Economía | Finanzas

Calviño no puede impedir el ERE aunque el estado tenga un 16% en CaixaBank

La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha pedido “responsabilidad” al sector

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, junto a la vicepresidenta de Derechos Sociales, Yolanda Díaz.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño , conversa con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Las cifras planteadas por la dirección de CaixaBank para la reestructuración de la plantilla tras la fusión con Bankia no han sentado bien en el Gobierno. Tras el Consejo de Ministros del martes, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero tildó de “mala noticia” el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la entidad. Este miércoles, la responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha pedido “responsabilidad” al sector, en el que se han anunciado miles de salidas que se negociarán en los próximos meses.

Montero señaló que de no haberse producido la fusión, la pérdida de empleos sería mucho mayor. Además, apuntó que el Gobierno trabajaría para rebajar las cifras. Calviño, por su parte, ha pedido que se busquen “alternativas” y ha criticado “los altos sueldos y los bonus pagados a directivos”. 

Esta semana, CaixaBank comunicó a los sindicatos la intención de recortar la plantilla en cerca de 8.300 empleados y de cerrar más de 1.500 oficinas. Los representantes de los trabajadores han considerado que se trata de cifras “salvajes e inasumibles”.

En el ala morada del Gobierno han pedido que el Estado haga uso de la participación que mantiene en CaixaBank para “promover un cambio en la actitud de la dirección, defendiendo el empleo y el interés público”. Así lo ha expresado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en un vídeo publicado en las redes sociales.

Sin embargo, cabe recordar que la participación pública en CaixaBank es del 16,1% a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que cuenta con uno de los puestos en el Consejo de Administración del banco. Teniendo en cuenta el porcentaje que puede controlar el estado, las fuentes consultadas confirman que “más allá de ruido y presión política” poco puede hacer Calviño por evitar los despidos planteados por la dirección del nuevo banco.

Sería distinto si el Estado contase con una acción de oro que permitiese vetar las decisiones que tomase el Consejo de Administración. Pero aun así, según explican fuentes del sector financiero, la decisión del ERE posiblemente no tenga ni que ser autorizada por el Consejo, por lo que la influencia del Gobierno se diluye todavía más.

Las cifras que ahora mismo están en la mesa de negociación establecen que el recorte de plantilla de CaixaBank sería el mayor en la historia del sector bancario en nuestro país. 

La difícil postura del Ejecutivo

La postura del Ejecutivo en el futuro inmediato de CaixaBank no es fácil. En primer lugar, porque Calviño defendió el “interés social” de la fusión. «Se trata de la operación más conveniente de todas las plausibles desde la perspectiva cualitativa, teniendo en cuenta aspectos estratégicos como la generación de sinergias, el encaje de negocios, la posición comercial, el riesgo de ejecución, la fortaleza en términos de liquidez y solvencia de la entidad resultante o el grado en que se facilitaría la posterior desinversión”, llegó a afirmar Calviño. Sin embargo, era evidente que la fusión de ambas entidades iba a tener como consecuencia un ajuste de plantilla.

“Pero la operación (de reestructuración) parece tomada y, además, sin las salidas y cierres (de oficinas) la operación no tiene sentido financiero”, explica una fuente del sector.

Con todo, el Gobierno forma parte del accionariado del banco y se ve en la obligación de aceptar un recorte de plantilla en un momento como el actual, en el que la situación del empleo sigue siendo incierta a causa de la pandemia. Por ello, según publicó Cinco Días, CaixaBank habría decidido ejecutar la reestructuración en una sola fase, para evitar que la destrucción de empleo se prolongue durante varios años.

Además, otra fuente recuerda que la participación del Estado es a través del Frob y se descarta que el organismo quiera entrar en un debate político, más allá de la lógica financiera de las salidas planteadas por la entidad.

Prejubilaciones

Otra contradicción a la que deberá hacer frente el Gobierno es la de las prejubilaciones. Mientras que los planes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasan por limitar las jubilaciones anticipadas con penalizaciones, el sector bancario baraja esta opción para los empleados de mayor edad.

Fuentes del sector justifican esta opción como menos perjudicial para las arcas públicas, ya que es la empresa la que continúa abonando una parte de la remuneración.

En definitiva, más allá de la presión política y del “ruido” el margen de maniobra del Gobierno ante las decisiones del gigante bancario son limitadas.

Comentar ()