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El Gobierno olvida las 'puertas giratorias' y coloca a sus peones en las empresas públicas

Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el consejo de ministros.

Pedro Sánchez, en rueda de prensa tras el consejo de ministros. EFE

El cambio impuesto por el Gobierno en la presidencia de Indra ha levantado una tormenta en el sector. El perfil del sustituto de Fernando Abril-Martorell al frente de la tecnológica, sin ninguna experiencia para el puesto, supone otro caso en el que el Gobierno, a través de la SEPI, ha cambiado de rumbo la gestión de alguna compañía.

Aunque Pedro Sánchez llegó a la presidencia con la promesa de poner freno al fenómeno de las denominadas puertas giratorias mediante el que los políticos encuentran acomodo en diferentes consejos de administración de grandes empresas, en los tres años transcurridos desde su acceso a La Moncloa no ha dejado de colocar peones en las diferentes compañías públicas o participadas.

Como se mencionaba anteriormente, la incorporación de Marc Murtra a Indra ha sido el último caso en el que el Gobierno ha intercedido en alguna empresa de relevancia para controlar dicha sociedad. La destitución de Abril-Martorell creó división dentro de los accionistas de la tecnológica puesto que, tal y como contaron fuentes cercanas a los titulares de derechos de voto, el perfil del nuevo directivo no se ajusta a lo que demanda el plan estratégico. Además, consideran que el cambio de cromos se debe más a cuestiones políticas «para contentar al PSC» que a meramente empresariales. En el Hecho Relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cotizada revela que el máximo accionista (la SEPI) perdió la confianza de Martorell y, por eso, se produce el relevo.

La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido uno de los organismos clave para el desembarco de cargos afines de la esfera socialista. Tras la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018 por la moción de censura contra Mariano Rajoy, se nombró a Vicente Fernández, anterior Interventor General de la Junta de Andalucía durante la etapa socialista.

Precisamente, el holding público depende del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. Pero el mandato de Fernández, sin embargo, se vio interrumpido por su implicación en el caso Aznalcóllar. Tras apartarse del puesto, Montero mantuvo vacante la presidencia hasta que la juez que instruye el caso de la mina andaluza decidió procesar a Fernández por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Así, la exconsejera del gobierno andaluz se vio obligada a poner punto y final a año y medio de presidencia interina ocupada por el vicepresidente Bartolomé Lora; un veterano de la casa que se ha visto implicado en la polémica adjudicación del rescate a la aerolínea Plus Ultra con cargo al fondo de solvencia aprobado por el Gobierno para dar apoyo a empresas estratégicas afectadas por el Covid-19.

La SEPI ha sido uno de los organismos clave para el desembarco de cargos afines de la esfera socialista»

Al frente de la SEPI se ha colocado ahora a Belén Gualda, quien también ocupó cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía, al frente de la Agencia de Obra Pública de esa Comunidad. Pero la sociedad controla varias empresas públicas en las que el Gobierno también ha ido nombrando a cargos afines.

La presidencia que dejó libre la propia Gualda ha quedado en manos de Ricardo Domínguez, anterior director general de Industrias y Calidad y Promoción Alimentaria y Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Y en dos filiales de la empresa constructora naval, el Gobierno ha colocado a dos miembros del PSOE de la Región de Murcia.

La presidencia de Sainsel Sistemas Navales la ocupa desde octubre la exsenadora del PSOE -enfermera de profesión- Susana Hernández Ruiz. En SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina), ha encontrado acomodo el vicesecretario general del PSRM y abogado de profesión, Joaquín López. En los astilleros de Cartagena se construye el submarino S-80 para la Armada.

Aunque uno de los nombramientos más polémicos fue el de Juan Manuel Serrano al frente de Correos. Tras nombrar a Iván Redondo como jefe de Gabinete en la presidencia del Gobierno, Sánchez concedió un puesto muy bien remunerado para su ex jefe de gabinete durante su etapa en Ferraz.

El presidente de la compañía pública tiene uno de los salarios más jugosos del sector empresarial público español. Sin embargo, los sindicatos mantienen con él una guerra abierta por su intención de transformar el operador postal a través de un plan estratégico que no consigue sacar adelante. La última vez que su gestión ha sido puesta en cuestión llegó con motivo de las pasadas elecciones madrileñas, cuando los servicios de seguridad de la compañía no detectaron los sobres enviados a varios cargos del Gobierno con cartas amenazantes, proyectiles y hasta una navaja en su interior.

Otro de los agraciados por el reparto de puestos de alta responsabilidad en empresas públicas fue el ex secretario de Organización del PSOE durante la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, Óscar López. El exportavoz socialista en el Senado controla uno de los destinos más codiciados del sector público empresarial. En 2020 recibió un salario de 156.103 euros más una retribución variable de 35.810 euros. Sánchez le encontró encaje a pesar de que en las primarias del PSOE se alineó con el diputado vasco Patxi López.

Entre los nombramientos al frente de grandes empresas también destaca una importante cuota de los socialistas catalanes. En AENA, el Gobierno designó como presidente y consejero delegado a Maurici Lucena, exdiputado y exportavoz parlamentario del PSC en el Parlamento de Cataluña. A comienzos de este año, Lucena se mostró dispuesto a incorporarse como consejero de Economía a un eventual gobierno de la Generalitat presidido por Salvador Illa si el exministro de Sanidad ganaba las elecciones. Así se lo llegó a comunicar en el mes de enero a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, el Gobierno también colocó al frente de Renfe a Isaías Taboas, próximo al actual ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. El presidente de la compañía ferroviaria fue director de gabinete de José Montilla cuando éste ocupaba la cartera de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2006) y llegó a ser secretario de Estado de Transportes durante la etapa de José Blanco en Fomento.

Órbita socialista

Además, hay otros cargos también vinculados a la órbita socialista como el presidente de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.), José Luis Navarro. Antes de su nombramiento, había trabajado para la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura con Guillermo Fernández Vara. Entre 2007 y 2011 fue consejero de Industria en esa administración regional.

En el sector eléctrico, que vive uno de los momentos más complicados de la última década por el alto precio de la factura de la luz, el PSOE también decidió hacer hueco a otra política de postín, Beatriz Corredor. Desde febrero de 2020 es presidenta no ejecutiva del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación S.A.​ En el ámbito político, ha sido diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados, representando a la formación del puño y la rosa en dos legislaturas. Durante su estancia en el Hemiciclo ocupó los sillones del Ministerio de Vivienda entre 2008 y 2010, fue secretaria de Estado de Vivienda y secretaria de Ordenación del territorio y políticas de vivienda entre 2017 y 2020.

Hispasat, empresa satélite de Red Eléctrica, también cambió de dirección en octubre del año pasado. El consejo de administración de Hispasat aprobó el nombramiento del ex alcalde de Barcelona Jordi Hereu Boher como nuevo presidente en sustitución de Rosario Martínez Manzanedo, a propuesta de la SEPI.

Asimismo, para dirigir la Empresa Nacional de Uranio-Industrias Avanzadas (Enusa), el Gobierno optó por un licenciado en Filosofía, José Vicente Berlanga, que cuenta con el respaldo del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Accedió al cargo en sustitución de José Luis González Martínez, un ingeniero industrial que dirigía la compañía desde 1997.

Al frente de Loterías y Apuestas del Estado, el Gobierno puso a Jesús Huerta, un excargo de la Junta de Andalucía próximo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Al margen de las empresas públicas o semipúblicas, está el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el sociólogo José Félix Tezanos. Antes de su polémico nombramiento, formaba parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Pero la influencia del Gobierno en el ámbito de las empresas públicas también se extiende a organismos supervisores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El PSOE consiguió armar un cordón sanitario frente al PP para dejar fuera del reparto de puestos al partido de Pablo Casado. Al frente de la institución se colocó a Cani Fernández, que había ejercido como asesora de Presidencia en Moncloa hasta su nombramiento.

La SEPI decide

Durante el mandato de Pedro Sánchez también se han dado casos en los que los relevos no tienen pasado socialista, si bien es cierto que la SEPI ha actuado como principal valedor para designar un nuevo puesto.

Es el caso de Globalia. El Estado inyectó hasta 320 millones de euros a Ávoris (filial de Barceló) y a Globalia para acometer una fusión entre las dos operadoras de viaje. Pero la SEPI condicionó la entrega del cheque a un plan de viabilidad y una serie de movimientos de sillones, como el de Javier Hidalgo, que dejó ser CEO de Globalia.

Lo mismo ocurrió en Duro Felguera. El holding propuso a Jaime Argüelles como nuevo consejero tras aprobar un rescate de 120 millones de euros. La empresa industrial estuvo cerca de entrar en concurso de acreedores después de unas duras negociaciones en las que dirección y SEPI no se ponían de acuerdo.

Una larga lista de socialistas en el Ibex 35

Además de los puestos ejecutivos que ha colado la actual ejecutiva del PSOE, en el Ibex 35 habitan ilustres socialistas en los consejos de administración de importantes empresas. El caso más conocido es el de Enagás. José Blanco y José Montilla son consejeros desde mayo del año pasado. Además, Antonio Llardén, que fue puesto en el cargo por Rodríguez Zapatero, ocupa el puesto de presidente ejecutivo de la empresa desde 2007.

Otros socialistas como Jaime Terceiro (Aena), Cristina Garmendia (CaixaBank, Mediaset y Logista), Petra Mateos (Técnicas Reunidas) o Javier de Paz (Telefónica) tienen sillones en el Ibex 35.

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