La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha remitido al Ministerio de Hacienda un informe en el que señala a los nueve ayuntamientos con mayores problemas de solvencia de España --la previsión inicial era de 22 entes-- y le ha pedido que convoque y lidere una comisión de expertos para diagnosticar su situación y plantear medidas a medio y largo plazo para su 'rescate', tal y como avanzó El Independiente. El departamento que dirige Cristóbal Montoro cuenta con este requerimiento desde hace una semana, pero aún no ha dado respuesta.

Se trata de los entes locales de Jeréz de la Frontera, Jáen y la Línea de la Concepción, bajo la tutela de Andalucía; Gandía, que reporta a la Comunidad Valenciana; San Andrés de Rabanedo, a Castilla y León; y Alcorcón, Parla, y Navalcarnero, de Madrid, y Totana, en Murcia, que tienen como órgano tutelante al Ministerio de Hacienda. Con la inclusión de estos cuatro últimos casos en el listado, la Autoridad Fiscal pone en evidencia el control directo que viene ejerciendo el Gobierno.

Todos estos ayuntamientos tienen graves problemas de solvencia, con una deuda sobre los ingresos que en el mejor de los casos, como es el caso de la Línea de la Concepción o Totana, está entre el 200% y el 300%  --a partir del 75% no es posible endeudarse sin autorización--. Además, sus periodos medios de pago superan, salvo en estos mismos casos, los 250 días sobre el plazo legal, que es de 30 días. Y, por último, cinco de ellos tienen remanentes de tesorería negativos, que supera el 100% de sus ingresos corrientes en el caso de Parla o Jaén.

La llamada de alerta de la Autoridad Fiscal responde a la manifiesta incapacidad de la intervención que supervisa las cuentas de estos entes locales y la falta de control por parte de sus órganos tutelantes para reconducir la situación.

El caso alarmante de Jaén

A modo de ejemplo, el ayuntamiento de Jaén, que acumuló gran parte de estos desequilibrios cuando era su alcalde el actual secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández de Moya, --lo fue hasta noviembre de 2015-- ni siquiera ha presentado un Plan Económico Financiero (PEF) para encauzar sus cuentas, pese a que la Junta de Andalucía se lo ha requerido y ha acabado trasladando la cuestión a Hacienda. Sus plazos de pago son de vértigo: llegó a pagar a sus proveedores a 654 días por encima del límite legal en 2016.

En esta situación, fuentes de la AIReF aseguran que el futuro de estos entes locales no pasa por solicitar medidas de ajuste en el corto plazo, sino por llevar a cabo un análisis "profundo, serio y detallado" ayuntamiento por ayuntamiento para tomar decisiones en el medio y largo plazo. En definitiva, la Ley de Estabilidad, más cortoplacista, no aporta soluciones para estas administraciones y Hacienda debe adoptar medidas extraordinarias.

No hay igualdad de criterios en toda España

El hecho de que Jaén no haya presentado un PEF, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, en una situación más solvente, ha llegado a sufrir la tutela semanal de Hacienda por presentar planes no adecuados a la interpretación que el Gobierno hace de la regla de gasto, dentro de la Ley de Estabilidad, evidencia que no hay unidad en la aplicación de la norma en todo el territorio nacional.

La AIReF denuncia casos en los que los PEF aprobados incluyen incumplimientos de la regla de gasto en el primero de los ejercicios, en contra de la Ley de Estabilidad, o se han ido modificando sobre la marcha para evitar un incumplimiento.

En este sentido, la Autoridad Fiscal también ha demandado a Hacienda que establezca criterios homogéneos para que la aplicación de la Ley de Estabilidad sea igual en toda España.

Grandes ayuntamientos incumplirán la regla de gasto

Por otro lado, las últimas estimaciones de la AIReF apuntan a que el conjunto del subsector de las entidades locales alcanzarán un superávit del 0,6% del PIB en 2017, en línea con el pasado año, pero con una aportación un 25% inferior en el caso de los grandes ayuntamiento.

Esto está ligado a un previsible incumplimiento de la regla de gasto en algunos de estos grandes ayuntamientos, como es el caso de Madrid (la previsión no recoge la aprobación definitiva del PEF), Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Córdoba, Gijón, el Cabildo Insular de Tenerife y el Consejo Insular de Mallorca.