Economía

La campaña como ensayo del Pacto de Toledo: PP y PSOE chocan y Vox dinamita las pensiones

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La campaña como ensayo del Pacto de Toledo: PP y PSOE chocan y Vox dinamita las pensiones
Manifestación de pensionistas en Madrid.

Manifestación de pensionistas en Madrid. EFE

Resumen:

La campaña electoral es ese tiempo en el que los partidos muestran sus cartas y adquieren compromisos. O al menos así debería ser, aunque las campañas también tiene sus reglas tácitas y los ciudadanos, mal que bien, las aceptan. Sin embargo, igual que los ciudadanos no esperan nada del IRPF a priori, y se toman cualquier rebaja como el 'black friday' de los impuestos, los alrededor de 9.000 pensionistas sí esperan recibir mensajes concretos, soluciones a sus demandas de revalorización y una respuesta a la pregunta del año, desde hace unos años: ¿Cómo cuadrar las cuentas de la Seguridad Social para poder mantener el actual nivel de las pensiones y al mismo tiempo hacer sostenible el sistema? Esa era la gran incógnita que esperaba descifrar el Pacto de Toledo en sus recomendaciones de este año, las que finalmente saltaron por los aires cuando finalmente se anunciaron, precisamente, las elecciones generales del próximo 28-A. Después, los diferentes grupos parlamentarios no esconden que la posibilidad de volver a un consenso en la comisión permanente del Congreso de los Diputados, ese espacio de acuerdo apolítico, está más que en entre dicho, entre otras cosas por las nuevas correlaciones de fuerzas que puedan surgir de las urnas y por la más que probable irrupción de Vox en la cámara baja y en el Pacto de Toledo.

La campaña electoral es ese tiempo en el que los partidos muestran sus cartas y adquieren compromisos. O al menos así debería ser, aunque las campañas también tiene sus reglas tácitas y los ciudadanos, mal que bien, las aceptan. Sin embargo, igual que los ciudadanos no esperan nada del IRPF a priori, y se toman cualquier rebaja como el ‘black friday’ de los impuestos, los alrededor de 9.000 pensionistas sí esperan recibir mensajes concretos, soluciones a sus demandas de revalorización y una respuesta a la pregunta del año, desde hace unos años: ¿Cómo cuadrar las cuentas de la Seguridad Social para poder mantener el actual nivel de las pensiones y al mismo tiempo hacer sostenible el sistema?

Esa era la gran incógnita que esperaba descifrar el Pacto de Toledo en sus recomendaciones de este año, las que finalmente saltaron por los aires cuando finalmente se anunciaron, precisamente, las elecciones generales del próximo 28-A. Después, los diferentes grupos parlamentarios no esconden que la posibilidad de volver a un consenso en la comisión permanente del Congreso de los Diputados, ese espacio de acuerdo apolítico, está más que en entre dicho, entre otras cosas por las nuevas correlaciones de fuerzas que puedan surgir de las urnas y por la más que probable irrupción de Vox en la cámara baja y en el Pacto de Toledo.

Así es que los programas electorales pueden servir de ensayo de lo que será ese debate. Al menos todos coinciden en que hay que volver al redil del Pacto de Toledo en cuanto eche a andar la nueva legislatura. Sin embargo, lo que muestran es, de nuevo, una vuelta a ese punto en el que la comisión se bloqueó, antes de que los portavoces de la comisión echaran el resto priorizando sacar adelante una recomendaciones con las que dar confianza a los pensionistas.

Vuelta al choque entre el PSOE y el PP, por más que los ‘populares’ vuelvan a hablar de pensiones e IPC, con el añadido de una propuesta de Vox que no hace sino replantear todo el sistema público de pensiones. La confrontación está servida.

Sámchez se compromete a subir el IPC

El primero en presentar el programa fue el actual inquilino de La Moncloa, el PSOE de Pedro Sánchez. Lo hizo con una propuesta aparentemente ceñida a su programa de máximos –fin de la reforma de las pensiones del 2013 y vuelta a la indexación con el IPC–, pero en la que abría la puerta a posibles ajustes en las futuras pensiones.

De entrada, mostraba su respeto al Pacto de Toledo y hablaba de reformar el sistema público de pensiones «con el mayor consenso posible», y sobre la base de la solidaridad intergeneracional. Dicho esto, los socialistas plantean eliminar el índice de revalorización de las pensiones, el que ha llevado a subidas del 0,25% entre 2013 y 2017.

En su lugar, el PSOE apuesta por subir las pensiones cada año con el IPC real, un concepto que en la ortodoxia económica en realidad no existe, y que algunos economistas intuyen que puede referirse a la inflación subyacente y otros a la inflación media al final del año. No obstante, el PSOE apuesta por una mayor subida de las pensiones mínimas contributivas (deja fuera a las no contributivas), y por reformar la actual regulación del factor de sostenibilidad.

Recordar que este factor, llamado a ajustar las pensiones iniciales en función de la evolución demográfica y la esperanza de vida para adecuar el coste del sistema a la situación financiera de la Seguridad Social, se incluía ya como recomendación en la reforma de las pensiones de 2011, promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En la actualidad se ha pospuesto su entrada en vigor de 2019 a 2023 fruto del acuerdo presupuestario entre PP y PNV en 2018. Pues bien, desde la Comisión Europea se ve este elemento como la clave para amortiguar la escalda del coste de las pensiones en adelante.

El PSOE también se plantea absorber el déficit del sistema de la Seguridad Social, que ronda los 18.000 millones de euros, en cinco años, adoptando todo un conjunto de medidas que garanticen la sostenibilidad financiera, pero que no detalla. En todo caso, habla de «redefinir» las fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente los gastos contributivos. Esto es una llamada a financiar al menos una parte de las prestaciones no contributivas con impuestos, como también se espera hacer para sostener el gasto derivado de las jubilaciones de la generación del baby-boom, que se disparará en los próximos años.

Lo que piensa Casado de las pensiones

Por su parte, el partido que lidera Pablo Casado apuesta por elevar las pensiones al ritmo del IPC, pero con matices, reforzando los estímulos para la contratación de planes privados de pensiones y abordando en necesario reequilibrio de las cuentas públicas desde el impulso de las políticas de familia y natalidad. «Somos el partido que siempre ha garantizado las pensiones de nuestros mayores», se presentan los ‘populares’.

Dicho esto, plantean que el equilibrio de las cuentas públicas es la principal garantía de las pensiones, por lo que un eventual Gobierno del PP remará para «consolidar» las reformas implementadas en el sistema público de pensiones para asegurar su sostenibilidad y suficiencia. Para ello, al igual que el PSOE, plantea profundizar en la separación de fuentes de financiación y poner el acento en el incremento de la creación de empleo.

Del lado de los pensionistas, el PP asegura que sus prestaciones «deben mantener su poder adquisitivo», a lo que añade: «La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad». Es decir, que asegura el aumento de las pensiones al ritmo del IPC sin más, y abre la puerta a revalorizaciones por debajo, aunque también por encima.

Además, el PP asegura que mejorará la transparencia del sistema de pensiones con el fin de que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar. Pero no se refiere a la carta que supuestamente iban a recibir los mayores de 55 años desde 2013, a la que se comprometió el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. El conocido como ‘sobre naranja’, que nunca se llegó a poner en marcha.

En el plano de las medidas paramétricas, el programa del PP apuesta por seguir aproximando el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral de forma progresiva, para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación; impulsar en el marco del diálogo social, los pilares complementarios del sistema, planes de empresa y planes voluntarios de pensiones; y reducir la brecha por la maternidad en pensiones ampliando el Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutaban.

En sus actos de campaña, Casado ha matizado que si llega al Gobierno subirá las pensiones hasta un 15% para madres trabajadoras con hijos.

Ciudadanos no se moja

La formación que lidera Albert Rivera, en cambio, no se moja. Haciendo gala de la ambigüedad que se le ha echado en cara en el seno del Pacto de Toledo, el programa electoral de los naranjas apenas se detiene en la cuestión de las pensiones.

Se detiene en garantizar que sea compatible tener un trabajo asalariado y la percepción del 100% de la pensión de jubilación, y una pensión justa para todos los autónomos que se jubilen: «si lo desean, podrán contabilizar toda su vida laboral para el cálculo de su pensión», precisa.

Por otro lado, plantea la creación de una suerte de ‘mochila austríaca’. Concretamente, ofrece que todos los trabajadores tengan derecho a una indemnización y a la prestación por desempleo también cuando cambian de trabajo voluntario. Estas cantidades se ingresarán en una cuenta personal de la que se podrá retirar el dinero en caso de desempleo, movilidad geográfica dentro de la misma empresa, o en el momento de su jubilación, como complemento a la pensión a la que tenga derecho.

Podemos, con el IPC

En la misma línea que el PSOE, y frente al PP, la formación Unidas Podemos apuesta por actualizar las pensiones «con el IPC de manera inmediata», y por blindar esta cuestión en la Constitución. También propone ir más lejos que los socialistas y derogar el factor de sostenibilidad en tanto que, en un periodo de 30 años, en caso de mantenerse una evolución de la esperanza de vida como la prevista, está fórmula produciría un descenso en la pensión inicial de entre el 9% y el 18%.

Por contra, la formación morada apuesta por incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas, esas que el PSOE dejaba al margen. Al establecer una garantía universal de ingresos suficientes de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del hogar—, se habrán elevado de un plumazo estas pensiones mínimas y no contributivas, como algunas pensiones de jubilación, viudedad, por incapacidad, etcétera, que principalmente reciben mujeres, añade Podemos.

En el caso del periodo de cómputo a efecto de las pensiones, que el PP pretende elevar, Unidas Podemos opta por que las personas que lleguen a la edad de jubilación puedan elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral; y por reconocer la posibilidad de completar periodos no cotizados para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras.

Además, la formación morada se compromete a agilizar el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para trabajadores en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros. Se trata de colectivos que ya estaban en la lista de espera del Ministerio de Trabajo para ver reconocido su derecho a la su jubilación anticipada, como los policías locales.

Otro de los cambios que propone Podemos es que las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones, un umbral inferior a los más de 65 años actuales.

Unidas Podemos también tiene en consideración el déficit de la Seguridad Social y propone fortalecer los ingresos del sistema, no solo con creación de empleo, sino también revisando el actual sistema de reducciones de cuotas y de bonificaciones, que, a su juicio, ha demostrado ser incapaz de generar empleo y que supone una pérdida de más de 3000 millones cada año, para invertir ese dinero de manera más eficaz.

Por último, la formación morada también avanza una eliminación de los topes de cotización, de manera que quienes tengan salarios muy altos coticen más a la Seguridad Social, así como los beneficios fiscales por las inversiones en planes de pensiones privados.

Vox acaba con el sistema de pensiones actual

Por su parte, Vox también se compromete con la reducción del déficit estructural de la Seguridad Social, pero considera que recetas como el retraso de la edad de jubilación, los incentivos a la prolongación de la vida laboral o el incremento de los años cotizados para acceder a una pensión no son sino parches, que además redundan en un deterioro del poder adquisitivo de las pensiones.

La formación verde se decanta por una reforma en profundidad del sistema público de pensiones que camine hacia un sistema mixto que compagine capitalización y reparto. Concretamente, Vox incorpora el principio de propiedad en las pensiones. Entiende que «un individuo es o puede ser propietario de su casa, pero no tiene derecho alguno de propiedad sobre su pensión porque la obtención de ésta se sustenta en un sistema de reparto», basado en una solidaridad integeneracional que considera en ningún modo sostenible.

La propuesta de Vox fija una aportación mínima del 50% del actual porcentaje del salario que se destina a la cotización para la jubilación a una cuenta personal residenciada en entidades creadas expresamente con este fin. Este porcentaje podría elevarse en un 10% adicional. El otro 50% en principio sigue destinándose a la financiación del sistema público de pensiones.

La parte que quedara invertida en una de esas entidades entraría en una cartera diversificada cuyos rendimientos se acumularían durante el tiempo de cotización y se comenzarían a percibir en el momento de la jubilación. «De este modo, las pensiones (al menos un gran porcentaje de ellas) quedarían blindadas de la discrecionalidad política y se convertirían en un potente instrumento de ahorro individual a largo plazo», señala Vox, que arroja sombras de esta forma sobre el futuro del sistema público de pensiones.

De hecho, precisa que el régimen de reparto continuaría pagando las pensiones devengadas y las que se devenguen en el futuro producto de los cotizantes que permanezcan en él. Es decir, que las actuales pensiones se seguirán pagando del lado público, pero sin contar con el soporte de buena parte de los actuales ingresos. No obstante, una vez extintas dejarán paso a un sistema en el que el sistema basado en la solidaridad intergeneracional se reduciría a la mitad.

«Si se hubiese implementado este cambio hace 20 años ya no quedaría nadie en el sistema de reparto y la deuda intrínseca de éste se reduciría a las pensiones actuales», considera el programa electoral de Vox. «En el horizonte del corto, del medio y del largo plazo, el modelo de pensiones de reparto es un lastre para el crecimiento económico de España, un escollo insalvable para reconducir las finanzas públicas a la senda de la estabilidad y una espada de Damocles sobre los propios pensionistas», añade.

Tanto es así, que Vox prevé que los nuevos afiliados a la Seguridad Social menores de 25 años entren directamente en este sistema mixto, que aquellos entre 25 y 45 años tengan libertad bien de permanecer en el régimen de reparto bien de trasladarse al sistema mixto, y que los mayores de 45 años permanezcan en el sistema de reparto.

EAJ-PNV se mantiene fiel

Por último, el PNV, que fuera el resorte de la subida de las pensiones en línea con el IPC fruto de un acuerdo in extremis con el Gobierno del PP antes de la aprobación de los Presupuestos de 2018, plantea una apuesta por el sistema público de pensiones de nuevo alejada de la de Vox.

Aboga por que siga siendo uno de los pilares básicos y fundamentales del estado del bienestar; un sistema de carácter público y de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, pero al mismo tiempo extendiendo los planes privados de empresa, y dejando espacio a los planes individuales.

En este marco, el PNV llama a recuperar «el espíritu del Pacto de Toledo» y proponer, en su seno, una actualización de las pensiones «en base al IPC», tal y como rezaba la segunda de las recomendaciones frustradas de la comisión permanente.

En paralelo, el PNV, como Podemos, quiere derogar tanto el factor de sostenibilidad y como el índice de revalorización de las pensiones, para contemplar nuevas fórmulas que cuenten con un acuerdo explícito en el seno del Pacto de Toledo, más claras, seguras y transparentes, y menos regresivas para quienes hayan sido cotizantes.

En lo que se refiere al déficit de las pensiones, la formación prevé impulsar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema, entendiendo que las cotizaciones deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, y sin perjuicio de las aportaciones que los Presupuestos deban realizar. Por último, entiende conveniente impulsar de forma decidida los planes de empresa.