La investigación interna que BBVA está llevando a cabo para arrojar luz sobre el caso Villarejo está disparando la tensión en el edificio de La Vela. Según ha podido saber El Independiente de fuentes conocedoras del proceso, los altos directivos están siendo sometidos a "duros interrogatorios" y "gran presión".
Alguno de los protagonistas de estos interrogatorios, que forman parte del proceso desplegado para elaborar la auditoría forensic, ha llegado a comentar a su círculo más íntimo que ante el elevado e incisivo tono de las preguntas "temió que fuesen a llamar a la policía para encarcerlarlo directamente".
La auditoría que lidera PWC, con el apoyo de Uría Menéndez y Garrigues, busca esclarecer los vínculos entre el banco y el comisario José Manuel Villarejo. El estallido del escándalo por supuesto espionaje que el expolicía habría llevado a cabo desde 2004 por encargo del ex jefe de seguridad de BBVA, Julio Corrochano, con el presunto conocimiento del expresidente Francisco González, movilizó a BBVA a encargar la auditoría interna el pasado verano.
En este contexto y dadas las implacables entrevistas a las que se está sometiendo a algunos ejecutivos, la tesis que empieza a surgir en la sede de BBVA es que el informe forensic busca en última instancia "enlaces" entre Corrochano y Villarejo, que liberen de cualquier responsabilidad y sombra de duda a FG -como se conoce a González en el sector- y a Carlos Torres Vila, actual presidente. El presunto culpable sería un alto ejecutivo con responsabilidad sobre Corrochano y en contacto con la cúpula.
FG ha defendido en todo momento su inocencia. Y Torres Vila ha asegurado confiar en su mentor. Aun así, la presión fue insostenible y FG tuvo que desvincularse completamente del banco. Su renuncia la presidencia honorífica del banco y la fundación, el pasado 14 de marzo, responde a su voluntad de "evitar que se utilice su persona para dañar a la entidad”, según él mismo explicó en una misiva que remitió a su sucesor y al consejo. Sin embargo, su decisión, un día antes de la celebración de la junta general de accionistas, parece ser el fruto de la tormenta perfecta: presión de los reguladores, los fondos de inversión y las querellas.
La abrupta caída del directivo, hasta finales del año pasado primer espada de uno de los grandes bancos del mundo, estaría pasándole factura. En su entorno sugieren que desde su forzada renuncia a los cargos en BBVA su vida social se ha reducido de forma significativa y apenas frecuenta el club del golf de La Moraleja en el que se le solía ver los viernes. Tampoco se le ha visto pasearse ni por La Vela ni por la sede de la fundación en el palacete de Recoletos.
Primeras conclusiones del informe
Tal como publicó este medio, la primera conclusión del avance de la investigación, coordinada por el exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, es que, en contra de las informaciones publicadas, no se ejecutaron pinchazos a 4.000 teléfonos para grabar 15.000 conversaciones. Lo que sí se le puede achacar a Villarejo, cerebro de la Operación Tándem, es el rastreo de las llamadas entrantes y salientes de los terminales. Así pues, se desmonta la trama del espionaje industrial, dado que todo indica que el número de grabaciones de conversaciones telefónicas fue significativamente inferior. También pone en evidencia que todos los controles internos del banco saltaron por los aires, al igual que el código ético de la entidad.
El origen
BBVA recurrió a los servicios de una empresa de Villarejo (V & V Development), que trabajaba a tiempo parcial para el Ministerio del Interior al tiempo que hacía trabajos de encargo para grandes empresas, en 2004. El objetivo: frustrar la operación de toma de control del banco por parte del constructor Luis del Rivero, presidente de Sacyr. Junto a éste, el empresario Juan Abelló, consejero del banco, y Miguel Sebastián, en aquellas fechas director de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero y antiguo empleado del servicio de estudios de la entidad, también fueron supuestamente espiados, al formar parte de la trama. El exministro socialista ya ha anunciado acciones legales y ha acusado a BBVA de corrupción corporativa.
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