Economía

La subida a pensionistas y funcionarios en 2019, en el aire tras el cambio de Gobierno

El nuevo Ejecutivo, o el que salga si hay elecciones, deberá renovar en los dos próximos años los acuerdos impulsados por el PP en materia de pensiones o empleo público

El secretario general del PSOE Pedro Sánchez, saluda al presidente del gobierno Mariano rajoy, en el hemiciclo del Congreso tras el debate de la moción de censura presentada por su partido.

Pedro Sánchez saluda a Mariano rajoy tras el debate de la moción de censura en el Congreso. EFE

La moción de censura ha prosperado y ahora se abre un escenario de incertidumbre en muchos frentes. En el plano económico, el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que seguirá adelante con los Presupuestos de 2018 pactados por el PP con Ciudadanos y PNV, y que el PSOE trató de vetar.

Eso siempre y cuando el PP no muera matando y no torpedee sus propias cuentas de 2018 en trámite aún abierto en el Senado (las cuentas recibirán cuatro vetos en la cámara alta por parte de las minorías).

El nuevo Gobierno arranca así desde una incoherencia, pero en aras de la estabilidad y haciendo propósito de enmienda. Tendrá esa oportunidad con la tramitación de los Presupuestos de 2019.  Sin embargo, las quinielas hablan de un mandato de no más de medio año y de la precipitación de unas nuevas elecciones que podrían cambiar el color del Gobierno. Todo son incertidumbres.

Lo que al menos cabe suponer es que las opciones que se abran pueden poner patas arriba compromisos incluidos en el Presupuestos a desarrollar en 2019 y 2020. Porque aunque se aprueben los Presupuestos de 2018, una parte de las subidas no quedarán necesariamente blindadas.

Se trata precisamente de las medidas estrella de las cuentas para de año, como la mejoras de las condiciones de trabajo para los funcionarios o las subidas de pensiones. Otras, como la rebaja del IRPF, también estás llamadas a desplegar todos sus efectos en 2019.

No obstante, aunque estas cuestiones podrían quedar seriamente trastocadas, no necesariamente empeorarán (no hay que olvidar que 2019 es un año electoral). Aunque esto siempre es una cuestión de óptica, puesto que, por ejemplo, mayores subidas retributivas son siempre buenas para el colectivo afectado, pero no tanto para quien tiene que cuadrar las cuentas.

La única salida de Sánchez

De un lado, Sánchez apenas podía hacer algo diferente. Introducir enmiendas en el Senado –el lunes finaliza el plazo de enmiendas parciales—retrasaría la tramitación de las cuentas, que ya llegan con medio año de retraso, y, sobre todo, supondría retocar las que tanto ha perseguido PNV, su socio de moción.

Además, un Presupuesto expansivo como el que está camino de aprobarse recibirá a ciencia cierta el apercibimiento de Bruselas a lo largo del año, si es que se cumplen los vaticinios de la Autoridad Independencia de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o del Banco de España y se produce una desviación respecto a los objetivos de déficit y deuda pública. España tendrá que hacer frente a nuevas demandas de ajustes y reformas. Sin embargo, manejar el presupuesto de otro le permitirá a Sánchez devolver el discurso de la herencia recibida como un bumerán.

La subida de las pensiones

¿Qué ocurre con lo presupuestado? En primer lugar, las subidas de las pensiones pactadas por el PP con Ciudadanos y el PNV no han sido del agradado del PSOE, ni de los que están llamados a ser socios de un eventual Gobierno a tenor de lo visto durante el debate de la moción, la bancada de Podemos.

De aprobarse definitivamente los Presupuestos de 2018, quedará grabado en piedra que las pensiones públicas subirán un 1,6% (no el IPC), mientras que las mínimas y las no contributivas lo harán en un 3%. No obstante, el compromiso presupuestario forzado por el PNV planteaba una nueva subida de las prestaciones del 1,6% en 2019.

Para entonces, hay voluntad en el Pacto de Toledo de haber alcanzado un acuerdo para revisar el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, pero desde las posiciones más extremas de PSOE y Podemos, que quieren volver a vincular las pensiones al IPC; hasta las de PDeCAT o PNV, que demandan una nueva fórmula en la que las pensiones mínimas suban más que el resto en tiempos de crisis y en la que la inflación sea un elemento solo troncal.

El PP sigue defendiendo que, antes de pensar en la cuantía de las pensiones, es preciso reequilibrar el sistema moderando el gasto. Ciudadanos, que ve ahora la opción de seguir agrandando su espacio en la derecha política, ha nadado en la ambigüedad después de defender la reforma de 2013. Si bien, a estas alturas aboga por una revisión del texto, pero haciendo hincapié en la necesidad de acompañar cualquier subida de pensiones de un plan para financiarlas. En este sentido, ha presentado una reforma laboral enfocada a acabar con la temporalidad para generar más y mejor empleo (más y mejores cotizaciones), que no ha sido del agrado de los sindicatos a primera vista.

Sin embargo, aunque la lógica parlamentaria dice que el próximo Gobierno debería esperar a las recomendaciones del Pacto de Toledo antes de legislar, lo cierto es que, con estos mimbres, en la comisión permanente encargada de las pensiones no hay muchos visos de acuerdo (a menos que unas nuevas elecciones recompongan la comisión y alteren las posiciones). Además, el Pacto de Toledo no es una comisión legislativa y quien hace las leyes es el Ejecutivo.

Fuentes de Ferraz consultadas por El Independiente aseguran que su objetivo más allá de subidas puntuales de las pensiones, es volver a 2011 y vincular de nuevo las pensiones con el IPC (la reforma de ese año, que incluía la elevación de la edad de jubilación, seguiría desplegando sus efectos), como contemplaban sus Presupuestos alternativos. Esta opción ha obtenido el favor de la cámara baja en más de una ocasión a través de proposiciones no de Ley vetadas por el PP.

Por último, otro elemento a tener en cuenta es que la inflación de 2019 también podría quedar por debajo del 1,6% que se incluye a día de hoy en las cuentas de 2018.

Los funcionarios, en alerta

Para los funcionarios también podrían avecinarse curvas. El sindicato UGT ya ha avisado de que, esté quien esté en el Gobierno, el acuerdo suscrito e incluido en los Presupuestos es «exigible» puesto que tiene el respaldo parlamentario.

En el mismo sentido, CSI-F ha recordado a Sánchez su compromiso de respetar el proyecto de Presupuestos contempla la oferta de empleo público y la subida salarial. «Es preciso un compromiso político para desarrollar el acuerdo», ha recalcado tras conocerse el resultado de la moción.

Se refiere al acuerdo trianual que prevé una subida salarial para los empleados públicos cercano al 9%, algo en lo que a priori ningún nuevo Ejecutivo se atrevería a dar marcha atrás. Tal y como está redactado el acuerdo, entre 2018 y 2020 se producirá una subida salarial del 6,9% en un escenario de mínimos (1,95% en 2018, 2,50% en 2019 y 2,30% en 2020). Dado que el acuerdo también contempla un alza adicional del 0,55% en 2020 en caso de que se cumplan los objetivos de déficit público de dicho ejercicio, la subida salarial acumulada en el trienio alcanzaría el 8,79% en el mejor de los escenarios.

Pero no solo eso. Hace unas semanas se constituyó la mesa de trabajo para desarrollar dicho acuerdo para trabajar en la eliminación de penalización salarial que sufren los funcionarios cuando están de baja o para abrir a la negociación colectiva la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas en las administraciones.

Esta última cuestión ha sido una batalla librada por el PSOE durante los últimos años. Recordar que el Gobierno recurrió ante el Constitucional la vuelta a las 35 horas en Andalucía, el feudo de Susana Díaz. Sin embargo, nada asegura que el año que viene sea el PSOE el que ocupe el Palacio de la Moncloa.

En todo caso, sea como fuere, el PSOE plantea un aumento presupuestario de unos 8.000 millones de euros, resultado de nuevos ingresos y reducciones de gasto. Esta cantidad incluiría 2.500 millones adicionales procedentes del ahorro por una racionalización del gasto público.

“La imagen del despilfarro socialista se va a acabar. Vamos a ser los más cuidadosos con el gasto público”, precisaba Sánchez en la presentación de este proyecto.

Por su parte, Ciudadanos siempre ha ido más lejos y ha propuesto auditorías para el gasto del Estado, mayor evaluación del desempeño en la Administración o la supresión de altos cargos.

Así pues, no parece que la subida salarial de los funcionarios peligre. Más aún, Ciudadanos ha librado una dura batalla por conseguir la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y quiere llevar las mismas salariales a todos los rincones de la Administración. Sin embargo, está por ver qué ocurre con el resto de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Cambios asegurados en impuestos

Por otro lado, Ciudadanos forzó una rebaja salarial en el IRPF que, por el retraso de los Presupuestos, solo tendrá efectos en 2018 durante el segundo semestre y desplegará todo su potencial en 2019. Es de esperar, por tanto, que ningún cambio de Gobierno altere esta reducción, en tanto que beneficia sobre todo a las rentas más bajas (algo que también defenderían Podemos y PSOE).

Sin embargo, la nueva situación política acerca la posibilidad de un nuevo Gobierno de izquierdas partidario de incrementar la imposición sobre las rentas más altas y las empresas para incrementar los ingresos del Estado y costear una ampliación de las políticas sociales.

Sin ir más lejos, el presupuesto alternativo del PSOE contempla una elevación del tramo estatal del IRPF hasta el 22,5% para rentas a partir de los 60.000 euros; otro tramo del 26,5% a partir de los 150.000 y un aumento del tipo de gravamen del ahorro para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base del ahorro y unas rentas totales superiores a 150.000 euros.

Más allá del Presupuesto, el Gobierno de Mariano Rajoy deja tras de sí muchos flecos. Queda a la deriva la creación de una ‘tasa Google’, la fusión de los programas de ayuda a parados de larga duración (RED) y, quizás lo más importante, la reforma de la financiación autonómica, que debería estar lista antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2019 antes de que nuevos cambios de Gobierno en las autonomías eternicen aún más el proceso.

Comentar ()