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Constitución, una ley sin nuevos adeptos ni más detractores en Euskadi que en 1978

Los sondeos revelan que en el País Vasco el nivel de respaldo y rechazo es hoy similar al expresado en el referéndum, cuando registró la mayor abstención del país, el 55%. El nacionalismo lo reivindica ahora para la futura 'Euskadi confederal'.

Los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero (arriba); Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Turá (abajo).

Los padres de la Constitución: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero (arriba); Miquel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Turá (abajo). Archivo

Es un suelo estable, firme y casi invariable. Fraguó hace 42 años y desde entonces sus grietas se han cerrado en la misma proporción en la que se han generado, pero sin capacidad para alterar su composición. La Constitución española en Euskadi parece congelada en el tiempo. Pese a las vicisitudes dolorosas, extremas y de división política y social vividas en el País Vasco desde su aprobación el 6 de diciembre de 1978, ni sus detractores parecen haberse multiplicado ni sus defensores haber ganado terreno.

La fotografía actual del apoyo a la Constitución en la sociedad vasca se asemeja casi de modo mimético a la que arrojaron las urnas del referéndum celebrado hace 42 años. Entonces la indiferencia, la abstención o la falta de posición se impuso por mayoría: un 55% de la población optó por no votar. Fue un porcentaje muy superior al 32% de abstención en el conjunto de España, al 40% en Cataluña, el 33% en Navarra o el 49,8% de Galicia. En el País Vasco actual también los abstencionistas serían mayoría ante una consulta.

Hace cuatro décadas, entre quienes sí depositaron su voto venció el sí. Fueron 479.205 síes que apenas representaban al 22,4% de la población. Los votos en contra, 163.191, poco más del 7,7% de la población.

Desde entonces la Constitución ha sido más un argumento política que un instrumento en Euskadi. Quienes la rechazan, las formaciones nacionalistas para subrayar su carácter de ‘imposición’, y quienes la defienden, los no nacionalistas, como garantía de integridad territorial. Mensajes que apenas han variado el respaldo del que hoy gozaría en una sociedad sin violencia terrorista y que aborda ya la fase de renovación de su encaje en el Estado.

Un apoyo inferior al 40%

En los últimos tiempos en Euskadi ni los constitucionalistas han aumentado en número de modo significativo ni los anticonstitucionalistas son muchos más. El ‘Euskobarometro’ es el único sondeo que periódicamente ha preguntado sobre el respaldo de los vascos a la Constitución. En el último lustro los partidarios de un voto por el sí en un hipotético nuevo referéndum casi han empatado con los del no, ambos en niveles de en torno al 30%. En este periodo los contrarios a la Constitución de 1978 se han ido reduciendo levemente, del 30% de 2015 al 28% que representaban en junio del año pasado. La tendencia ha sido algo más pronunciada, aunque en sentido inverso, entre los defensores, un 26% hace cinco años, -con repuntes repetidos hasta el 30% y caídas posteriores-, y un techo del 40% que el sondeo de la UPV les asignaba en junio de 2019.

Quienes con mayor vehemencia se han manifestado en contra de la Constitución han sido las bases de la izquierda abertzale. Para sus consistorios mañana no será una jornada festiva y sus trabajadores están llamados a acudir a su puesto como cualquier otro día laborable. En el nacionalismo más moderado, el PNV, la crítica no es tan acentuada pero sí persistente. El último sondeo del ‘Euskobarometro’ concluía que casi la mitad de los votantes del PNV, el 47%, respaldaría con un sí la Constitución si se sometiera hoy a refrendo. El rechazo, en cambio, se impondría entre los simpatizantes de EH Bildu, con un 57% decantándose por el no.

La Constitución fue la herramienta con la que en la Transición se logró recomponer el país fracturado y complejo que dejó la dictadura. Entre las negociaciones que desde el nacionalismo se llevaron a cabo destaca la inclusión de la disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos de los territorios forales y su actualización. Pese a ello, el PNV llamó a la abstención entre el electorado vasco. Una abstención que fue mayoritaria y que el nacionalismo acostumbra a apropiarse como propia. El partido que hoy lidera Ortuzar propugnó la abstención en aquel referéndum. Sin embargo, en muchos casos la certeza de que saldría aprobada también desmovilizó a otros sectores de la sociedad, no necesariamente cercanos al nacionalismo. Entre los votos emitidos logró un respaldo del 74% y un 25% de rechazo.

Disposición adicional

Sólo un año después, el 25 de octubre de 1979, los vascos volvieron a pronunciarse en las urnas, esta vez en torno al Estatuto de Gernika. Fue aprobado por amplia mayoría con el sí del 53% del censo y el 3% en contra. El 41% de los vascos se abstuvo.

Ahora es el PNV quien recurre a la disposición adicional primera para sustentar la constitucionalidad de la renovación del estatuto vasco. Los nacionalistas que lideran Andoni Ortuzar y el lehendakari Urkullu aseguran que el nuevo estatus vasco que promulgan, y que ya cuenta con un borrador de articulado -con apoyo parcial del PSE y Elkarrekin Podemos- se soporta sobre los derechos forales reconocidos en la Constitución y en cuya disposición adicional primera se establece el derecho del País Vasco a actualizarlos.

Por su parte, la izquierda abertzale ha renovado su mensaje contrario a lo que denomina el ‘régimen del 78’, cuyo símbolo más visible sería la Constitución. El líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, aseguró recientemente desde la Cámara de Vitoria que EH Bildu acudía ahora a Madrid “a tumbar definitivamente el ‘régimen del 78’”. No es la primera vez que lo asegura. En septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, llamó a respaldar a Bildu para “dar un nuevo golpe” al ‘régimen’ de la Transición: “Hay que darles donde más les duele”.

El rechazo de la izquierda abertzale a la Constitución ha sido siempre mucho más acentuado que en el PNV, quien ha evitado cuestionarla abiertamente. Fue Herri Batasuna quien comenzó a negarse a jurarla para ocupar sus escaños en el Congreso y quien recurrió por primera vez a la fórmula “acato por imperativo legal” para evitar jurar o prometer sobre la Carta Magna y que la justicia tuvo que validar. En Sabin Etxea la crítica también ha llevado a ocupar cargos “por imperativo legal”, tildarla de “sacrosanta Constitución”, a poner en duda su prevalencia sobre los derechos forales y a cuestionar el papel del Tribunal Constitucional. Tampoco han faltado los pronunciamientos en contra o incluso cuestionando su “base antidemocrática” o el reproche de artículos como el octavo, que encomienda a las fuerzas armadas la “integridad territorial”.

Derechos históricos

Paradógicamente la Constitución es una de las vías esgrimidas ahora por el nacionalismo para avanzar hacia una de sus aspiraciones: la Euskadi confederal. El PNV ha reiterado en los últimos años que dar un nuevo encaje al País Vasco dentro del Estado, con una posición de ‘igual a igual’ con España, ni siquiera requeriría modificar la Constitución, bastaría con exprimir la disposición adicional primera. Recuerda incluso el artículo 2 que reconoce y garantiza el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran “la nación española”.

En 1978, cuando el PNV decidió abstenerse ante el referéndum constitucional, la posición era menos crítica de lo que lo es ahora. Su entonces presidente, Carlos Garaikoetxea, llegó a afirmar en la Asamblea Nacional del partido celebrada en Pamplona en vísperas del referéndum, que habría que explorar aquel articulado. Destacó que al menos reconocía los derechos históricos y que abría la puerta a recomponer la identidad vasca después de que el franquismo hubiera “terminado con la identidad del hombre vasco, que ya no existe o aparece gravemente distorsionada”.

En el País Vasco el PP, junto a Ciudadanos -con quien concurrió en coalición a las pasadas elecciones autonómicas-, es quien más abiertamente defiende hoy la Constitución. El viernes, en un acto para conmemorar el 42 aniversario de su aprobación, el presidente de los populares, Carlos Iturgaiz, denunció lo que calificó como “una operación para desmantelar el orden constitucional”. En la misma situó al PSE, a Podemos, a Bildu y al PNV a quienes acusa de buscar “acabar con nuestra Constitución y nuestro ordenamiento territorial”. Para Iturgaiz el “tándem” Sánchez-Iglesias, junto a la izquierda abertzale y el PNV, “representan lo anticonstitucional, antiestautario y antiespañol”.

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