España

Juicio a una ex presidenta madrileña y Villarejo en el banquillo: así se presenta el año judicial

La Fiscalía investigará el dinero del rey emérito en el extranjero, un juzgado madrileño si Podemos fingió trabajos de una consultora mexicana para su campaña y la Audiencia Nacional si el PP dio adjudicaciones a empresarios a cambio de donaciones

Llegada de Cristina Cifuentes a la Audiencia Nacional. EFE

El coronavirus ha copado la actualidad informativa en 2020; también una buena parte de la relativa a los tribunales, donde sindicatos médicos, policiales, asociaciones de víctimas y partidos políticos presentaron querellas contra los responsables políticos para ver si su gestión de la crisis de la pandemia merecía una investigación por la vía penal. El Tribunal Supremo ya se ha manifestado al respecto, enviando a los juzgados ordinarios las denuncias para que allí se investiguen los hechos y determinar si, sobre todo en los casos de abandono en residencias de mayores y de falta de material para el personal sanitario y policial, la investigación debe acabar en los Tribunales Superiores de Justicia o en el Supremo contra algún responsable público.

Mientras esas investigaciones avanzan, este 2021 que ahora arranca estará marcado por otras citas judiciales de relevancia pública, como el juicio a la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso Máster o al comisario jubilado José Manuel Villarejo por las primeras piezas de la macrocausa alrededor de éste y otros ex miembros de la cúpula policial que se sigue en la Audiencia Nacional, el denominado caso Tándem.

Cifuentes, la hora de la verdad

Alejada de la política desde abril de 2018, Cristina Cifuentes se sentará en enero en el banquillo de los acusados para ser juzgada como posible autora de un delito de falsedad en documento oficial, derivado de la ‘fabricación’ del acta con el que se pretendió aparentar que había defendido y superado su Trabajo Fin de Máster (TFM). La ex presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a una petición de pena del fiscal de tres años y tres meses de cárcel.

Los hechos por los que será juzgada trascendieron el 21 de marzo de 2018, cuando eldiario.es desveló que Cifuentes había obtenido un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con dos notas falsificadas. El acta presuntamente confeccionado a posteriori lo exhibió la ex jefa del Ejecutivo madrileño aquella misma noche desde su despacho oficial para tratar de demostrar que había elaborado el trabajo y lo había defendido el 2 de julio de 2012, cuando era la delegada del Gobierno en la Comunidad.

La hoy contertulia de Mediaset, que fue incapaz de presentar durante la instrucción de la causa una copia del trabajo alegando que había realizado varias mudanzas desde que lo elaboró, señalará previsiblemente a la Universidad como responsable de la falsificación del acta. «Ni ordenó a nadie la confección de ninguna falsedad, ni presionó a nadie para que se faltase a la verdad en un expediente académico», mantuvo su defensa en un escrito enviado al juzgado que investigó el caso al final de la instrucción.

Primeras piezas del ‘caso Villarejo’

Aunque todavía no hay fecha prevista para el juicio, el instructor del caso Tándem, Manuel García-Castellón, ya ha abierto juicio al comisario en prisión preventiva José Manuel Villarejo por las denominadas piezas Iron y Pintor de dicha causa. Tanto él como más de una veintena de personas -entre ex responsables policiales, abogados y empresarios- tendrán que sentarse en el banquillo por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil en el primer caso y por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración en el segundo. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión para el comisario jubilado de hasta 57 años.

En ambos casos se investigan los trabajos de espionaje que Villarejo habría realizado desde su empresa privada Cenyt para clientes privados utilizando métodos ilegales, puesto que se habría aprovechado de su condición de policía para acceder a información y contactos sólo disponibles para policías dedicados a trabajos de Inteligencia o antiterroristas. El primero de los encargos lo hicieron los responsables del despacho de abogados Herrero & Asociados para espiar a la competencia que había surgido de una escisión de dicho despacho, Balder IP Law. Los miembros del primer bufete que hicieron el encargo tendrán que sentarse en el banquillo. En el segundo caso, fueron los empresarios Juan y Fernando Muñoz Támara quienes encargaron buscar los puntos débiles de un ex socio para reclamarle una deuda. Para ello, Villarejo habría tratado de extorsionar a su abogado, un exjuez marbellí, con un vídeo suyo de contenido íntimo y sexual.

Villarejo y Sanz Roldán, cara a cara

No es la única cita judicial que espera al antiguo agente encubierto. A la vuelta de las fiestas navideñas, Villarejo se enfrentará al primero de los juicios que tiene por delante. En esta ocasión no es por el mencionado procedimiento que lo mantiene en prisión preventiva desde noviembre de 2017 y que instruye la Audiencia Nacional en una treintena de piezas. Será por la querella que le interpuso Félix Sanz Roldán cuando éste estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) después de que el comisario hoy jubilado asegurara en entrevistas periodísticas que el jefe de los espías españoles amenazó a Corinna Larsen para que guardara silencio por la información que conocía sobre Juan Carlos I.

Si no vuelve a aplazarse, la vista oral se celebrará el próximo 10 de enero en el Juzgado de lo Penal 8 de Madrid, que tres días antes realizará una videoconferencia en pruebas con Londres con vistas a la declaración como testigo de la ex amante del rey emérito. Esta testifical es a propuesta del antiguo agente encubierto, cuya defensa tiene en su poder la declaración jurada que la empresaria danesa hizo ante la notario de Londres Alisa Grafton el 9 de abril de 2019 en la que avala su versión. «He revisado una transcripción de esa entrevista [en alusión a la que ofreció a Jordi Évole, en La Sexta] y creo que las declaraciones de Villarejo son ciertas», dijo Larsen, según detalla el acta.

José Manuel Villarejo se enfrenta una petición de dos años de cárcel por supuestas calumnias y denuncia falsa contra Sanz Roldán, que en julio de 2019 abandonó la dirección del CNI y un año después fichó como asesor internacional de la Presidencia de Iberdrola.

Juicio al ‘Pequeño Nicolás’

Lleva mucho tiempo fuera del foco mediático pero el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el ‘Pequeño Nicolás’ y que apareció en portadas de periódicos por hacerse pasar por asesor del Gobierno y de la Casa Real, vuelve a escena.

Está previsto que los próximos días 19, 20 y 21 de enero arranque el juicio contra Gómez Iglesias por fingir dichos cargos en un viaje a Ribadeo en agosto 2014 para organizar una comida con el empresario Jorge Cosmen a la que acudió acompañado de dos policías en cuatro coches que parecían oficiales. Los dos agentes también están procesados. La Fiscalía pide para el joven siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

Reforma de la sede del PP

La Audiencia Nacional también ha fijado para principios de febrero (a partir del día 8) el juicio por la reforma de la sede central del Partido Popular de la céntrica calle Génova para despejar si se pagó con fondos de la caja irregular engrosada con pagos de empresarios que, según se investiga en el Juzgado Central de Instrucción 5, pudieron ser beneficiados con adjudicaciones públicas de administraciones en las que el partido gobernaba.

Está previsto que declaren como testigos los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, los ex secretarios generales María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, así como los ex ministros Ángel Acebes y Rodrigo Rato, entre otros.

Neurona y la campaña electoral de Podemos

Además de las citas judiciales, será un año clave para el progreso de otras investigaciones que están en curso y afectan a la primera línea política. Así, el juez madrileño Juan José Escalonilla continuará investigando si, como sospechan la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, Podemos pudo fingir que una consultora mexicana, Neurona Comunidad, realizó trabajos para la campaña electoral de 2019 que tuvieron un coste de 363.000 euros.

El magistrado, con el informe favorable del Ministerio Público, investiga las facturas presentadas por el administrador designado en España por la consultora para cobrar los presuntos trabajos. La investigación alrededor de las posibles irregularidades en los pagos de los trabajos de campaña arrancó a raíz de una denuncia más amplia presentada por el abogado expulsado del partido, José Manuel Calvente. La Justicia ya ha tumbado la denuncia por supuesto acoso laboral y sexual que la letrada Marta Flor Núñez había interpuesto contra aquél. No hay indicios de la perpetración de los delitos alegados, lo que confirma que fue una treta de Podemos para despedir a Calvente.

Las adjudicaciones de Aznar y Rajoy

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que asumirá la investigación sobre la presunta ‘caja B’ o financiación irregular del Partido Popular a nivel nacional a partir de la contabilidad paralela de su ex tesorero Luis Bárcenas (los denominados ‘papeles de Bárcenas’) ha dado luz verde para avanzar con la causa. Pedraz pasará en la segunda quincena de enero del Juzgado Central 1 -del que es titular- al Central 5 en sustitución de José de la Mata, tras ser designado éste representante de España en Eurojust (La Haya).

Pedraz ha accedido a que se investiguen, como solicitó la Policía, hasta 23 adjudicaciones que se realizaron desde distintos ministerios durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy para comprobar si, como sospechan los investigadores, se hicieron de manera irregular porque los empresarios a los que se asignaron habían hecho pagos al partido para financiarlo irregularmente previamente. Así se les habría premiado por las donaciones que Bárcenas y el anterior tesorero fallecido, Álvaro Lapuerta, registraron en sus agendas. La investigación trata de demostrar la relación entre las adjudicaciones y dichas donaciones.

El ‘caso Kitchen’, en la recta final

¿Existió una investigación «parapolicial», impulsada por la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Rajoy, para robar la documentación supuestamente comprometedora que custodiaba Luis Bárcenas sobre altos dirigentes del PP y que no llegara a la Justicia? Es la tesis que mantiene la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen, una de las piezas en que se ha desgajado el sumario del caso Villarejo.

La instrucción de este procedimiento se encuentra en su recta final y todo hace indicar que próximamente el juez dictará auto de transformación de las diligencias previas como paso previo al posterior enjuiciamiento de los hechos. De momento, la investigación ha acreditado que se utilizaron fondos reservados en este operativo –fundamentalmente para pagar al chófer de la familia Bárcenas Iglesias, captado por la Policía como confidente– pero no ha encontrado indicios incriminatorios contra Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP.

Sí han sido llamados al procedimiento en calidad de investigados el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que mantienen versiones divergentes y protagonizaron un tenso careo el pasado 13 de noviembre. Además de José Manuel Villarejo, el resto de imputados son antiguos mandos policiales, como el ex Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino; el anterior jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, y el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas.

Investigación a Juan Carlos I

También seguirán su curso las pesquisas alrededor de los movimientos económicos en el extranjero del rey emérito, la investigación más relevante y «delicada» a la que ha tenido que hacer frente la Fiscalía General del Estado, como reconocieron fuentes de la institución a este diario.

El equipo de fiscales del Tribunal Supremo, a los que se unió el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, tienen abiertas tres vías de investigación distintas que afectan directamente a Juan Carlos I: la relativa a la donación de 65 millones de dólares que recibió del rey saudí Abdul Aziz Al Saud para ver si se correspondió con una comisión por mediar en la adjudicación del contrato del AVE a la Meca a una unión de empresas españolas; una segunda que se abrió a raíz de recibir la Fiscalía información de «inteligencia financiera» y la relativa a los pagos de cientos de miles de euros de gastos del exjefe del Estado y miembros de su familia que habría hecho el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause a través del coronel ayudante de campo del emérito, Nicolás Murga.

Esta última línea de investigación, que llevó a la defensa del rey a presentar una regularización con Hacienda por el impuesto de donaciones para evitar que se le investigara por fraude fiscal, parece la más avanzada. Los pagos se realizaron, además, después de 2014, cuando Juan Carlos I ya no estaba protegido por la inviolabilidad como jefe de Estado puesto que había abdicado en su hijo.

El avance de las pesquisas de la Fiscalía determinarán si finalmente se presenta una querella o no contra el ex jefe del Estado y padre del rey Felipe VI ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ante la que está aforado y única que podría sentarle en el banquillo.

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