La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre la gestión de los trenes de cercanías (Rodalies) en Barcelona, debido a las aglomeraciones que impiden mantener las medidas de distancia y seguridad obligatorias. El inicio de las pesquisas se produce después de la denuncia que ha interpuesto el colectivo Xnet contra Renfe, Adif y la Generalitat, como responsables del hacinamiento en el transporte público.

La denuncia recoge las quejas que durante semanas han acumulado los usuarios del servicio. Unas denuncias que coinciden además con las duras restricciones impuestas por la Generalitat en Cataluña para frenar la segunda ola de contagios, y que han implicado cerrar la restauración, la cultura, el deporte y buena parte del comercio durante más de un mes.

Xnet señala «las omisiones conjuntas» de Renfe, Adif, Rodalies, la Generalitat y los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Sanidad, a los que ha denunciado ante la Fiscalía por la «dejación de funciones en la gestión del transporte público durante el Covid». La entidad, que sustenta la denuncia en las quejas de usuarios en las redes, hace además un llamamiento a la población para que «documente la situación en vista de la apertura de casos judiciales».

La denuncia ante la Fiscalía se dirige contra contra el director general de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, el responsable de seguridad de Rodalies y los jefes de seguridad de Renfe y de Adif por presuntos delitos dolosos de lesiones o, subsidiariamente, imprudentes de lesiones, incluido el de homicidio imprudente.

El escrito señala que la operadora «no solo no aumenta la frecuencia ni siquiera en días, horas y circunstancias en las que es absolutamente previsible la aglomeración, sino que se utilizaron trenes cortos incluso cuando hay capacidad para trenes largos. Esto se produce de forma reiterada y continuada en un gran número de líneas de trenes».

A raíz de todo ello, añaden, «existen serias sospechas de que gran parte de usuarios de la red de ferrocarril han sido infectados de Covid y ello a pesar de haber adoptado todas las precauciones que estaban en sus manos». Una situación que, según los denunciantes, permite concluir que «se han provocado lesiones e incluso la muerte de viajeros de trenes y ello debe ser objeto de la pertinente investigación penal».

En definitiva, los usuarios de transporte «se han encontrado con un servicio deficiente que conllevaba aglomeraciones -previsibles- poniendo en riesgo su salud y seguridad, tanto dentro de los trenes como en las estaciones», concluye la denuncia.

La entidad ha dirigido también su denuncia a la Agencia Catalana de Consumo, en términos similares, solicitando que se investigue la prestación del servicio en estos meses de emergencia sanitaria, sin garantizar la seguridad de los usuarios. Y se ha dirigido por carta a los ministros de Sanidad y Transportes y a sus homólogos en la Generalitat para que tomen medidas.

Renfe defiende la seguridad de sus trenes

Renfe ha respondido a la denuncia con un comunicado en el que asegura que «ha tomado todas las medidas en sus trenes y instalaciones marcadas por las autoridades sanitarias» y que «garantiza la máxima seguridad higiénica y sanitaria de los viajeros», por lo que «no son un foco de contagio».

La operadora añade que se ha mantenido el 100% de la oferta de trenes, pese a que debería haberse reducido la demanda por las restricciones a la movilidad. Una reducción que Renfe fija en un 50% pero que según la denuncia de Xnet no se ha producido en horas punta.

«Las aglomeraciones a las que nos referimos eran y son casi todas previsibles por horarios y fechas y por la reiteración de las circunstancias, día tras día. En ellas no puede mantenerse la suficiente distancia de seguridad entre usuarios, poniéndolos en riesgo», apuntan los denunciantes. 

«Se exige mucho a la población y se le acusa de incumplimiento sin que en muchos casos los poderes públicos ofrezcan las condiciones necesarias para el cumplimiento. Mientras, con el argumento de reducir la movilidad, son otros sectores como el comercio y la restauración los que pagan el pato, por las relaciones clientelares que empresas como Renfe o Adif tienen con los varios gobiernos», concluyen.