas encubiertas que debe perseguir, en todo caso, la Inspección de Trabajo.

La patronal ha hecho un primer acercamiento

Por último, el presidente de ATA pareció abrir la puerta hace meses a la posibilidad de integrar la organización en CEOE, aunque más tarde ATA desmintió esta opción.

No obstante, esta situación ya se ha dado. En Andalucía no hay debate, los autónomos son empresarios y ATA ya se ha unido a la Confederación de Empresarios de Andalucía.