Calviño, Maroto y Montero defienden el rescate a Plus Ultra mientras Ábalos descarta la influencia de su ministerio

El rescate a la aerolínea Plus Ultra por parte de la SEPI por valor de 53 millones de euros ha generado polémica al cuestionarse el carácter estratégico de la misma. La cifra multiplica por diez el patrimonio de la compañía, que cuenta con unos 300 empleados y que acumula pérdidas desde hace una década.

Varios grupos parlamentarios han pedido explicaciones al Gobierno pero diferentes voces en el Ejecutivo han defendido la ayuda. La última en hacerlo ha sido la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha pedido que no “se demonice” la ayuda. “Es un poco contradictorio que tengamos una enorme presión de de ayudas a las empresas y luego se monten estas cosas”, ha criticado la responsable económica ante las quejas por el rescate de la aerolínea.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha defendido el carácter estratégico de Plus Ultra y aseguró este lunes que “si no hubiera cumplido los requisitos, no se hubiera llegado al acuerdo”. Sin embargo, cabe señalar que las condiciones que estipula la normativa sobre el fondo de rescate no incluye aspectos medibles como los resultados financieros o el número de empleados. 

Para acceder al Fondo, la orden que regula los requisitos fija que las empresas deben tener domicilio social y principales centros de operaciones situados en España. Además, no pueden ser consideradas “en crisis” a fecha de diciembre de 2019 ni haber solicitado un concurso voluntario o haber sido declaradas insolventes. Las compañías beneficiarias deben justificar que si no reciben ayuda de la SEPI tendrían “graves dificultades para mantenerse en funcionamiento”.

En este sentido, Plus Ultra debe haber justificado que ante un eventual cese de actividades existiría un “elevado impacto negativo” sobre la actividad económica o el empleo a nivel regional o nacional; también debe haber presentado un informe de viabilidad a medio y largo plazo y una previsión de reembolso del apoyo estatal. 

Para obtener financiación pública a través del Fondo, las empresas beneficiarias tienen que estar al corriente de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social y debe estar justificado su papel estratégico, algo que sí ha considerado el Gobierno pero sobre lo que no se han aportado más datos en el caso de Plus Ultra.

“Esencial”

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, calificó de “esencial” a Plus Ultra para el mantenimiento del hub del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Montero defendió que la aerolínea "cubre un nicho de mercado diferente al de empresas competidoras en el sector", además de ser española, y "por tanto cumple con los requisitos" para recibir estas ayudas.

Pese a la defensa de las ministras, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sido menos contundente. Ábalos rechazó este miércoles responder a preguntas sobre Plus Ultra en el Congreso de los Diputados.

Además, en relación a los tres informes que el Gobierno habría solicitado para justificar las ayudas, su departamento niega que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea emitiera “un aval decisivo”, y mucho menos “el aval decisivo” para impulsar este rescate. Fuentes ministeriales añaden que “la Agencia Española de Seguridad Aérea es una agencia independiente que emite de manera habitual, rutinaria, a demanda y con independencia, informes relativos a su estricto ámbito de responsabilidad, que es exclusivamente al ámbito económico de la garantía de la seguridad operacional”.

Según publicó El País, los tres informes fueron realizados por el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).