El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente del PP, Pablo Casado. EUROPA PRESS

España

De la Corona al CGPJ: las cuentas pendientes que enfrentarán a Sánchez y Casado en 2021

Los líderes de los dos principales partidos de España inauguran 2021 desde posiciones prácticamente irreconciliables. Ni el giro al centro de Pablo Casado ni la aparente mano tendida de Pedro Sánchez al principal partido de la oposición se ha traducido en un acercamiento entre ambos líderes políticos que pueda derivar en alianzas puntuales en el año que ahora arranca.

La única vía de interlocución abierta entre PSOE y PP ha sido -y es- la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue bloqueado a la espera de un principio de acuerdo entre ambas formaciones con la sombra de la reforma exprés que pretende impulsar más pronto que tarde especialmente desde el sector morado del Gobierno. Muchas son las cuentas pendientes de un 2020 especialmente convulso que prometen enfrentar a Sánchez y Casado este 2021.

Las «injerencias» en el Poder Judicial

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lanzó una suerte de ultimátum a finales del mes de noviembre en que exigía hacer público un acuerdo ya cerrado con la oposición -desde el PP han negado hasta la fecha la existencia de tal acuerdo- antes del 6 de diciembre. Fue una primera vía de presión que utilizó el PSOE contra los populares, a la que siguieron otras cuantas, como la aprobación en el Congreso del primer trámite de una proposición de ley para limitar las competencias del CGPJ mientras esté en funciones.

El Gobierno guarda aún en el cajón la carta de otra proposición de ley que presentaron los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos que, en suma, implica un cambio mucho más radical al facilitar que pueda llevarse a cabo la renovación del órgano de gobierno de los jueces sin que el PP pueda intervenir, al reducir las mayorías parlamentarias necesarias para llevarlo a cabo. Se trata de una «maniobra fascistoide» a juicio de los populares que, además, ha sido cuestionada desde Europa al permitir «un alto grado de injerencia política» en el Poder Judicial.

Guerra abierta por los indultos a los presos del 1-O

Tres son las condiciones que mantiene el PP encima de la mesa a cambio de dar su brazo a torcer en la renovación del Poder Judicial: que Unidas Podemos quede fuera de la mesa de negociación; que Sánchez retire del Congreso la reforma exprés del CGPJ para reducir la mayoría parlamentaria necesaria -por el momento se mantiene congelada- e impulsar una reforma legislativa para que «los jueces elijan a los jueces».

Por el momento, el PP ha evitado levantar más líneas rojas a un acuerdo ya de por sí enquistado, aunque en Génova no se niega que la predisposición de Sánchez y del resto de Moncloa a conceder los indultos a los presos del procés levanta otro muro infranqueable entre Gobierno y oposición para llegar a un acuerdo. Desde hace días, el Ejecutivo viene allanando el camino para conceder la medida de gracia a los líderes independentistas, cuestionando, incluso, el informe de la Fiscalía contrario a adjudicar el indulto al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y al resto de condenados por el Tribunal Supremo.

El propio Sánchez, durante su balance de fin de año, apostó por el «reencuentro y la renconciliación» en Cataluña cuando fue preguntado por la cuestión, sin adelantar cuál será su decisión final. Sí avanzó, no obstante, que el Ejecutivo de coalición apuesta por «superar episodios aciagos» en los que «todos hemos cometido errores», dejando entrever hacia dónde se inclina dirigente socialista.

Las «intenciones» de Sánchez en este sentido provocó una oleada de críticas en todos los partidos de la oposición. En el PP, en concreto, ya adelantaron que, si se conceden los indultos, los recurrirán ante el Tribunal Supremo por suponer «prevaricación» y, en suma, un «acto ilegal» lo que augura la enésima batalla legal entre Gobierno y oposición.

Renovación de la Corona

Hace tiempo que la intención de impulsar una ley de la Corona recorre los pasillos de Moncloa, pero el discurso de Nochebuena de Felipe VI ha acelerado a un ritmo verginioso el debate en torno a esta cuestión. Esta misma semana, Sánchez desvelaba que Gobierno y Zarzuela trabajan en una «hoja de ruta» para «renovar» la monarquía parlamentaria, un proceso en el que está inmerso Felipe VI, tal y como quiso subrayar durante su mensaje de Navidad. El cómo se realice y qué puntos incluya esa reforma legislativa es el quid de la cuestión, lo que determinará si PSOE y PP se acercan al primer gran pacto de Estado de la legislatura o si, por el contrario, se abre otro campo de batalla.

El líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha dejado claro que las puertas del PP están abiertas para todo aquel que quiera «reforzar» el papel de la monarquía parlamentaria, incluso a Sánchez. Pero ya ha fijado dos condiciones a priori inamovibles: la primera, que debe ser el jefe del Estado quien tome la iniciativa y proponga cómo quiere reforzar la transparencia de la institución tras el escándalo fiscal del rey emérito; y segundo, que «no se toque» la Constitución, lo que aleja, de facto, una de las peticiones de Unidas Podemos al respecto: modificar o eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado.

En todo caso, desde Génova no se cree que sea éste el momento adecuado en que se deba abrir una reforma legislativa sobre la Casa Real, incluso en sus vertientes más moderadas. En todo caso, de abrir el debate parlamentario, defienden que ha de ser Felipe VI quien dé el primer paso, y no Podemos, quien ya ha anunciado que registrará su particular proposición de ley en el corto plazo, que puede llegar a debatirse en el Hemiciclo siempre y cuando PSOE y PP den su visto bueno en la Mesa del Congreso.

Comisión Kitchen

La comisión parlamentaria sobre el caso ‘Kitchen’, cuyo objetivo es investigar la trama irregular dirigida desde el Ministerio del Interior de ex gobiernos del PP para espiar al ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, echará a andar en los primeros compases del 2021 tras haber quedado constituida en el mes de diciembre. El debate en el marco de la misma se prevé, cuanto menos, agresivo. Desde el PP ven la iniciativa como una «provocación» para intentar perjudicarles en mitad de campaña para las elecciones autonómicas catalanas, sobre todo porque los investigados en la trama ya no tienen cargos activos en el partido.

No serán sesiones fáciles para el PP. PSOE y Podemos prevén citar a una treintena de ex altos cargos del PP, entre ellos el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal. Los de Iglesias están dispuestos incluso a proponer como compareciente al propio Pablo Casado, aunque desde el PSOE, por el momento, descartan ese extremo, con el que romperían casi de manera definitiva cualquier oportunidad de interlocución entre uno y otro partido.

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