En plena crisis de liquidez de la Seguridad Social, con el debate abierto sobre el posible colapso de las pensiones en cuestión de años, el Gobierno modificara el reglamento que rige la gestión financiera del sistema de pensiones, que no se ha tocado desde los años 90, para agilizar los procedimientos que afectan a la recaudación y pagos de la caja de la Seguridad Social y, por tanto, de las pensiones.

Lo que persigue el Ejecutivo es "flexibilizar" el circuito financiero de la Tesorería General de la Seguridad Social, dándole más competencias para abrir cuentas bancarias, tanto para recaudar como para realizar pagos, y adelantar los plazos de comunicación de los importes que las entidades financieras ingresan por cuotas sociales antes de transferirlas a los fondos de la Seguridad Social.

Por el momento, el Gobierno ha dejado abierto a consultas el proyecto normativo para que los interesados puedan realizar sus aportaciones hasta finales de este mes. Posteriormente, las modificaciones normativas y también las no regulatorias se concretarán después del verano.

Según argumenta el Ejecutivo, la razón de revisar ahora una regulación vigente desde 1995 es la necesidad de adaptarse a cambios que se han producido en los últimos años y que afectan a la gestión de ingresos y pagos de la Seguridad Social, así como en sus relaciones con la banca. Y es que las entidades financieras funcionan como colaborador único para este tipo de operaciones. Como ejemplo, son los bancos los que pagan a los pensionistas sus prestaciones poco antes de que finalice cada mes, como una nómina más, después de hacer cuentas con la Seguridad Social.

El nuevo proyecto normativo prevé, entre otras cosas, adaptar la Ley 16/2009 de servicios de pago, que incorporaba al ordenamiento español la correspondiente directiva europea con la que se trata de garantizar que los pagos realizados en la UE se hagan con la misma facilidad y seguridad en todos los Estados miembro.

También se trata de adecuar al actual escenario de pagos dentro de la zona única de los países del euro, denominada SEPA, que no es otra cosa que el área en la que ciudadanos y empresas pueden hacer y recibir pagos en euros, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones.

Pues bien, de acuerdo con las argumentaciones del Gobierno, es necesario elaborar un nuevo reglamento general sobre la materia con el objetivo último de agilizar los flujos financieros de la Tesorería General de la Seguridad Social en estos nuevos escenarios.

Nuevas competencias

Para ello, el proyecto normativo pretende también concretar aún más las competencias que ostenta la Tesorería como ordenador general de los pagos de la Seguridad Social para gestionar mejor los recursos.

En este sentido, el Gobierno se centrará en las posibilidades que ofrecen operaciones de compra de activos, subastas de liquidez, depósitos a plazos y fondos de cuentas tesoreras a la hora de incorporar "nuevas alternativas de gestión de los fondos de la Seguridad Social" que se encuentran en las cuentas abiertas en el Banco de España.

Mientras tanto, el Gobierno también trabaja en la actualización de los procedimientos y la utilización de medios electrónicos en los pagos que realiza la Tesorería, para avanzar así en la automatización progresiva de la Seguridad Social. Finalmente, otro de los objetivos que se persiguen es regular con mayor concreción y amplitud la colaboración entre el sistema de la Seguridad Social y las entidades financieras.

Aire para las cuentas de la Seguridad Social

Este nuevo proyecto normativo llega un momento acuciante para la Seguridad Social. El sistema arrastra un déficit que, si se cumplen las previsiones del Gobierno, se situará en el 1,4% del PIB en 2017, en torno a los 16.000 millones de euros.

Este déficit es fruto de unos gastos que superan a los ingresos. Porque cada vez más pensionistas tiran de los fondos de la Seguridad Social y porque los jubilados cada vez acceden a pensiones más altas respecto a sus últimos sueldos. Pero también porque durante la crisis se hundieron los ingresos por efecto del elevado desempleo. Esto ha llevado, por ejemplo, a que pese a la recuperación el número de cotizantes por cada pensionista se encuentre en mínimos históricos.

Esto ha provocado que el Fondo de Garantía de Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, se haya reducido drásticamente en los últimos años, desde los 67.000 millones de euros en 2011 a los 11.600 actuales, a medida que el Gobierno ha tenido que ir echando mano de estos fondos y de las rentabilidades generadas por su inversión en deuda pública, para pagar las pagas extras de los pensionistas de julio y diciembre desde 2012.

Hasta tal punto han llegado las tensiones de liquidez que la Seguridad Social usará este año, además del Fondo, un crédito de 10.000 millones de euros que el Ministerio de Empleo ya ha adelantado que no se devolverá.

Pero los ingresos por cotizaciones remontan el vuelo

Sin embargo, este año se ha producido un cambio de dinámica en las cuentas de la Seguridad Social. En estos momentos, los ingresos por cuotas ya crecen a un ritmo del 4,8%, superior al de los gastos, que es del 3,4%, lo que hace que cada vez le vayan comiendo mayor terreno al déficit.

En este contexto, la agilización de los flujos financieros del sistema puede tener efectos muy positivos para que la savia llegue cuanto antes al árbol, se mejore la eficiencia en su gestión y se avance más rápido en la reducción del déficit.