Uno de cada cuatro euros de los ingresos tributarios en la Comunidad de Madrid va destinado a otras autonomías con menor renta. Los madrileños aportaron en 2020 más de 5.700 millones de euros de su recaudación autonómica de impuestos, algo más del 25 % del total, los catalanes cerca de 1.900 millones, un 9 %; y los baleares casi 200 millones, en torno a un 6 %.

El informe de BBVA Research sobre la liquidación de 2020 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo Navarra y País Vasco), los ingresos por esta vía de nivelación superan el 20 % de los ingresos tributarios homogéneos en 10 de las 12 regiones receptoras.

Estos ingresos son particularmente importantes en Canarias, donde suponen más de la mitad de los ingresos totales, y solo están por debajo de ese 20 % en la Comunidad Valenciana (6,49 %) y Aragón (10,64%).

En conjunto, el sistema de financiación autonómico aportó en 2020 a las comunidades de menor renta recursos extra por algo más de 16.000 millones de euros, unos 8.500 millones procedentes del Estado y otros 7.800 millones provenientes de los territorios con mayor renta per cápita: Madrid, Cataluña y Baleares.

De acuerdo con este informe, hecho público este lunes, el volumen total de la financiación definitiva de las comunidades de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2020 una caída de 11.200 millones, el 9 %, con respecto a 2019, debido a la mala evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales como resultado de la crisis del Covid.

Esta caída, sin embargo, fue "más que compensada" por una inyección de recursos extraordinarios a cargo del Estado por un importe de 19.600 millones, de los que 4.400 millones llegaron en 2022 mediante la condonación de los saldos negativos de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2020.

Atendiendo a la financiación efectiva por habitante ajustado, las diferencias llegan a los 612 euros, entre el máximo de 2.991 euros en Cantabria y el mínimo de 2.379 en la Comunidad Valenciana.

El ejercicio 2020 fue "atípico en muchos sentidos" debido a la llegada de la pandemia del coronavirus, ante la que el Gobierno reaccionó aumentando "significativamente" las transferencias a las comunidades autónomas de forma que estas pudieran afrontar la crisis sin excesivas preocupaciones financieras.