Es una de las sorpresas del nuevo Gobierno. Pedro Sánchez ha elegido para poner al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones a un perfil estrictamente técnico, desvinculado de posiciones de partido y ligado a la ortodoxia económica.

El tapado con el que el presidente refuerza aún más el área económica del nuevo Ejecutivo es un independiente. Netamente independiente. Tanto que se trata del hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá.

Economista de prestigio, supervisor minucioso y conocedor de sobra de los entresijos contables estatales, llegó al organismo que debe velar por el rigor fiscal designado por el Ejecutivo del Partido Popular de la mano de Cristóbal Montoro en 2014 (contra el que dos años después presentó un recurso en la Audiencia Nacional por vulnerar la autonomía e independencia de la Airef, por cierto). De ahí la sorpresa para un país poco acostumbrado a perfiles técnicos transversales en sus gobiernos.

Escrivá se pone al frente de un ministerio de nuevo cuño que va a tener que afrontar la titánica tarea, tan de calado, de impulsar la reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad futura. Una misión sobre la que el nuevo ministro se ha pronunciado con profusión desde su anterior atalaya de máximo responsable de la Airef y sobre la que ya ha desgranado múltiples recetas para garantizar las pensiones a largo plazo.

Pasar costes de la Seguridad Social al Estado

Hace justo un año la Airef publicó un informe con propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. El organismo liderado por José Luis Escrivá defendía la puesta en marcha de medidas a corto plazo para cerrar el problema de déficit estructural de la Seguridad Social, de entre 17.000 y 18.000 millones anuales.

Airef apostaba por que el Estado asumirá ese déficit y hacerlo con dos vías simultáneas. Por un lado, que en las prestaciones se aumentara el porcentaje destinado a la Seguridad Social (entre tres y cuatro puntos) y reducir a las de desempleo (que obligaría al Gobierno a compensar al Servicio Público de Empleo Estatal). Por otro, que la Seguridad Social sólo se encargue de los costes de las pensiones contributivas, mientras que el Estado debería asumir el resto de gastos del sistema (como los costes funcionamiento de la Seguridad Social, los de medidas de fomento del empleo  -reducción de cotizaciones o las prestaciones por maternidad y paternidad- y las subvenciones a regímenes especiales).

En opinión de los expertos de la AIReF estas medidas serían suficientes para llevar a cero un déficit aunque a costa de elevar el déficit de la Administración Central del 0,8% actual al 2,2%. Para AIReF, lo conveniente sería trasladar el déficit a la Administración Central del Estado, que es la que dispone de herramientas para solucionarlo. Además, hacer visible este agujero como parte de la Administraciones Públicas debería ayudar a evitar decisiones “descoordinadas e incongruentes” (bajadas de impuestos o aumentos de gastos, por ejemplo) por parte de éstas que dificulten la resolución del problema.

¿Subir las pensiones con el IPC? Un impacto reducido

El acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos incluye el compromiso de reformar el sistema de cálculo de las pensiones para ligarlas al IPC real. Con ello se eliminarán definitivamente el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que no han llegado a aplicarse. Por lo pronto, la regulación de Rajoy haría que este año las pensiones subieran un 0,25% fijo, pero el Gobierno ya ha comprometido que el alza será del 0,9%.

Desde Airef, sin juzgar la idoneidad de ligar pensiones e IPC, se ha venido defendiendo buscar una alternativa al índice de revalorización porque mantenerlo conllevaría una peligrosa pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas socialmente inaceptable. Bajo el mandato de Escrivá, la institución calculó que el impacto económico que volver a ligar las pensiones al IPC sería relativamente limitado.

Según Airef, dar marcha atrás la reforma de 2013 y referenciar de nuevo las pensiones a la inflación real elvaría el gasto de la Seguridad Social entre 1,2 y 1,3 puntos porcentajes hasta 2030. Esto es, unos 15.000 millones de euros en un horizonte de una década. Así que el coste se incrementaría menos que el actual déficit de cada año de la Seguridad Social (más de 17.000 millones) y una cantidad similar al crédito

La edad de jubilación, de verdad a los 67

Escrivá se ha mostrado en los últimos años partidario de profundizar las reformas del sistema emprendidas ya en 2011. Airef ha defendido conseguir que las jubilaciones se produzcan a los 67 años de edad. Pero a los 67 años de verdad.

Y es que actualmente la edad efectiva de jubilación en España (62,4 años) es muy inferior a la media de los países de la OCDE (64,3 años) y presenta una distancia muy elevada con la edad legal (los 67 años pretendidos).  

Asimismo, el organismo ha abogado por un incremento del periodo de referencia para el cálculo de la pensión desde los 25 años (en los que está previsto que se sitúe en 2022) hasta los 35 años o, incluso, al total de la carrera laboral.

Políticas para impulsar la inmigración y la natalidad

Con Escrivá al mando, la Airef elaboró sus propias previsiones demográficas para España que venían a corregir las proyecciones más pesimistas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las estimaciones corregidas de Airef auguran que España ganará población en las próximas décadas (hasta situarse entre los 51 y los 60 millones de habitantes en 2050) gracias a un aumento de la natalidad y, sobre todo, gracias a la inmigración.

La inmigración se plantea desde la Airef –como desde otros muchos centros de análisis- como la solución más efectiva contra el envejecimiento de la población y, por ende, contra los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones. España, según la institución, recibirá entre 7 y 10 millones de inmigrantes hasta 2050, a razón de unos 270.000 nuevos residentes foráneos netos a cada año. Una previsión fundada en que las propias necesidades de la economía y del mercado laboral obligarán, para huir de la japonización de la sociedad española-, a poner en marcha políticas que favorezcan la llegada de extranjeros y de atracción de nueva inmigración y, también, a introducir pol´tiicas de fomento de la natalidad.

Frenar el alarmismo sobre el futuro de las pensiones

Escrivá se ha mostrado en repetidas ocasiones preocupado por los mensajes alarmistas que avisan de una supuesta insuficiencia del sistema público de pensiones a largo plazo. Según el nuevo ministro de Seguridad Social estos augurios se basan en proyecciones erróneas, en las que se presupone que España no será capaz de aplicar con éxito políticas de natalidad, no seguirá incorporando a la mujer en el mercado laboral o no incorporará más mano de obra inmigrante.

“Claro que va haber más presión de gasto en pensiones o en sanidad, pero no hace falta crear una angustia innecesaria en la población”, llegó a decir Escrivá, que siempre ha insistido en que el gasto en pensiones futuro será “absorbible y manejable”.

De hecho, Airef incluso ha llegado a alertar de los efectos de los mensajes catastrofistas sobre el futuro de las pensiones. La institución advirtió de que las crecientes dudas sobre la sostenibilidad del sistema, con un elevado porcentaje de la población cuestionándose que vaya a recibir ninguna prestación cuando se jubile, puede tener efectos muy negativos para la economía. Primero, por impulsar un exceso de ahorro, que debilite el consumo. Y también porque “si se duda de que el sistema me vaya a beneficiar se crean incentivos para tratar de minimizar mi aportación al mismo”.